10 de noviembre de 2021
La oposición conservadora de Perú continúa con su política de acoso y bloqueo contra el gobierno constitucional de Pedro Castillo. Ahora los que quedaron en la mira de los medios, el poder judicial y el legislativo son el secretario del presidente y el ministro de Defensa. El caso se refiere a supuestas presiones para ascender a militares cercanos al gobierno. En ese marco, la fiscalía denunció penalmente al secretario privado de la presidencia de la República, Bruno Pacheco, y el Congreso recibió una acusación constitucional contra el titular de Defensa, Walter Ayala, para quitarle el fuero y pueda ser procesado. La Procuraduría Anticorrupción acusa a Pacheco del delito de tráfico de influencias por la presunción de que cometió interferencias con el fin de favorecer el ascenso de altos jefes castrenses cercanos a Castillo. La demanda se produjo a raíz de declaraciones de los ex comandantes generales del Ejército José Vizcarra y de la Fuerza Aérea Jorge Chaparro en las que aseguran que intentaron interferir en los procesos de ascenso de oficiales en esas fuerzas. La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos -del partido de centroderecha Avanza País-, presentó al parlamento una denuncia constitucional contra Ayala por los presuntos delitos de coacción y patrocinio ilegal.
