17 de septiembre de 2023
Medida imprescindible. La devolución de IVA para la compra de productos de la canasta básica beneficia a más de 18 millones de personas.
Foto: NA
Bajar impuestos para aliviar la «pesada» carga tributaria ha sido y es una permanente propuesta de los sectores neo o ultraliberales. Sin embargo, esos mismos dirigentes opositores parecen haber cambiado de opinión tras los anuncios sobre Ganancias e IVA formulados por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.
En ese sentido, aunque argumentan que las modificaciones en materia de gravámenes deben formar parte de una reforma impositiva integral, lo que parece prevalecer es el cálculo político.
Tal es la impresión que surge cuando representantes de Juntos por el Cambio rehusan acompañar la iniciativa oficialista, que apunta a mejorar la situación de gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos.
La contradicción es más evidente si se tiene en cuenta que desde el mismo flanco se presentaron en los últimos tiempos más de 30 proyectos en los que se promueven cambios en el Impuesto a las Ganancias.
Lo cierto es que el Gobierno elevó a partir del 1° de octubre, mediante el decreto 473/23, el piso de ese tributo hasta 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), es decir, 1.770.000 de pesos, para las personas en relación de dependencia y jubilados y jubiladas. La mejora del poder adquisitivo para los sujetos alcanzados será del 21%, puntualizó Massa.
El Poder Ejecutivo envió además un proyecto al Congreso Nacional por el cual se crea un régimen simplificado cedular dentro del Impuesto a las Ganancias, que alcanza a los ingresos percibidos por el trabajo en relación de dependencia y de jubilaciones por encima de los 15 salarios mínimos, vitales y móviles mensuales o 180 anuales.
La escala progresiva se aplicará a partir de los 180 SMVM (un nuevo mínimo no imponible), y con una escala progresiva del 27% al 35%. De esta forma solo pagarán el impuesto 88.000 contribuyentes, menos del 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones.
El impacto fiscal de la reforma se estima en 0,28% del PIB, aunque parte será compensada por una mayor recaudación por incremento en el consumo y otras modificaciones impositivas. Se buscará, en ese contexto, que el equilibrio en las cuentas públicas se logre sin recorte del gasto y con una mayor progresividad. Esto es, cobrándole proporcionalmente más a aquellos que más tienen.
En este sentido, se ha anticipado que el proyecto de Presupuesto 2024 incluiría como propuesta un impuesto mínimo (aplicado ya en muchos países y avalado por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) del 15% sobre las ganancias de grupos empresarios locales y multinacionales que hoy tienen una tasa efectiva de pago del impuesto sobre las rentas inferior a dicho porcentaje.
Este gravamen generaría un recurso superior a lo que se dejaría de percibir por la reducción del mismo impuesto sobre los asalariados y jubilados.
Para el bolsillo familiar
De mayor alcance es el anuncio sobre devolución del IVA (21%) para la compra con tarjetas de débito de los productos de la canasta básica, realizadas por aquellas personas que ganen hasta 708.000 pesos mensuales. Se extiende así el reintegro que hasta ahora perciben quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los jubilados y jubiladas de la mínima, con un tope mensual de 4.056 pesos.
Con la nueva disposición el límite se incrementa a 18.800 pesos y, además, se amplía el universo a más de 18 millones de personas: 7 millones de jubiladas y jubilados, 9 millones de trabajadoras y trabajadores, cerca de 2,7 millones de monotributistas y 440.000 trabajadoras y trabajadores de casas particulares. Al justificar las medidas, Massa reconoció la necesidad de paliar «esa lastimadura que representa en el bolsillo de cada familia argentina el impacto de la inflación por la devaluación impuesta por el FMI». Profundizar esa línea, sin caer en la supuesta solución del ajuste y el achicamiento estatal, es la vía que garantizará una distribución progresiva del ingreso junto al cuidado del mercado interno, bases para impulsar la actividad y la creación de empleos de calidad.
