11 de enero de 2022

Diego Pietrafesa

En medio de la criminalización de la protesta social, el líder de centroizquierda Gustavo Petro se erige como una alternativa para dejar atrás al modelo neoliberal.

Una ola roja baña la tierra del café, roja de izquierda y roja de sangre. La conmoción social que vivió Colombia en 2021 a través de sus protestas callejeras derivó en un hecho inesperado para muchos: surge la posibilidad real y concreta de que se rompa la hegemonía que durante 80 años ostentó la derecha en sus variantes más extremas y de centro. Y lo hace luego de que las fuerzas de seguridad reprimieran a líderes comunitarios y políticos y a miles de manifestantes con una violencia y una impunidad tal que el concepto «terrorismo de Estado» se instala para socavar la democracia. La gestión del presidente Iván Duque, emblema del modelo neoliberal y muy bien visto por las élites locales y por los inquilinos de la Casa Blanca, colapsa sin siquiera exhibir las bondades macroeconómicas con las que siempre se publicita «el modelo».
«Víctor Jara y Allende volvieron a mi memoria, recordé los tiempos cuando el golpe en Chile me mostró la brutalidad con que destruían el sueño del cambio y la justicia social. Anoche salieron las multitudes en Chile. Ahora nos toca ¡Colombia!», sentenció Gustavo Petro apenas se conoció que Gustavo Boric era el hombre que entraría en el Palacio de la Moneda. Petro, hoy senador nacional, exintegrante de la Alianza M-19 (agrupación política creada tras el desarme del movimiento guerrillero del mismo nombre), alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015 y dos veces ya candidato a presidente, es nuevamente postulante y lidera todos los sondeos de cara a los comicios del 29 de mayo. Y refiere al espejo chileno como camino a esa jefatura de Estado que se le negó en 2018 por 12 puntos de diferencia en la segunda vuelta. Por eso llama a un amplio «encuentro» que acompañe «un cambio de era en América Latina en muchos sentidos».
El representante del espacio Pacto Histórico no duda al definir el eje de su propuesta: la justicia social. Para ello, asegura que esa transformación debe ser «financiada por un aparato productivo poderoso en manos de la ciudadanía, no queremos una economía raquítica extractivista; las exportaciones de combustibles fósiles, que generan una enorme desigualdad y baja productividad, han llegado a su final». Agregó que apostaría a un modelo «basado en la producción, el trabajo y el conocimiento, la industrialización y su condición indispensable, la modernización y democratización agraria». Este último concepto agitó el fantasma de la expropiación de tierras. Petro lo desmintió, pero prometió altos impuestos a los campos improductivos, que hoy representan el 80% de la tierra fértil de todo el país y que, según el candidato, pertenecen a solo 3.000 familias.
El propio postulante reconoce que está en inmejorables condiciones de hacer historia, se pone como objetivo «ganar en primera vuelta, sin caer en soberbias» y habla de reducir «los miedos innecesarios» que se han levantado alrededor de su candidatura. No le será fácil. La derecha sigue con la fórmula de «ponerle Venezuela a todo» y el expresidente Álvaro Uribe es el principal exponente de esa receta. Había dicho de Petro que es «tan mal administrador como (Nicolás) Maduro y tan buen orador como (Hugo) Chávez». Lo describió como enfermo de un «odio comunista», pidió combatir la llegada del «socialismo del siglo XXI» y, ya con menos estilo, le espetó: «vago, enredador y fantoche».

Viejas recetas
Pudo haber funcionado hace tres años. Y por eso (entre otras cosas) Duque fue presidente. Ahora los miedos no vienen envueltos en ningún trapo rojo, sino que izan banderas de desigualdad y muerte. Colombia es un país que pasó del 35,7% al 42,5% de pobreza en los últimos dos años, incorporando a los subsuelos de la vida a unos tres millones y medio de compatriotas. La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, había calculado que un niño pobre que juega al futbol con la camiseta del Pibe Valderrama por los empedrados de Santa Marta necesitaría ¡330 años!, unas once generaciones, en recuperar niveles sociales dignos. Y fueron los más excluidos los que, junto con la clase media, cargaron con el peso de las reformas de Duque para que «cerraran las cuentas». Había prometido al asumir «menos impuestos y más salarios» pero su gestión traicionó esa consigna y por eso la furia popular estalló en las calles.
El balance de esas jornadas arrojo más de 70 víctimas fatales, derivó en incontables atropellos a los derechos humanos (incluyendo desapariciones y abusos sexuales) y propició la actuación urbana de grupos parapoliciales. Más: varias ONG denuncian una «caza de brujas» contra los actores principales de esas revueltas, más de 2.000 terminaron presos incluso a meses de concluido el llamado «Paro Nacional». A ello se suman las matanzas de líderes sociales. Según Indepaz, 171 líderes fueron asesinados durante el 2021, y 1.286 desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC.
El Gobierno lo hace repitiendo viejas fórmulas, con apelaciones a «terroristas que deben ser tratados con tácticas de guerra». Para legitimar el aparato represivo, el Congreso sancionó una ley bautizada como de «Seguridad Ciudadana» que criminaliza la protesta, ampara crímenes de escuadrones armados y legitima la justicia por mano propia. En Colombia, las urnas aparecen como un arma de esperanza contra el oscuro presente y el más negro porvenir.