18 de mayo de 2023

Adriana Meyer

El proceso oral y público culminó con el veredicto de un jurado popular que encontró culpables a policías bonaerenses por los asesinatos cometidos en mayo de 2019.

Los cuatro policías imputados, Rubén García, Manuel Monreal, Leandro Ecilapé y Mariano Ibañez, levantaron la cabeza para escuchar el veredicto. Un jurado popular los encontró culpables del delito de homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales, calificado por el empleo de armas de fuego. Ellos habían perseguido a los tiros al auto que conducía Aníbal Suárez, en el cual iban los jóvenes Gonzalo Domínguez, Danilo Sansone, Camila Lopez y Rocío Quagliarello, que chocó contra un camión con acoplado estacionado en la ruta 3. Así se llevaron la vida de las cuatro víctimas y dejaron a una más con heridas de gravedad y al borde de la muerte. «Los voy a perdonar porque no soy un animal, este veredicto era lo que esperábamos, así que paguen por lo que hicieron, mataron a mi hijo», dijo en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Plata Juan Carlos Sansone, padre de una de las víctimas. Sus vecinos de Monte y demás familiares festejaron la condena, que en los casos de García y Encilape será a prisión perpetua porque la decisión contó con los doce votos de los jurados, es decir que fue unánime.
Danilo, Gonzalo, Camila y Aníbal eran amigos. Se conocían porque compartían clases en la Escuela Media de San Miguel del Monte y solían juntarse en la Costanera en su tiempo libre para hacer rap y andar en skate. Entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de mayo de 2019 paseaban por la avenida que bordea la laguna de esa localidad cuando comenzaron a ser perseguidos por dos móviles policiales en un injustificado y brutal operativo que incluyó disparos hacia el auto y el choque del Fiat 147, en el que iban, contra un acoplado de camión que estaba estacionado sobre la colectora de la ruta nacional 3, a pocas cuadras del centro. Luego de casi cuatro años del inicio de la investigación judicial, se llevó a cabo el debate oral y público, con modalidad de juicio por jurados, por el asesinato de Danilo Sansone de 13 años, Gonzalo Domínguez de 14, Camila López de 13 y Aníbal Suárez de 22, y el intento de asesinato de Rocío Quagliarello, de 13 años, única sobreviviente.
A instancias de la jueza Carolina Crispiani –presidenta del Tribunal Oral Criminal 4 de La Plata, a cargo de la dirección del debate– el capitán de la policía de la provincia de Buenos Aires Rubén García y los oficiales Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez, fueron juzgados por los 12 conjueces del jurado popular.

Incógnitas
En los alegatos del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Mariano Sibuet describió la secuencia de la persecución policial que se extendió por dos kilómetros a gran velocidad. «Como consecuencia directa del accionar policial murieron de forma instantánea cuatro de los jóvenes que se trasladaban en el auto. Sus cuerpos quedaron tendidos en la calle. Rocío, de 13 años, fue la única sobreviviente y tuvo que permanecer dos meses internada en el hospital El Cruce por las múltiples y graves heridas que sufrió en el accidente», explicó Sibuet. «En lo psicológico aún tiene y tendrá por mucho tiempo secuelas por el dolor de haber perdido a sus amigos. ¿Vamos a permitir que estás personas vestidas de policías, de forma inmotivada, hayan acabado con las vidas de estos chicos? ¿Vamos a justificar esta acción criminal?», se preguntó ante el jurado y el público. Sigue siendo una incógnita las razones que llevaron a los uniformados a disparar contra ellos, aunque las familias sospechan que sus hijos vieron y filmaron algo que estarían haciendo fuera de la ley.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocinó a las familias de Danilo y Camila, e interviene como particular damnificado institucional en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura. También es querellante el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). En su alegato, la directora del programa de Litigio Estratégico de la CPM, Margarita Jarque, destacó que «hubo un fiscal, Lisandro Damonte, que investigó con mucha profundidad este caso y una jueza de Garantías que, por la gravedad de los delitos implicados, decidió que los acusados debían esperar este juicio en prisión preventiva». En el inicio del proceso, la letrada se dirigió a los miembros del jurado. «Escucharán a los familiares de las víctimas y a peritos balísticos, médicos y psicólogos. Traten de imaginar solo por un segundo el dolor de esas familias, no solo por la muerte de sus hijos sino por la forma totalmente injustificada en que ocurrió y la acción de quienes debían observar las leyes y los reglamentos policiales», enfatizó.

Los vecinos y la verdad
Por su parte, las dos defensas particulares de los imputados hicieron hincapié en la versión de un supuesto robo y las «sospechas razonables» que los policías habrían tenido como para iniciar la persecución del Fiat 147, aunque aquella noche nadie en San Miguel del Monte denunció un robo. También intentaron cargar la responsabilidad del hecho en Aníbal, el conductor del vehículo y víctima de la masacre.
Susana Ríos contó cómo se enteró que su hijo Gonzalo Domínguez había estado en un «accidente de auto», y cómo la intendenta de aquel momento, Sandra Mayor (actual presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Industrial), y los funcionarios municipales, Hugo Medus y Claudio Martínez le negaron que hubieran existido disparos contra el Fiat 147 en el que viajaba Gonzalo.
Para desarmar esa hipótesis fue clave el testimonio de Rodrigo Masías, que además filmó el momento de los disparos con su celular. En el lugar y el momento del hecho, los primeros policías pisaron pruebas y buscaron callar a las víctimas que aún estaban con vida. Sin embargo, un vecino esperó que se fueran y encontró cuatro vainas de pistola 9 milímetros. Al día siguiente se las llevó al padre de Danilo Sansone, y este a su vez se las hizo llegar al fiscal de la causa. Luego se sumó el testimonio clave de Alexis Rodríguez, empleado del centro de monitoreo de tránsito, quien aportó el video donde se ve al policía García con medio cuerpo afuera del patrullero disparando hacia el auto de los pibes y pibas.
Hace cuatro años, mientras los medios hegemónicos nacionales se sumaban a la versión del accidente, y el comisario Mario Mistretta decía que no había habido disparos, los vecinos de Monte se movilizaron denunciando un nuevo caso de violencia policial y protagonizaron una pueblada en la ruta 3. La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avaló la versión de los uniformados, a pesar de que a los tres días ya había imágenes de los tiros en los restos del Fiat 147, junto a la mochila de Gonzalo.
Un episodio previo al asesinato de los jóvenes fue relatado en las primeras audiencias por los testigos Emanuel y Hugo Suárez, primo y tío de Aníbal. Ellos contaron que un mes antes de la masacre la policía había extorsionado a Aníbal luego de detenerlo por no tener los papeles del auto en regla. «La policía nos hizo señas de luces y nos llevaron a la comisaría. Ahí nos empezaron a apretar porque teníamos el domicilio en Misiones. Que teníamos que pagar una multa de 35.000 pesos para salir, les dimos cinco mil pesos que, para nosotros, era mucha plata», relató Emanuel. Casi todos los familiares y testigos tienen custodia de Gendarmería por las constantes amenazas y amedrentamientos policiales.

Otra investigación
Fuera de este proceso y a la espera de fecha de juicio quedaron los otros 20 policías imputados por delitos de encubrimiento, falsedad ideológica de instrumento público y abuso de autoridad, entre otros. En ese próximo juicio por la Masacre de Monte II, Ismael Jalil, abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, será testigo. «Monte fue una masacre emblemática, es un crimen de Estado donde se juzga a la institución policial, no a cuatro policías», dijo el letrado. Como botón de muestra, los policías intentaron sobornar al dueño del camión cuyo acoplado fue embestido por el Fiat 147 para que no dijera nada. Asuntos Internos de la fuerza habría pedido la exoneración de los imputados.
Ahora, con la sentencia, esos legajos deberían activarse.

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