Ni déficit ni descontrol

14 de mayo de 2023

El dato reciente de inflación (8,4%) mostró una aceleración del fenómeno que obedece a un conjunto de causas, vinculadas especialmente con la incertidumbre, la especulación y la puja distributiva. Recordemos que el mes pasado se produjo una suba significativa del dólar ilegal, que finalmente tuvo su traslado a los precios. En esos días los medios hegemónicos instalaron un valor proyectado de 500 pesos, aunque lo real es que nunca llegó a ese nivel y fue bajando hasta 474 pesos en el cierre de este viernes.
Muchos agentes económicos remarcan los precios de acuerdo con las expectativas sobre «lo que va a pasar». Y en ese aspecto son de gran influencia los principales diarios, que permanentemente editorializan sobre la supuesta necesidad de que se aplique una fuerte devaluación del peso. Dicen, incluso, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) condiciona los posibles adelantos de su préstamo, tal como gestiona el Gobierno Nacional, a que haya un ajuste del tipo de cambio.
Lo cierto es que el ritmo de aumento de los precios es una de las mayores preocupaciones del Gobierno, cuyas políticas hasta aquí han chocado contra los intereses de sectores que tratan de desestabilizar y de sacar réditos políticos y económicos.
Incumplen acuerdos asumidos en el programa de Precios Justos o demoran las liquidaciones de divisas comprometidas en el marco del Programa de Incremento Exportador, con lo cual debilitan el proceso de acumulación de reservas.
En este marco, desde la oposición y ciertas consultoras insisten en plantear que la inflación obedece a un exceso de emisión producto del déficit fiscal. Una teoría desmentida reiteradamente, pero que les resulta útil para promover un fuerte recorte del gasto público.

Una voz más
Lo llamativo es que esta semana se sumó al coro de los posicionamientos monetaristas el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, quien habló de una supuesta «expansión (monetaria) descontrolada», y dijo que eso «implica no defender el valor de la moneda y traicionar el mandato de la Constitución».
En verdad, la Constitución Nacional encomienda al Congreso la «defensa del valor de la moneda», entre otras importantes funciones como el «progreso económico con justicia social» y la «generación de empleo». También alienta la «formación profesional de los trabajadores», «la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento» y «políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones».
Pero veamos cómo ha sido la expansión de la base monetaria: en 2021 fue de 40% y en 2022, de 41%, es decir, por debajo de la inflación de dichos años, que fue del 50,9% y del 94,8%, respectivamente, mientras que en el primer cuatrimestre el aumento fue de solo 9,7%.
Tampoco se observa un déficit fiscal primario descontrolado. En 2022 se alcanzó una ratio de 2,3% del PIB, frente a una meta del 2,5%.
Para contener la inflación no hace falta ajustar. Lo fundamental sigue siendo que el Estado avance con las herramientas disponibles sobre los formadores de precios que especulan. En paralelo se siguen gestionando los vencimientos de la deuda y se avanza con las políticas necesarias para enfrentar las restricciones que impone el frente externo.
Son destacables, en ese sentido, los efectos favorables que en los próximos meses se derivarán del acuerdo para utilizar el swap de yuanes habilitado por China; el respaldo de Brasil ante el FMI; el acercamiento al grupo de los BRICS y la pronta puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, que permitirá una fuerte sustitución de las importaciones gasíferas y el desarrollo de una política exportadora.