7 de agosto de 2023

Ricardo Gotta

El 11 de septiembre se conmemora el sangriento derrocamiento a Salvador Allende. Una sociedad partida entre la indiferencia y la memoria. La postura de Boric.

Los organismos chilenos de derechos humanos, la izquierda en general e, incluso, algún funcionario propio, marcaron su malestar cuando el presidente Gabriel Boric, el pasado 4 de junio ante una cámara de televisión, señaló al Gobierno de Salvador Allende como «un período a revisar (…) Debemos ser capaces de analizarlo no solo desde una perspectiva mítica».
Lo que un sector considera contradicciones para otro es habilidad de surfear las olas de la realidad. El mismo presidente –de 37 años– hace unas horas definió como «criminal desde el minuto uno» a la dictadura de Augusto Pinochet y avanzó: «No hubo guerra, sino una masacre unilateral». Asegura el periodista chileno Lucas Cifuentes: «Boric quiere dejar como legado de su Gobierno haber conmemorado los 50 años del golpe. Está firme en eso, pero se la hacen muy difícil».
Cinco décadas, mucho más que un símbolo. Las llamas desbordando el Palacio de la Moneda bombardeado. El adiós radiofónico de Allende cargado de dignidad. El golpe, la muerte del líder, la de casi 4.000 personas, la tortura a más de 28.000. El abrupto final de la vía chilena al socialismo. La salvaje dictadura que demolió transformaciones del Gobierno de la Unidad Popular e instaló un régimen neoliberal que provocó profundas heridas en la sociedad, aún no cicatrizadas medio siglo después.
Boric, de algún modo, le responde a un vasto sector de esa sociedad que se refleja en la postura del expresidente Eduardo Frei, quien acaba de llamar a los chilenos a «no seguir discutiendo los 50 años. No existe verdad oficial». O al actual legislador de la pinochetista Unión Demócrata Independiente, Jorge Alessandri: «Yo justifico el golpe de Estado». O a poco menos de la mitad de la población que, según una encuesta de Pulso Ciudadano no considera que Pinochet haya sido dictador. O al más del tercio que opina que Allende no era democrático y quería «instalar el comunismo en Chile».
A 50 años, para Chile, hubo un antes y un después de ese 11 de setiembre de 1973. También para toda Latinoamérica.

Panorama contradictorio
El 29 de junio de 1973, el ejército liderado por el general Carlos Prats abortó un preludio del golpe, el tanquetazo, que dejó 22 muertos, entre ellos el camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen. Pocos lo recordaron este 2023.
«Se acerca la fecha y la tensión se renueva. Los debates son muchos, demasiado profundos, y no están saldados», resume la catedrática Karla Varas Marchant. Se refiere «a los zig-zag políticos tan radicales de la sociedad chilena», en estos 50 años. «El panorama es contradictorio. Por un lado, se percibe un alto nivel de indiferencia. Por el otro, el Gobierno está muy tironeado. Por derecha se lo acusa de remover las heridas del pasado; por izquierda de relativizar la importancia de ese pasado. Refleja una sociedad muy dividida», explica, desde Santiago, José Salvador Cárcamo, economista y profesor de la UBA. Acota: «A la juventud le resulta un tema muy lejano y, en cambio, los más adultos lo llevan a flor de piel». Más del 70% de la población actual ni siquiera había nacido en 1973.
El aniversario encuentra a Chile con un Gobierno de extracción progresista, producto del movimiento estudiantil que parió los colosales estadillos de 2019/2020. Llegaron a La Moneda con un latiguillo: «No somos hijos de la democracia, sino nietos de la dictadura». Como nieta de Allende es Maya Fernández, actual ministra de Defensa, desde donde se relaciona con las controversiales Fuerzas Armadas.

Salir de las trincheras
Un Gobierno que enfrenta un crecimiento económico menor del esperado pese al superávit fiscal y la disminución de la pobreza al 6,5% (10,7% en 2020) y en el que el salario mínimo duplica el de otros países (como Argentina). Que superó expectativas en salud y educación, pero avanzó en una resistida reforma previsional. Que tuvo duros choque con Gobiernos regionales por sus controversiales planteos, en especial con Cuba y Venezuela. Que disimuló, y hasta recibió con algún alivio, las votaciones que frustraron la renovación de la Carta Magna pinochetista. O que, según el propio Boric, se afirma en «poder conversar y salir de las trincheras», al tiempo que se sacudió cuando Patricio Fernández (escritor de centroizquierda; exconstituyente «independiente» dentro del Colectivo Socialista), en su rol de encargado de las movidas oficiales por el aniversario, en el programa Tras las líneas (Radio Universidad) dijo sin ruborizarse que «la historia podrá seguir discutiendo cuáles fueron las motivaciones del golpe», pero que «lo que se hizo fue necesario».
En junio visitó el excentro de detención de Isla Dawson junto con Maya Fernández, antiguos presos de la dictadura y militares. De todos modos, Fernández fue eyectado del Gobierno. Antes, bajó línea oficial respecto de otro tema que quema: ¿Será feriado el 11-S? El Gobierno está entre dos fuegos: el diputado Álvaro Carter (UDI) impulsó un proyecto para que sea «día de reflexión, unidad y conmemoración». Sectores progresistas y organismos de derechos humanos también bregan por el feriado, pero con la consigna de que así se fomente el repudio al golpe y que haya actos en espacios públicos y privados.
En el medio de esa pinza, están quienes recuerdan que el feriado fue instituido por la dictadura en 1981. Y que en 1998 el entonces senador Andrés Zaldívar Larraín, con la aquiescencia del presidente Eduardo Frei, acordó con Pinochet la derogación, supliéndolo por el Día de Unidad Nacional; que no fue tal y produjo enfrentamientos durante los tres años en que rigió.

Memoria
La contracara: con el apoyo del Frente Amplio, PC, PS, PPD, DC, PR y el PL (67 votos a favor, 47 en contra, 8 abstenciones), Diputados aprobó un homenaje a Allende, en el recinto, para el mismo 11-S, y decidió excluir a Pinochet como presidente de las reseñas de la Biblioteca del Congreso. Ese día y después habrá múltiples conmemoraciones oficiales y otras vinculadas con la izquierda, familiares de detenidos-desaparecidos y decenas de organizaciones (también en otros países). Esa data se aglutina en la moderna plataforma que creó el Gobierno (https://50.cl) que contiene abundante información.
Uno de los actos, postergado por meses, se realizó hace poco: la vice Carolina Tohá, con la Red de Sitios de Memoria, encabezó el proyecto Árboles por la Memoria, la plantación de 2.000 especies nativas en 16 regiones. O el del jueves pasado, cuando Boric participó en la Universidad de Santiago del acto inaugural de las conmemoraciones en los claustros: casi no salieron en los medios. Será como sugiere Estela Díaz Roulet, 30 años, cercana a Camila Vallejo, a quien conoció en la FECh: «No olvidemos que el neoliberalismo caló hondo en nuestras sociedades. Un reflejo de lo que ocurre en el mundo. La derecha marcó terreno aquí en Chile. Somos un país que busca un acuerdo que jamás encuentra».
No son los únicos actos reparadores. Un excanciller de Frei, Juan Gabriel Valdés Soublette, a poco de asumir Boric retomó su cargo de embajador en Estados Unidos. Antiguo dirigente de Convergencia Socialista, se encargó de requerirle formalmente al Gobierno de Joe Biden los documentos desclasificados de 1973 y 1974 relacionados con Chile, en los que se demostraría la implicación directa en el golpe del presidente Richard Nixon y del secretario de Estado, Henry Kissinger, habida cuenta la manifiesta animosidad de ambos, mostrada en papers ya habilitados, probatorios sobre de qué modo el imperio propició y financió sabotajes, huelgas y otras acciones que «alimentaron la resistencia de la derecha contra Allende».
Por supuesto, la actual derecha también se resiste a conocer esa verdad; aunque se cumplan 50 años.