El dilema de la Corte

23 de diciembre de 2022

La Corte Suprema de Justicia viene fallando sistemáticamente en la misma dirección. En este caso los medios de comunicación ya venían anticipando el nuevo fallo, así que no resultó sorpresivo. Sin embargo, vale la pena profundizar en los argumentos.
El Tribunal dice que su decisión en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no va en detrimento de las provincias, porque no se toca la coparticipación federal. Lo cual es una verdad formal que encierra una mentira absoluta. El Presupuesto Nacional tiene una parte que se coparticipa y otra que maneja la Nación, y lo que hace es invertirlo en todos los distritos del país. Por eso hay una falacia en el argumento de la Corte. Si se le sacan a la Nación recursos de la parte no coparticipable, se está afectando a todas las provincias. Porque con esos recursos no coparticipables, por citar solo algunos destinos, la Nación lleva adelante las obras públicas en las provincias, el apoyo a las universidades y el subsidio para el transporte de pasajeros del interior.
Y lo que es más importante: el mayor porcentaje del gasto público nacional se destina a la seguridad social y los distintos planes de asistencia a ciudadanos y ciudadanas que viven en todo el territorio del país.
El Presupuesto 2023, aprobado hace muy poco en el Congreso Nacional, se vería entonces limitado, ya que no contempla la partida de 180.000 millones de pesos que la Corte Suprema ordena traspasarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Esa transferencia sería en detrimento de quién? Habría que recortar partidas que reciben el resto de las provincias y por eso su reacción.
Ese es el motivo por el cual el Gobierno Nacional pide «una revocatoria in extremis de la resolución cautelar dictada», que no se puede cumplir sin afectar lo que establece la ley de Presupuesto, y recusa a los miembros de la Corte Suprema.
Está claro que estamos ante un conflicto de poderes. Pero también está claro que no se deben aceptar cosas que van desnaturalizando los objetivos de las políticas públicas, adoptadas por mandato popular.
Pedirle al Gobierno Nacional que apruebe leyes de acuerdo a la filosofía de quienes hoy pueden tener una mayoría accidental por una elección de medio término no es correcto, porque su mandato llega hasta fines de 2023.