7 de junio de 2023
Hubo sentencia en el 9° juicio de lesa humanidad con seis perpetuas y varias penas menores. El rol del aparato de inteligencia y la Fuerza Aérea durante el terrorismo de Estado.
Justicia. Familiares de víctimas, sobrevivientes de los centros de detención y dirigentes de organismos de derechos humanos en la sala del tribunal.
Foto: Coco Yañez/www.elotro.com.ar
Continúan los juicios que buscan memoria, verdad y justicia sobre lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar, a pesar de las dilaciones y de la lucha contra el tiempo. El 9° juicio de lesa humanidad en Mendoza, conocido como «Destacamento 144», tuvo una gran dimensión por varias razones: fueron 22 los imputados, pero llegaron 18 al banquillo de los acusados (3 apartados y uno fallecido), todos parte de los aparatos de inteligencia y la Fuerza Aérea; más de 100 víctimas de las cuales 40 son sobrevivientes que prestaron valiosos testimonios para poder reconstruir operativos y engranajes de acción a lo largo de 119 audiencias, durante más de 4 años, con 90 testigos del horror.
La fiscalía pidió la pena máxima para 16 de los 18 imputados pero el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza (TOF 1) dio prisión perpetua solo a 6, el resto fue condenado con penas que van de 14 a 7 años de prisión, y ninguno de ellos fue absuelto. «Gusto a poco» es lo que repetían familiares, víctimas y organismos de derechos humanos en la explanada de Tribunales Federales.
«Muchos de los investigados por desapariciones fueron condenados por ser parte de la estructura represiva mediante el delito de asociación ilícita, pero no se los responsabilizó por desapariciones forzadas. La sentencia no fue acorde a lo que habíamos solicitado desde la Fiscalía», afirmó Daniel Rodríguez Infante, fiscal auxiliar que llevó adelante el juicio por delitos de homicidios, privaciones abusivas de la libertad, robos, apropiación de menores y asociaciones ilícitas.
A medio camino
El tribunal presidido por Alberto Carelli e integrado por los jueces Alejandro Piña, Héctor Cortés y Raúl Fourcade tuvo algunas consideraciones importantes al avanzar sobre los aparatos de inteligencia por un lado, como también al considerar la desaparición del matrimonio Verd-Palacio, ocurrido en 1971 durante la dictadura de Lanusse, como delito de lesa humanidad. Esto abre camino y constituye un hecho histórico. Sin embargo, quedó impune, ya que Hugo Luis Zalazar (único miembro del Ejército que fue responsabilizado penalmente por homicidio, condenado a prisión perpetua) fue absuelto en esta acusación.
La sentencia dio cuenta uno a uno de los delitos por los que fueron acusados miembros de la policía de Mendoza, el Ejército y la Fuerza Aérea, aunque aún no se dieron a conocer los fundamentos del fallo. «Esto va a ser fundamental para comprender por qué el Tribunal separó el accionar de inteligencia, información y organización del aparato represivo, con las acciones de secuestro, tortura, ejecuciones y desapariciones que efectivamente se llevaron adelante gracias a ese funcionamiento. Esta sentencia tiene aspectos que destacamos como positivos, pero también se contradice con toda la prueba presentada durante el juicio y con el funcionamiento del aparato represivo estatal», agregó Rodríguez Infante.
Cientos de audiencias, testimonios y este juicio en particular demostraron que el famoso «Destacamento 144» fue el encargado de planificar operativos de secuestro de personas (uno de ellos el «Operativo Antijesuita») a través de tareas de inteligencia como también quedó probado que la Fuerza Aérea custodió y trasladó a detenidos y detenidas de la IV Brigada al Centro Clandestino Las Lajas. Uno de los condenados fue José Santos Chiófalo, quien fuera parte, hasta no hace mucho tiempo, de la célebre banda folclórica Los Trovadores de Cuyo, y director de la banda de música de la Fuerza Aérea durante la dictadura. El rol de la policía fue a través del D2, el Departamento de Información, y de la Comisaría 7° de Godoy Cruz (hoy Espacio para la Memoria), por donde pasaron varias víctimas durante su detención ilegal.
Acciones reparatorias
Otro elemento a destacar en la sentencia del 9° juicio es que el TOF 1 dio lugar a un pedido de la querella solicitando una acción reparatoria, además de las condenas. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) pidió que se inicien pedidos formales a distintas instituciones para investigar causas relacionadas con la represión ilegal de la última dictadura, más específicamente, conocer cuál fue el destino de los detenidos y detenidas desaparecidos/as, saber dónde están sus restos.
«Se solicita que por la vía que corresponda, el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea, la Policía Federal, la Policía de Mendoza, el Liceo Militar, los cementerios municipales, el Hospital Central, el Cuerpo Médico Forense, la Morgue Provincial, el Registro Civil, el Archivo General de la Provincia de Mendoza, el Archivo Histórico de la Cancillería de la Nación, el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, el Ministerio de Defensa de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presenten la colaboración necesaria». Sin embargo, en este tramo de la sentencia no está mencionada la Iglesia Católica, institución por la que también el MEDH había instado reparación.
