8 de febrero de 2018
El gobierno nacional mantiene latente la creación de la Cobertura de Salud Universal (CUS), dispuesta por decreto en 2016 y relanzada en octubre del año pasado. La iniciativa tiene su historia: el gobierno anterior votó a favor de esta reforma en la asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2005 y la apoyó también en 2012, en la asamblea de la ONU, aunque no la instrumentó ni la sometió a debate.
Llaman la atención algunos aspectos del proyecto actual:
1) Se lanza sin consenso mientras se plantea que su implementación total requiere diez años, es decir, atravesaría varios gobiernos.
2) Se toman fondos de la APE (Administración de Programas Especiales) para su financiamiento, con acuerdo de la CGT. En total son 8.500 millones de pesos que representan, en un universo de 15 millones de probables beneficiarios, menos de 50 pesos por persona por mes.
3) El Ministerio de Salud ha sido señalado por no proveer en tiempo y forma medicamentos de alto costo para pacientes oncológicos y con VIH y el propio gobierno ha reconocido su ineficiencia, a tal punto que debió renunciar el ministro Jorge Lemus. Además, son notables las dificultades de gestión del PAMI y el cierre del plan REMEDIAR.
4) Esta cobertura se complementaría con un proyecto de ley ingresado en el Senado en 2016 que busca crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud (AGNET). Esta tendría como objetivo «la realización de estudios y evaluaciones de los medicamentos, equipos e instrumentos técnicos, procedimientos clínicos y quirúrgicos y los modelos organizativos y sistemas de apoyo con el fin de determinar la oportunidad y modo de su incorporación, uso o exclusión del Plan Médico Obligatorio». Este proyecto deberá presentarse nuevamente en 2018 para un nuevo debate en comisiones.
5) La CUS está en banco de pruebas en la localidad de Guaymallén, Mendoza, y no se prevé hasta ahora su lanzamiento nacional.
En resumen, sin debate, sin financiamiento, sin la AGNET y sin cuadros sanitarios de peso en el Ministerio de Salud, se instala un proyecto que responde a la receta del Banco Mundial, autor de la desregulación del sistema de salud en la década del 90. La pregunta de fondo es: ¿sirve este proyecto para mejorar la salud de los argentinos? Creemos que no.
El proyecto no pone en el eje al Estado y a los hospitales públicos. Por el contrario, incorpora a las obras sociales y al sector privado a las prestaciones. Y ya sabemos lo que pasa cuando la salud se pone en manos del mercado. Plantea una canasta de prestaciones básicas y luego instala coseguros para las prácticas. No resuelve el costo abismal de los medicamentos y no cubre las prestaciones de alta complejidad de manera gratuita. Asimismo, el proyecto dispone dar un carnet a las personas sin cobertura. Pero, en realidad, la salud es un derecho reconocido por la Constitución Nacional, por lo tanto, no haría falta otra identificación que el DNI.
Todo esto se da mientras los argentinos gastan el 10% de su PBI en salud (la mayor parte pagado de su bolsillo), sin una Ley Nacional de Salud, con el 30% de la población sin acceso a una cobertura adecuada e indicadores sanitarios que no se corresponden con semejante gasto
Un verdadero sistema público de salud, como tienen Inglaterra, Francia y Canadá (pese a los defectos de estos sistemas), es el ejemplo a seguir. Por el contrario, en los países donde se ha implementado el Sistema Integrado, como Colombia, Perú o México, ha aumentado el gasto en salud, el aporte de bolsillo de los ciudadanos y la judicialización del sistema.
Argentina merece un verdadero sistema de salud de base pública y con control del Estado. Con laboratorios nacionales que produzcan medicamentos de bajo costo, ya que según datos de la Confederación Farmacéutica Argentina, el nuestro es uno de los países con mayor consumo de medicamentos por habitante del mundo, solo superado por Francia y España.
La salud es un derecho reconocido en nuestro país. Hace falta un gran debate para que, tras largos años de democracia, la salud deje de ser una deuda interna.
