Opinión | A fondo

Crisis judicial

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La reciente controversia motivada por la actuación del juez de la Corte Suprema Carlos Fayt marca cuestiones relevantes sobre el rol del Poder Judicial en la actual coyuntura. En primer lugar, expone una crisis de la Corte que se extiende al conjunto de uno de los tres poderes del Estado. Durante el menemismo, nuestro país soportó a un tribunal superior que se ganó la definición de Corte de los milagros y, además de las sospechas de corrupción, ineficiencia y falta de nivel jurídico, fue una expresión de esa época y funcional al proyecto del menemismo. Tiempos de entrega del patrimonio público, de desarticulación del Estado, de alineamiento incondicional con Estados Unidos. En suma, de todo lo que implicó el triunfo político, económico y cultural del neoliberalismo. La inesperada llegada del kirchnerismo significó un cambio político copernicano, inaugurando una nueva etapa histórica, de la que emergió una Corte Suprema respetable en términos jurídicos y éticos, de capacidad profesional, y con multiplicidad de orígenes ideológicos. De modo que ese poder estatal se amalgamaba a un proceso de cambios y transformaciones integrales en la Argentina.
En los últimos tiempos fue creciendo la confrontación política en todos los planos entre el establishment y el Gobierno nacional. En esa disputa el sector más conservador del Poder Judicial se fue integrando a los núcleos económicos y políticos que se proponen derrotar al kirchnerismo. La derecha autóctona no tolera el posicionamiento internacional de la Argentina, su compromiso con los procesos de cambios y transformaciones en nuestro continente, la ruptura de la alianza estratégica con Estados Unidos. Complementariamente, rechaza el crecimiento del rol del Estado como agente activo del desarrollo, las regulaciones a las grandes corporaciones y cualquier iniciativa tendiente a regular las ganancias empresarias. En tal escenario crece la confrontación entre un Poder Ejecutivo, que sustenta firmes convicciones políticas decidido a ejercer en plenitud el poder y una Corte Suprema que se fue deslizando hacia la estrategia de los grupos económicos y mediáticos concentrados.
En ese marco, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual representó un punto de inflexión. El Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, en forma mayoritaria, promulgaron la normativa de forma democrática, pero a 5 años de la sanción, continúa sin ser aplicada en forma completa debido a las recusaciones judiciales. Las leyes de la denominada democratización de la Justicia fueron otro punto de notoria confrontación. La iniciativa del Poder Ejecutivo fue votada por el Congreso y rechazada por la Corte, avasallando a los otros poderes legítimos. La negativa a democratizar un sistema judicial anacrónico es tan pertinaz que las únicas dos leyes que aceptaron, no se aplican: las referidas a concursos públicos y a la difusión de los procesos judiciales por Internet.
Este panorama crítico se fue agudizando en los últimos meses. La jubilación del juez Raúl Eugenio Zaffaroni se transformó en un acto ético y político, que contrasta visiblemente con la conducta de Fayt. El prestigioso jurista tomó como pauta la legislación según la cual la edad jubilatoria de un juez se fijó en 75 años. Y coherentemente la acata. Fayt, en cambio, se ampara en un acuerdo por el cual se elude el límite de edad. Otro hecho importante fue la re-reelección de Ricardo Lorenzetti como presidente del máximo tribunal, resuelta con un juez ausente, todo lo cual desnuda conductas sinuosas del presidente de la Corte, quien propugnaba como eje central de su actuación la institucionalidad y la moral republicana. Otra expresión de la crisis es la fractura orgánica que se manifiesta en una áspera polémica y disputa protagonizada por juristas, jueces y otras personalidades que confrontan con el centro de poder conservador tradicional, que inficiona a los distintos estratos del sistema judicial. Así es que un número respetable de juristas nucleados en Justicia Legítima, cuestionan desde una perspectiva histórica e ideológica, el carácter hereditario, autoritario y conservador que ha tenido este poder, como aliado de los sectores económicos dominantes y de los núcleos culturales e ideológicos oscurantistas.