27 de diciembre de 2019
En el contexto de la aguda crisis económica, fruto de la aplicación indiscriminada de políticas de ajuste y achicamiento del Estado, el cooperativismo se vuelve, nuevamente, un actor clave para fomentar la inclusión social a través del trabajo decente. En este sentido, uno de los fenómenos más auspiciosos es el de las denominadas cooperativas sociales (CS). Estas organizaciones tienen dos misiones centrales. Por un lado, como toda entidad solidaria, la de producir bienes y servicios. Pero, fundamentalmente, deben tener como objetivo principal el interés general, concretamente, el de fomentar el acceso a derechos a colectivos vulnerados y con severas dificultades para insertarse en un sistema socioeconómico que exacerba el individualismo y genera alarmantes niveles de exclusión: personas con discapacidades, con consumos problemáticos, en situación de calle, migrantes, que están o han estado en contextos de encierro y de sectores de la comunidad que son discriminados por razones de etnia o género.
Según el documento «Bases y propuestas para un Plan Nacional de Desarrollo de Cooperativas Sociales», emitido recientemente por la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), en estos últimos años las CS han mostrado un desarrollo creciente en nuestro país. «Existen experiencias de cooperativas sociales que hoy resuelven positivamente necesidades del sistema sociosanitario público y privado», afirma el escrito, presentado en un importante foro sobre la temática realizado en la sede de COOPERAR, que contó con la participación de representantes de Fecootra, Faess, Fedecaba, la Universidad Nacional de Quilmes (unqui), la Federación de Cooperativas para la Inclusión Social y Laboral, IUCOOP, Cáritas Argentina, la Red de Cooperativas Sociales, Conarcoop y la CNCT, entre otros.
Es importante señalar que las CS no buscan reemplazar la función indelegable del Estado como garante de derechos sino ser aliadas estratégicas de los organismos públicos en la resolución de problemáticas sociales complejas y a menudo desatendidas. Si bien no existe una legislación específica para el sector, un avance que se ha dado en este sentido son resoluciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social mediante las cuales se simplifican algunos pasos administrativos necesarios para la conformación o formalización de CS, evitando que la burocracia diluya los proyectos productivos. Sin embargo, es preciso continuar avanzando en la implementación concreta de estas resoluciones e incluso hay quienes plantean la necesidad de crear una ley especial, algo que ya ocurre, por ejemplo, en Italia, donde las CS tienen una trayectoria de más de 40 años.
En la Argentina el cooperativismo social también tiene un recorrido destacable, con experiencias como las de La Huella, fábrica de muebles conformada por pacientes del Hospital Borda; K-Brones, empresa textil conformada por personas que han estado privadas de su libertad; o Communitas, dedicada a generar oportunidades laborales para personas con adicciones. Los beneficios para los asociados a CS no son solo económicos. Según un estudio de la UNQUI, «mejoran la salud, dan contención emocional, facilitan la integración familiar. No solamente representan un modo de inclusión laboral o de generación de ingresos».
Desde sus orígenes, el movimiento cooperativo ha sabido responder a diversas necesidades de la sociedad a través de la conformación de entidades que, por su naturaleza, fomentan la democracia y la gestión colectiva. Este rasgo adquiere, a través de las CS, una nueva dimensión y propone un desafío tanto para las organizaciones del sector solidario como para el Estado: la urgencia de articular acciones conjuntas para el abordaje de problemáticas que tienen marcada influencia en el bienestar de la comunidad en su conjunto.
K-Brones. Brinda acceso al trabajo a personas que estuvieron privadas de su libertad. (Kala Moreno Parra)
