Carlos Heller

Los resultados del último comicio dieron lugar a interpretaciones forzadas y pretenden ser utilizados para habilitar nuevas reformas regresivas.

Los primeros debates en comisión sobre el Presupuesto de 2026 dejan entrever la decisión del Gobierno de avanzar en un recorte indiscriminado de gastos, especialmente de partidas sociales y obra pública.

El Gobierno libertario espera mejorar su chance electoral tras el respaldo de Estados Unidos a la profundización del actual modelo de políticas regresivas.

La permitida intromisión del Gobierno de Estados Unidos en la economía argentina, al vender dólares para calmar a los «mercados», forma parte de las concesiones por la «ayuda» recibida.

Preocupan las previsibles cesiones de soberanía, materias económicas y de decisiones políticas, que acompañarán a la «ayuda» financiera de Estados Unidos.

El respaldo financiero de Estados Unidos al Gobierno libertario busca consolidar el ajuste y las reformas estructurales en desmedro de las mayorías populares.

En medio de la volatilidad financiera, el Congreso le impuso límites al ajuste, rechazado también por una amplia movilización popular.

El Gobierno insiste en mantener su política económica, aunque admite que la elección en Buenos Aires muestra que «los resultados de la macroeconomía no llegaron a la gente».

El modelo económico libertario descuida el frente productivo y social, con serias consecuencias para la mayoría de empresas y hogares.

La realidad cotidiana de millones de personas desmiente los intentos del Gobierno de responsabilizar a los demás de las consecuencias de sus políticas. Encuestas, tasas de interés y consumo.

Mientras se profundiza la recesión, el Parlamento revirtió decisiones del Poder Ejecutivo que recortaban derechos de amplias franjas de la población.

Para desactivar las presiones inflacionarias el Gobierno apuesta a la baja del consumo popular, más apertura de importaciones y una menor actividad industrial.

La construcción de mayorías opositoras en el Congreso abre el camino para frenar el ajuste libertario sin límites y la reiteración de vetos a leyes reparatorias.

Sin apaciguar el frente cambiario ni morigerar la suba de precios, la política gubernamental enfría la actividad económica al elevar el costo del financiamiento.

Pese al enfriamiento de la actividad, con alto impacto social, el FMI mantiene su respaldo a las políticas de ajuste del Gobierno libertario.

El BID y Moody’s sumaron su respaldo al modelo libertario, a la espera de nuevas reformas promercado, mientras crece el número de afectados por el plan económico.

El anunciado rechazo presidencial a los proyectos aprobados por el Senado afectaría derechos básicos para priorizar el superávit fiscal.

Las proyecciones del Gobierno para este año en materia de crecimiento económico, evolución del tipo de cambio e inflación no despejan la incertidumbre.

Mientras continúa la baja de salarios y crece el desempleo, el Gobierno nacional insiste en retacear paliativos a pobladores afectados por catástrofes.

La condena a la expresidenta Cristina Fernández pone en tensión el Estado de derecho y busca apuntalar un rumbo económico y social tan inequitativo como inviable.

La injusta condena y proscripción a Cristina Fernández busca consolidar el rumbo socioeconómico regresivo, en un país con mayoría de excluidos.

El Gobierno anticipa el rechazo a leyes reparatorias para sostener el superávit fiscal sustentado en el ajuste a sectores populares.

El Gobierno aspira a captar divisas que atesoran particulares y empresas para cumplir con el FMI y profundizar el ajuste sobre los sectores más vulnerables.

El plan libertario sigue su marcha con más presión sobre los ingresos de los sectores populares, mientras se alienta el ingreso de capitales irregulares.

El anticipo de un nuevo blanqueo de capitales muestra las urgencias del Gobierno por atraer divisas, mientras no se ven señales de recuperación de la actividad.

El Gobierno nacional alienta prácticas especulativas mientras intenta mejorar el humor social y avanzar con las regresivas reformas fiscales, laborales y previsionales.

Mientras el Gobierno dice acatar en exceso las directrices del FMI, tras las medidas oficiales surge la posibilidad de un repunte inflacionario y mayor deterioro social.