26 de marzo de 2023
Foto: Télam
El último día de febrero se llevó a cabo una asamblea de productores agroganaderos, organizada por la Federación Agraria Argentina. En esta ocasión, el disparador fue la afectación de la rentabilidad agropecuaria motivada por la extensa sequía que azota el territorio nacional. Como ya es costumbre, pidieron rebaja o eliminación de retenciones, devaluación y emergencia agropecuaria, todo al mismo tiempo. El Gobierno ya anunció, y de hecho viene implementando, una serie de medidas de emergencia en base a subsidios sectoriales, tanto para el agro como para la ganadería, que comprenden desde fondos rotatorios destinados a los pequeños productores, como suspensión de anticipos impositivos y de ejecuciones fiscales. Incluso, medidas de carácter financiero, como refinanciaciones y nuevas líneas crediticias a tasas subsidiadas. El auxilio del Gobierno, en principio, alcanzará a más de 51.000 productores, sumada a la declaración de emergencia agropecuaria total en las provincias más afectadas.
Cabe señalar que para el sector más concentrado de la economía agropecuaria, que ha podido realizar, a diferencia de la mayoría de los productores, singulares inversiones en sistemas de riego, especialmente en los cultivos extensivos y pooles de siembra, la situación de emergencia es realmente diferencial. Debe tenerse presente que en las zonas más afectadas, las de mayor valor productivo, se mantiene un régimen de concentración donde solo el 1% de propietarios posee el 38% de las tierras, con una extensión promedio de 22.000 hectáreas, según el Registro Nacional de Tierras de 2019.
Este dato conjuga además, con el alto nivel de renta agropecuaria acumulada por el sector en el decenio 2011‒2021, período en el que se verificó el mayor drenaje de divisas al exterior. Vale esta correspondencia: de las 266 millones de hectáreas de tierras rurales del país, 12 millones, radicadas en las zonas más productivas del planeta, están en manos extranjeras, con el agravante de que 2 millones de hectáreas (65 veces la Ciudad de Buenos Aires) pertenecen a firmas con domicilio en guaridas fiscales.
La lógica política de los grandes beneficiarios de este modelo que reprimariza la economía, como la de otros sectores concentrados u oligopolizados, es la de sostener una demanda sectorial permanente, para alcanzar los máximos beneficios posibles. Esto lleva, en ocasiones, a cierta desmesura en la escala de reclamos, si observamos que los beneficiarios finales de sus demandas, que van desde la disminución de las retenciones (derechos de exportación), a un tipo de cambio mayor para favorecer las ventas al exterior, siempre serán los grupos concentrados, sin derramar hacia los pequeños y medianos productores, mientras que se profundiza la internacionalización de sus precios en el mercado interno, potenciando la inflación que actualmente sufre todo el pueblo argentino.
