16 de julio de 2023
Obra pública. El tendido que une la localidad neuquina de Tratayén con la bonaerense Salliqueló constituye un avance hacia la soberanía energética.
Foto: Télam
En el no tan lejano año 2016, durante la gestión macrista, se impulsó el sistema de Participación Público Privada (PPP) como alternativa a la inversión pública. Un mecanismo que, en términos generales, buscó poner al Estado al servicio del sector privado. Por eso, cuando se discutió la ley respectiva en el Congreso Nacional voté en contra y la denominé «Propuesta de Pérdida de Soberanía Nacional», ya que abría la posibilidad de resolución de litigios en tribunales extranjeros.
Esa vía, que ya demostró su fracaso en varios países europeos, forma parte del ideario neoliberal que los mismos dirigentes hoy en la oposición buscan legitimar en los próximos comicios.
No está de más rememorar cuáles fueron los criterios aplicados durante la gestión de Juntos por el Cambio. Por caso, recordar que luego del gigantesco endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional se encaró un fuerte ajuste en materia de infraestructura.
El entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, intentaba justificar las decisiones oficiales: «Nos duele tocar el presupuesto de la obra pública pero (…) necesitamos acelerar el camino hacia la convergencia fiscal».
Un ejemplo contrapuesto, a partir de la mirada estratégica del Estado en el sector energético, es el de la puesta en marcha del primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) el pasado 9 de Julio.
La obra constituye un significativo avance en materia de soberanía energética y resalta de modo contundente cuál es el modelo económico que Unión por la Patria buscará refrendar en las urnas.
El gasoducto no se pensó como un negocio particular, sino para abastecer gradualmente con gas nacional a la totalidad de la demanda argentina, reducir sensiblemente el costo de abastecimiento y ahorrar divisas, dada la menor necesidad de importaciones (y en poco tiempo, por nuevas exportaciones).
Superar clichés
Un motivo de orgullo es que parte del financiamiento de esta realización haya surgido del Aporte Solidario y Extraordinario, iniciativa que pude impulsar junto con Máximo Kirchner y el conjunto de legisladores del Frente de Todos. De los más de 250.000 millones de pesos recaudados por el aporte, un 25% se destinó a la producción y distribución de gas natural.
Hay que recordar que un 20% de lo obtenido fortaleció al sistema de salud, en medio de la pandemia. En este rubro los recursos representaron alrededor del 40% de lo invertido en la vacunación contra el covid durante 2021.
Además, de lo recaudado por el Aporte Solidario, un 20% se destinó a subsidios a las MiPyMEs; otro tanto fue para las becas Progresar; y un 15% se destinó al Fondo de Integración Socio Urbana y benefició a más de 55.000 familias de 279 barrios populares.
Volviendo al rumbo emprendido en el área energética, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el día de la inauguración de las obras del GPNK, aludió a la fuerte desinversión que padeció YPF al ser privatizada, un proceso al que llamó: «Política predatoria». Lo cual condujo a un desplome en las reservas y en la producción de hidrocarburos, pero no así en los dividendos remitidos a la casa matriz. En síntesis, de lo que se trata es de optar entre dos modelos de país. Uno que pone todo en manos del mercado y otro que busca administrar los recursos con un criterio de inclusión social y redistribución de los ingresos.
