21 de octubre de 2022
En algunos de los países del mundo capitalista más financiarizado, como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, en la medida que se dejaba atrás el impacto sanitario de la pandemia, aparecía en los ámbitos laborales el fenómeno del renunciamiento masivo. Por ejemplo, en el estado de Nueva York cerca de 4.500.000 jóvenes trabajadores renunciaron a sus trabajos para intentar reubicarse en nuevas formas de vínculo laboral tecnológico y de servicios. Sin embargo, según los últimos datos oficiales disponibles, los varones de hasta 29 años fueron los que sufrieron una mayor baja en la tasa de empleo interanual, del 17%, seguido por las mujeres de esa misma franja etaria, con 11%. A su vez, la caída del empleo afectó en mayor medida a los y las trabajadores y trabajadoras de menores calificaciones. En nuestra región, en tanto, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el crecimiento económico registrado en 2021 fue insuficiente para recuperar el mercado laboral de América Latina y el Caribe, que dos años después de iniciada la crisis registra una situación de alta desocupación y la perspectiva de un aumento de la informalidad. En el mismo informe se señala que «una crisis del empleo demasiado larga es preocupante porque genera desaliento y frustración, lo que a su vez repercute sobre la estabilidad social y la gobernabilidad».
De los 49 millones de puestos de trabajo que se habían perdido en toda la región en el peor momento de la crisis por la pandemia registrado en el segundo trimestre de 2020, aún faltan por recuperar 4,5 millones. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, destaca que 2021 cerró con una desocupación regional del 9,6%. Si bien evidenció una mejora con respecto al índice de 2020, todavía refleja un retroceso frente al 8% de 2019, que en este caso se usa como referencia para medir el impacto pospandémico. La OIT alerta que el pronóstico de un crecimiento económico mucho más bajo en 2022, apenas por encima del 2%, es un indicio claro acerca de que a la región le costará más tiempo salir de la crisis causada por el COVID-19. Este mismo informe destaca que en América Latina y el Caribe la pandemia tuvo un impacto más severo por causa de las «comorbilidades sociales», entre ellas, «la informalidad y la desigualdad».
La tasa de desocupación juvenil continúa siendo preocupante en la región y se mantiene en niveles sin precedentes, alerta la OIT. Antes de la pandemia rondaba el 18% y ya era considerada demasiado elevada. Pero con esta crisis rápidamente superó el límite del 20% y aún no baja del 21,4%. El informe también destaca que, en el caso de las mujeres, la tasa de desocupación se mantiene elevada en un 12,4% desde 2020. Es decir, no ha experimentado ninguna mejoría en 2021, lo cual contribuye a amplificar el impacto de la crisis sobre la desigualdad de género en el trabajo. La OIT concluye que frente al escenario actual es imperativo «adoptar una agenda más amplia de políticas integrales y de gran alcance centrada en las personas y, en particular, en la creación de empleo formal». También debe tenerse presente en las acciones políticas de los Gobiernos de la región el desafío que plantean las transiciones digitales y la aceleración de tendencias provocadas por la pandemia, a efectos de que no se instalen procesos de precarización laboral. A propósito de las «modernizaciones forzadas», en nuestro país venimos observando una fuerte campaña publicitaria de grandes consultoras de empleo que difunden una consigna engañosa, enfocada en los jóvenes: la de «renunciar a todo trabajo que no se adapte a mi forma de vida», pretendiendo trasladar automáticamente a nuestro escenario laboral una perspectiva de flexibilidad laboral de hecho. Como lo señala la propuesta del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en nuestro país deben ponerse en marcha políticas públicas que pongan foco en un seguro universal de empleo y formación y que aborden la cuestión del trabajo no registrado en sentido contrario a la «igualación para abajo», tendiendo a la eliminación de todas formas de tercerización y precarización laboral, así como iniciativas que apunten a la planificación y orientación de la oferta y demanda laboral en función del modelo de país que proponemos.
