29 de enero de 2023

Bancas vacías. La ausencia de quorum impide el tratamiento de leyes trascendentes.

Foto: NA

Estamos enfrentando una situación de virtual parálisis del Congreso Nacional por la negativa de Juntos por el Cambio (JxC) a tratar el orden del día que el Poder Ejecutivo envió para las sesiones extraordinarias a partir de una situación que bien puede calificarse como chantaje político. En función de su desacuerdo con el desarrollo del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia dicha bancada plantea no tratar ninguna otra cuestión hasta que ese tema sea eliminado del orden del día.
Realmente es una actitud profundamente antidemocrática y, además, deja sin considerar temas de gran trascendencia para la ciudadanía. Los dirigentes de JxC suelen decir que hay que tratar los temas que le interesan a la gente. Entre los 28 proyectos planteados por el Ejecutivo para las sesiones extraordinarias hay muchos, yo diría la gran mayoría, que le importan a la gente.
¿Quién puede decir que no le importa a la gente el plan de pagos de deuda previsional que permitiría que 800.000 personas aproximadamente, que no tienen todos los aportes jubilatorios pero están en edad de jubilarse, puedan regularizar su situación? ¿Quién podría decir que no le interesa a la gente la creación de universidad nacionales, tal como está aprobada en las comisiones pertinentes aunque falta el tratamiento en el recinto? ¿Quién podría decir que los proyectos presentados vinculados con la salud no le importan a la gente?
Hay cuestiones clave que tienen que ver con aspectos críticos del cuidado de la población, entre ellos, un proyecto de ley vinculado con la utilización de sangre humana, otro sobre el acompañamiento de personas con síndrome de Down y un programa de digitalización e informatización de historias clínicas. Es decir, son cuestiones que le mejorarían directamente las condiciones de vida a muchísima gente.
Y hay otros proyectos de carácter estratégico, como el Régimen de Fomento de Desarrollo Agroindustrial Federal, y una iniciativa que se incorporó por pedido de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que es un proyecto que crea el «Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes», la llamada «Ley Lucio». Son todas cuestiones que requieren tratamiento parlamentario y que la negativa funcional de JxC a dar quorum impide que se avance.
El argumento de la negativa al juicio político esgrimida por JxC desconoce que el mismo es una herramienta parlamentaria prevista en la Constitución Nacional sobre la que existe una amplísima jurisprudencia.
Además, que exista una Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, que tiene un reglamento específico, marca que es un mecanismo totalmente legal y constitucional. En la propia Constitución Nacional se establece quiénes pueden ser alcanzados por un juicio político, y entre ellos están los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se puede estar de acuerdo o no en este caso, pero para eso se reúne la Comisión, y hay un procedimiento establecido, y un debate al que se va a invitar a testigos de distintos ámbitos para prestar declaración.
Si nos guiamos por los debates desarrollados en comisiones cuando algunos de estos proyectos se trataron hay una clara oposición a concretar estas iniciativas que benefician a la sociedad. Por ejemplo, cuando se trató la creación de universidades, la mayoría de los integrantes de JxC estuvo en contra. Se llegó a decir en la Comisión de Presupuesto que no hacían falta más universidades porque había una gran deserción en la escuela secundaria y que era un gasto innecesario.
Cuando discutimos el proyecto de plan de pagos previsional estuvieron abiertamente en contra, argumentando que era un aumento del gasto público y que, en definitiva, la sociedad no tenía por qué hacerse cargo en su conjunto de los incumplimientos de algunas personas.
Por eso creo que además del chantaje por el juicio político hay una intención de impedir que estos proyectos se conviertan en leyes. El Parlamento debe deliberar, si no se delibera se genera un vaciamiento institucional, que es sin dudas antidemocrático.

Compartir