28 de agosto de 2014
De acuerdo con el último censo nacional, el déficit habitacional de la provincia de Córdoba llega casi al 50%. Como contrapartida, el mismo relevamiento muestra que la población en los asentamientos marginales se incrementó 62% desde 2001. En la capital provincial se relevaron en 2013, 132 asentamientos irregulares (con 21.300 familias), mientras que en el total del territorio se contabilizaron 210 (28.600 familias). Estas cifras no hacen más que poner en evidencia una gran problemática: el agravamiento de la segregación socio-territorial en la ciudad capital como consecuencia de la especulación inmobiliaria privada, fuente de continuos y crecientes conflictos sociales ante los cuales el Estado provincial –quien desde 2005 no pone en marcha plan de vivienda alguno– responde con represión y castigo.
En junio pasado, el equipo multidisciplinario de investigación El llano en llamas –integrado por profesionales y estudiantes de las universidades Católica y Nacional de Córdoba– publicó el informe Criminalización de la pobreza y judicialización de las luchas político/sociales en la provincia de Córdoba, donde señala que el acceso al suelo se ha convertido en «un espacio altamente privativo y excluyente para importantes segmentos poblacionales que encuentran en la decisión de la “toma” un modo de darse a sí mismos la solución que no se encuentra en espacios institucionales».
«Somos cientos de jóvenes familias las que estamos en esta toma» –sostienen Daniel y su esposa Romina, entre los primeros en llegar a los terrenos ocupados desde hace más de un mes en Juárez Celman–. «Todos estamos cansados de esperar y golpear puertas para tener alguna solución a nuestra enorme necesidad de vivienda. Estamos en una situación terrible, ¡pero de aquí no nos vamos!», señalan con firmeza. Andrés es referente de Jóvenes al Frente, una organización barrial que realiza tareas sociales en la zona noreste de la ciudad: «Vivía en la zona rural de Sebastián Elcano y militaba en el movimiento campesino hasta que me vine a estudiar a la universidad», cuenta el muchacho. Y agrega: «Aquí organizamos muy bien la toma, parcelas iguales de 10 por 20 metros para cada familia en un total de 10 hectáreas, donde reservamos sitios para una plaza, cancha de fútbol y un centro comunitario para hacer las reuniones de delegados de cada manzana». Y con total claridad señala que «todos sabemos que esto es un delito, por eso nos presentamos voluntariamente a la Justicia para que se nos tenga en cuenta y consideren nuestros reclamos. No queremos nada regalado».
El informe de El llano en llamas consigna que «el altísimo porcentaje de judicialización y el número de personas imputadas ha ido creciendo en los últimos tres años; el número total de imputados por protestas o disputas por acceso a la tierra en los últimos 14 meses en la provincia asciende a 401 personas, un promedio de 29 imputados-detenidos por mes». Y con firmeza remarca que «insistir en la necesidad de suspender estas prácticas violentas, criminalizantes y masivas de la acción estatal es un primer paso para la construcción de un Estado democrático, seguro y respetuoso de los derechos humanos».
—Texto y fotos: Bibiana Fulchieri
