25 de julio de 2019
Considerar el problema del elevado endeudamiento que generó el Gobierno de Mauricio Macri, nos lleva a pensar en dos cuestiones principales. Por un lado, la fuerte dependencia que genera a futuro, por los condicionamientos, por el monto a pagar y por la volatilidad que impone a la mayoría de las variables económicas del país. En este proceso, la amarga frutilla del postre fue el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que reforzó, más formalmente, la dependencia.
Por otro lado, cabe analizar el proceso de endeudamiento conjuntamente con la denominada «fuga de capitales» o formación neta de activos externos del sector privado, como se la denomina técnicamente. Desde el inicio del Gobierno macrista, esa fuga de capitales llegó a 70.800 millones de dólares, mucho más que los 57.500 millones de dólares solicitados al FMI. Consecuencias claras de la política de liberar de un plumazo y sin restricciones la entrada y salida de capitales.
Todos los indicadores de deuda pública externa muestran que se ha duplicado durante el mandato de Macri. Según datos del FMI, creció cerca de 90.000 millones de dólares en el período. Se repite, así, el círculo entre fuga y deuda, idéntico al que se produjo durante la última dictadura cívico-militar y durante la convertibilidad menemista.
Ratificando la avidez del Gobierno por la deuda, según un reciente informe de la Cepal, Argentina ocupa el primer puesto en la lista de países más endeudados de la región. Si lo medimos con los datos de fin de año, la deuda pública externa alcanza un coeficiente del 86,2% del PIB (Producto Interno Bruto). No sólo ocupa el primer lugar en la región, sino que fue el país que, por lejos, más incrementó su deuda en 2018 en términos de PIB.
Las responsabilidades del Gobierno son evidentes. Por caso, cuando a principios de 2018 se endeudó en forma adelantada por 9.000 millones de dólares, ya estaba dando una pauta de que existía una alta probabilidad de aumento de las tasas de referencia de la FED y de retirada de fondos externos que entraron para especular. Si bien luego se hizo referencia a «la tormenta inesperada» , se conocían con anticipación las dificultades que enfrentaría Argentina. Sin embargo, se la siguió endeudando en el exterior con altas tasas.
Meses más tarde, con el acceso a los mercados privados cerrado, el Gobierno no dudó en acudir al FMI. Se aprovechó así para obtener una ratificación del citado organismo del modelo que vino aplicando el presidente Macri. Un apoyo político en medio de la inestabilidad macroeconómica argentina, consecuencia directa de las propias políticas aplicadas por el Gobierno.
Como era de esperar, el programa del FMI llegó con grandes exigencias. Entre otras, se determinó que en 2019 se debe llegar a un déficit fiscal primario cero, lo que significó, en principio, un ajuste de 3 puntos del PIB en un solo año. En la última revisión, este objetivo se flexibilizó, permitiéndose un déficit del 0,3% del PIB, sin cambiar la esencia del ajuste.
La estructura de pagos y cobros respecto al financiamiento del Fondo es llamativa: el 88% se desembolsa antes de la finalización del mandato macrista, quedándole al próximo Gobierno solo el 12% a entregarse en 7 cuotas trimestrales. Los pagos proyectados fueron pactados a cortísimo plazo, y se concentran en el 2022 y 2023 por 20.000 y 24.000 millones de dólares respectivamente. Son valores que una economía como la Argentina no puede soportar, de allí que queda claro que han sido convenidos para tener, necesariamente, que repactarlos, lo que implicará mayores herramientas por parte del FMI para presionar por mayores condicionalidades. De hecho, una de las salidas que proponen los economistas del establishment es acceder a un «préstamo de facilidades extendidas» que se cancela en el largo plazo, pero que suele exigir el cumplimiento de reformas estructurales, principalmente la flexibilización laboral y la reforma privatizadora del sistema previsional.
La evaluación del FMI sobre la deuda pública argentina puede ser un buen cierre para esta columna. Si bien el organismo sigue desembolsando los préstamos, en la última revisión sostuvo que «en el mediano plazo, la sostenibilidad de la deuda continúa siendo altamente vulnerable a los shocks, particularmente a inesperados crecimientos negativos (del PIB)». Con su especial manejo del lenguaje, el FMI viene sosteniendo, desde la primera revisión, que «la deuda argentina es evaluada como sustentable, pero no con una alta probabilidad». A confesión de parte, relevo de pruebas.
Por eso, más allá de cualquier consideración técnica, si algo se destaca es que el programa tiene una clara intencionalidad política. Es precisamente en ese terreno donde debemos rechazarlo.
(AFP/Dachary)
