22 de agosto de 2019
Luego de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se abre un escenario que tendrá su momento culminante –es de esperar– en las elecciones generales del 27 de octubre.
Desde el domingo 11 de agosto, luego de que la ciudadanía viviera una jornada democrática para definir sus preferencias, los diversos sectores de la sociedad argentina comienzan a posicionarse en función de las dos opciones posibles: o se inicia un proceso de transformaciones centrado en políticas públicas que apunten al desarrollo del mercado interno, el crecimiento económico y la inclusión social, o se continúa con el modelo de ajuste perpetuo en perjuicio de las grandes mayorías del pueblo argentino. No hay un tercer camino en disputa.
Pues bien, en este contexto es importante y necesario que el vasto sector de la economía social y solidaria, en particular el movimiento cooperativo, ponga en marcha un debate acerca del posicionamiento que debería adoptar en estas circunstancias históricas y cruciales.
Sin vulnerar el cuarto Principio de la Cooperación, «Autonomía e independencia», el cooperativismo no puede ser ajeno al compromiso cívico de ser un protagonista activo en el proceso de contribuir al mejoramiento continuo de su base societaria y de la comunidad en su conjunto. O sea, debe trabajar institucional y empresarialmente en función de la misión inaugurada por los Pioneros de Rochdale en 1844, y reafirmada por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en sus recientes declaraciones.
Uno de los compromisos ineludibles es la defensa irrestricta de la democracia, lo cual implica en primer término el respeto por la voluntad popular, especialmente cuando se expresa a través de las urnas.
Además, cabe recordar que tanto la ACI a nivel mundial como la Confederación Cooperativa de la República Argentina (entre otras organizaciones representativas de nuestro movimiento), han adherido a los Objetivos del Desarrollo Sostenible fijados por la ONU en la llamada Agenda 2030, el primero de los cuales establece «Poner fin a la pobreza».
En el ámbito de nuestro país, el protagonismo del movimiento cooperativo se debe expresar en acciones concretas y también con propuestas destinadas a incidir sobre los poderes públicos. Entre ellas y con vistas al día después de las elecciones, habría que impulsar entre otras iniciativas la reedición de la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas, un ámbito de articulación de políticas entre la instancia legislativa y nuestro sector.
Al respecto recordemos que dicha Red, conformada por senadores y diputados nacionales en un comienzo, y luego replicada en diversas legislaturas provinciales, fue creada en 2012, en el marco del Año Internacional de las Cooperativas dispuesto por las Naciones Unidas.
Otro desafío es lograr una mayor visibilidad de la existencia y las realizaciones de la economía social y solidaria, a través de medios de comunicación propios y de una eficaz incidencia en otras vías, tanto gráficas como audiovisuales, para llegar al conjunto de la sociedad.
En especial, para dar un poderoso impulso al proceso de integración cooperativa y mutual logrado en los dos últimos años, habrá que poner en marcha la convocatoria a un nuevo Congreso Argentino de las Cooperativas (CAC) a realizarse en el transcurso de 2020, con una metodología apropiada para recoger los aportes de todas las ramas del movimiento y elaborar las líneas estratégicas que orienten las acciones institucionales y empresariales durante un largo período.
Esto último es un mandato del CAC 2012 y es tiempo de avanzar en su puesta en marcha, para fortalecer la cohesión doctrinaria, incrementar la capacidad de incidencia política y, sobre todo, contribuir a la construcción de una sociedad con más democracia, solidaridad y justicia distributiva.
El nuevo escenario que, esperamos, se abra tras el acto electoral del 27 de octubre, nos exigirá tomar decisiones trascendentes y oportunas, basadas en los valores y principios de la cooperación.
