1 de octubre de 2021

El gobierno de Mario Abdo Benítez, promulgó en tiempo récord una ley que endurece las penas para personas acusadas de invadir tierras privadas en Paraguay. La normativa es fuertemente cuestionada por organizaciones sociales, de comunidades indígenas y campesinos, que entienden que impide cualquier reclamo por tierras entregadas a amigos y favorecedores del régimen en detrimento de poblaciones originarias en tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner. La promulgación -calificada de «meteórica» por medios paraguayos- fue anunciada por el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, y la ministra de Justicia, Cecilia Pérez. De acuerdo a la nueva ley, una ocupación de propiedades puede ser condenada hasta con 10 años de prisión. Todo el tratamiento de la ley se realizó en un clima de tensión en las afueras del parlamento, con protestas de movimientos sociales y políticos que reclamaban poder tener injerencia en la normativa que se estaba discutiendo. En Paraguay hay entre 8 y 12 millones de cedidas entre 1954 y 2003 a personas cercanas a Stroessner, propiedades que son calificadas como «tierras malhabidas» sobre las que se edificaron las grandes fortunas de esa nación.