22 de enero de 2025

¿Bajaron o no los femicidios en 2024? A fines de diciembre, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se jactaron de una supuesta disminución «en más de un 10%» de «los asesinatos de mujeres», luego del desmantelamiento de toda institucionalidad y del desfinanciamiento de políticas a nivel nacional que apuntaban a prevenir la violencia por razones de género y asistir a sus víctimas. En su conferencia, Adorni evitó, deliberadamente, usar el término de femicidio. Y adjudicó el presunto logro «al gran trabajo de los ministros Patricia Bullrich y Cúneo Libarona. Detrás de esto está la tolerancia cero con los violentos que matan mujeres».

Hay varias cuestiones para decir al respecto. En primer lugar, un femicidio no se previene por perseguir a los femicidas. La víctima ya está muerta. Se llega tarde. Es una obviedad, pero parece que hay que aclararlo. 

En segundo lugar, recién cuando se conozcan las cifras del Registro de Femicidios de la Corte Suprema habrá estadísticas oficiales de referencia para hacer comparaciones. El organismo suele darlas a conocer en marzo. En 2023, contabilizó 250 víctimas directas de femicidio, es decir, un femicidio cada 35 horas.

El Registro de la Corte se creó en 2015, después de la multitudinaria marcha de Ni Una Menos, aquel histórico 3 de junio. Disponer de cifras oficiales de femicidios fue uno de los reclamos de la movilización. Hasta entonces solo había relevamientos de ONG, a partir de los casos publicados en los medios de comunicación. La Casa del Encuentro fue pionera en llevar esa dolorosa cuenta, desde 2008, como una forma de llamar la atención sobre la magnitud de la expresión más extrema de la violencia machista en la Argentina.

Aquel 2015, el relevamiento de La Casa del Encuentro alertaba sobre un femicidio cada 30 horas. Con los años, otras ONG crearon diferentes observatorios de femicidios para llevar la misma cuenta: siempre en base a las noticias de femicidios que aparecen en medios de comunicación. El Registro de la Corte tiene otra metodología: los cuenta a partir de las causas judiciales que ocurren en cada provincia y que involucran muertes de mujeres y mujeres trans y travestis: se aplica un protocolo especialmente desarrollado para tratar de detectar todos los casos.

El Observatorio de las violencias de género de la asociación civil Ahora Que Sí Nos Ven contabilizó, en 2024, un femicidio cada 33 horas, con un total de 267 víctimas. En 2023 habían registrado 317. Al difundir sus cifras hizo una aclaración importante: la baja en la cobertura mediática de femicidios, lo que podría causar un subregistro de casos. Esto podría tener varias causas, como el cierre de la agencia Télam y la eliminación de la figura de editoras de género en varios medios. También la reducción de la pauta publicitaria, que afectó principalmente a medios comunitarios. Otro dato relevante que aportó esta asociación: en 2024, 12 mujeres y diversidades fueron asesinadas en contextos de narcocriminalidad. Como ocurre en otros escenarios latinoamericanos, los cuerpos de mujeres son un botín de guerra o instrumentos para venganzas entre bandas narco. Este fenómeno, que suma complejidad al problema de los femicidios, comienza a aparecer en nuestro país y no tiene la visibilidad necesaria en los medios. Tampoco tienen repercusión mediática los suicidios instigados por parte de parejas o exparejas en contexto de violencia de género. «En diciembre y con una diferencia de pocos días entre sí, Belén Arce y Micaela Santander fueron víctimas de femicidio suicida en Santa Cruz», destacó el informe del Observatorio Ahora que Sí Nos Ven.

Apunto estos datos para mostrar que no es tan sencillo sostener que bajaron los femicidios y menos sin cifras oficiales. En realidad, la cantidad de femicidios en el país se mantiene más o menos estable año a año. Varía poco: uno cada 30, uno cada 33, uno cada 35, uno cada 37 horas. No son variaciones significativas. Hay un núcleo duro que no baja.

Seis a siete de cada 10 femicidios son cometidos por la pareja o la expareja de la víctima. Esa también es una constante: lo reflejan el Registro de la Corte Suprema y los de las ONG. La mayoría –más de la mitad– ocurre en la vivienda de la víctima. Menos de un 20 por ciento de las víctimas habían hecho la denuncia previamente por violencia de género y un porcentaje que ronda el 10 por ciento tenía medidas judiciales de protección.

¿Qué falla? ¿Qué falta? Hay provincias como Buenos Aires, con una institucionalidad fuerte con el Ministerio de Mujeres y Diversidades, que vienen desarrollando políticas con continuidad. Un eje clave es el programa Comunidades sin Violencia, que permitió que aumentara un 70 por ciento las áreas de género a nivel local para desarrollar políticas desde los municipios, con un financiamiento que da el Ministerio para el sostenimiento de los equipos profesionales. Esta política es central porque es lo que permite la respuesta del Estado más directa a nivel local, donde las mujeres acuden frente a situaciones de violencia de género. Además, la provincia creó un formulario único de denuncia, un trabajo articulado entre los ministerios de Mujeres y de Seguridad con el Poder Judicial, para unificar la recepción de denuncias y que se puedan remitir inmediatamente a la Justicia. La tercera instancia importante en territorio bonaerense es el programa de pulseras duales para los agresores denunciados, que se implementa dentro de un abordaje integral de las situaciones de violencia de género como medidas de prevención y de protección a mujeres y diversidades. El monitoreo de los agresores permite detectar cuando vulneran el límite impuesto en una medida de restricción de acercamiento y dar intervención a las fuerzas de seguridad y la Justicia.

Hace unos meses entrevisté a la abogada chilena Patsilí Toledo Vázquez, una de las voces más reconocidas de la región, para hablar sobre políticas contra la violencia de género y los femicidios. Ella es profesora asociada de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, e integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité Cedaw, por su sigla en inglés). Hablamos sobre las políticas que están faltando en la región, y comentó que otros países apuntan a la revisión de los casos de femicidio, para evaluar qué falló, qué no funcionó o qué es lo que podría haber evitado que ocurriera. Se lleva adelante entrevistando a organizaciones de la sociedad civil, familiares o conocidos de la víctima, instancias gubernamentales que debían intervenir. Este mecanismo se está aplicando en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Suecia, Portugal. Los modelos son muy distintos según el país, pero todos tienen más o menos en común identificar lecciones para intentar mejorar las respuestas. No hacer nada para prevenir los femicidios, la política que instauró el Gobierno de Javier Milei, definitivamente no es el camino para proteger a las mujeres.

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