1 de enero de 2023

El Poder Ejecutivo señaló que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aumenta los fondos de coparticipación en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no se puede cumplir, es una cuestión ilegítima, arbitraria e injusta. Y obligaría a incumplir con la Ley de Presupuesto. Si ahora hubiera que reasignar partidas, es el Parlamento el único que lo puede decidir.
Por eso llamaría a sesiones extraordinarias del Congreso con un proyecto de modificación presupuestaria incluido en el temario. Lo cual apuntaría no a una redistribución de partidas para sacarle a alguien, sino a generar ingresos que hoy el Estado nacional no tiene.
Hay que reiterar que es una falacia decir que para aumentar los recursos a la Ciudad no se va a afectar a las provincias. No hay forma de que la Nación gaste si no lo hace en las provincias y en la propia CABA.
Del total de ingresos que el país tiene, una parte importante son los recursos coparticipables, como establece la ley. El resto, que es lo que maneja la Nación, se invierte en todo el territorio nacional. No hay una situación extraterritorial. 
Lo que se destina a seguridad social va a ciudadanos que viven en todo el país. Lo mismo ocurre con la salud, la educación o las obras públicas, ya sea una carretera, un gasoducto, un barrio, etcétera.
Según los trascendidos, el Gobierno propondría en Extraordinarias una serie de cambios en el Presupuesto. Por ejemplo en el impuesto al juego, respecto del gravamen a las Leliq (Letras de liquidez) o en el impuesto a las Ganancias de quienes trabajan en el sistema judicial, entre otras alternativas para generar ingresos que permitan hacer las transferencias a la CABA dispuestas por la Corte, en caso de que no prosperen las acciones legales que lleva adelante el Poder Ejecutivo.
En tanto, el Gobierno ofreció un bono que quedó como saldo de lo utilizado para cerrar un litigio con la provincia de Santa Fe y lo puso a disposición para cubrir 90 días que es lo estimado para la aprobación de lo que se proponga en Extraordinarias.
Todo dependerá de la voluntad política que haya para darle agilidad al proyecto gubernamental. Recordemos que terminamos el año sin poder sesionar en la Cámara de Diputados porque la oposición no dio quórum.
Hay que destacar, por otra parte, que en medio de esta situación institucional se vio algo sin precedentes y que no tuvo mucha repercusión. Se trata de la declaración emitida por la AmCham (la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina). Esa entidad, que agrupa a las empresas norteamericanas que operan en el país, dice que la decisión del Poder Ejecutivo «supone un quiebre institucional del sistema republicano». Agrega que argumentar que el fallo es de imposible cumplimiento «vulnera la división de poderes de nuestro sistema republicano».
Detrás de este comunicado salieron en catarata y con términos similares la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Foro de la Convergencia, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Confederación de Asociaciones Rurales (CARBAP), entre otras organizaciones.
Es gravísimo que una cámara que representa intereses de empresas de otro país opine sobre la división de poderes, la vigencia de la Constitución y los riesgos institucionales de la Argentina. Y le suma gravedad el alineamiento con el que actuaron las otras entidades.

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