10 de diciembre de 2024

El Gobierno decretó el fin de la emergencia en cuanto a la posesión y propiedad de las tierras ocupadas por comunidades indígenas originarias del país, de modo que quedó sin efecto la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos para el desalojo de esos territorios. La medida fue anunciada a través del Decreto 1083/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia a partir de mañana. La nueva normativa deroga el DNU 805/21 del 17 de noviembre de 2021, que prorrogó por última vez la Ley 26.160, sancionada y promulgada en noviembre de 2006 que declaraba la emergencia territorial indígena. En los considerandos, el Ejecutivo indicó que el DNU, que se extendía hasta el 23 de noviembre de 2025, generaba «inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores, en contradicción con el artículo 17 de la Constitución Nacional, así como al derecho de dominio sobre los recursos naturales en favor de las provincias, reconocido en el artículo 124».