13 de abril de 2016
Luces y sombras de un vínculo fundamental para un gobierno que no cuenta con mayorías propias en el Congreso y para distritos que no pueden sustentar su presupuesto sin aportes de fondos de la Nación. Negociaciones y cruce de intereses políticos.
Encuentro. Funcionarios nacionales con gobernadores justicialistas en la Casa Rosada. (DYN)
Equilibrio inestable. Esas dos palabras definen la relación del gobierno de Mauricio Macri con los mandatarios provinciales. La puja por la coparticipación y la negociación de leyes en el Congreso son los dos platos de la balanza que marca el vínculo entre el Estado nacional y los provinciales. La minoría del oficialismo en las dos cámaras del Congreso juega como carta a favor de los gobernadores, mientras que la dependencia económica de las provincias, consolidada hace décadas, es el as que mantiene el macrismo bajo la manga. Desde el pro sostienen que la relación es mejor de lo que era durante el gobierno anterior, mientras que en las provincias ya denuncian una lógica de premios y castigos.
A mediados del siglo xx, las provincias financiaban con sus propios recursos el 80% de su presupuesto. En un proceso que incluyó la transferencia sin recursos de los sistemas educativos y sanitarios en los 90, ese porcentaje cayó dramáticamente. Los datos estadísticos de la Secretaría de Hacienda de 2014 indican que, en promedio, las provincias financian el 37% de su presupuesto con recursos propios, mientras que para cubrir el 63% restante dependen del Estado nacional. Las excepciones son la Ciudad de Buenos Aires (82% de recaudación propia), la provincia de Buenos Aires (60%) y Neuquén (55%). Por el contrario hay provincias como Catamarca, La Rioja o Santiago del Estero donde 9 de cada 10 pesos de sus presupuestos provienen de la Nación. Esto limita notablemente el margen de maniobra de los gobernadores. Sin embargo cuentan con una ventaja: la alianza gobernante no tiene mayorías propias en el Congreso y requiere de votos de otras fuerzas para avanzar con sus políticas. Esa estrategia se vio en acción con la derogación de la llamada Ley Cerrojo y el endeudamiento para el pago a los fondos buitre, donde los gobernadores presionaron a los senadores y diputados de sus provincias para que votaran a favor.
En el Ministerio del Interior destacan que el presidente tuvo gestos hacia todos los gobernadores: los reunió para la foto al comienzo de su gobierno y llevó a algunos de ellos a la visita con el Papa. El principal traspié en la relación fue el aumento de coparticipación otorgado por decreto a la Ciudad de Buenos Aires, aunque en la Casa Rosada confían en que la mayoría de los gobiernos provinciales terminará aceptando el plan que les ofreció el Ejecutivo de devolución del 15% de coparticipación en cuatro años. «Dialogamos con todos los gobernadores, sin importar el color partidario», aseguró a Acción el secretario de Interior nacional, Sebastián García de Luca.
En el gobierno, dividen a los gobernadores en aliados, permeables y duros. Entre los duros, ubican a la de Santa Cruz, Alicia Kirchner; al de Formosa, Gildo Insfrán; y al de La Pampa, Carlos Verna. El grupo de los permeables lo encabeza el de Salta, Juan Manuel Urtubey. También desde el Ministerio del Interior hacen una lectura de quienes tienen más problemas fiscales y quienes no necesitan pedir ayudas suplementarias al gobierno nacional.
Esa estrategia se puede analizar con claridad en el ranking de las cinco provincias que recibieron más fondos: tres de ellas son gobernadas por Cambiemos (Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Jujuy) y otras dos aportaron votos a las discusiones decisivas del Congreso: Entre Ríos y Chaco. Pero en este último caso, el reparto de fondos es selectivo, como denunció el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich. «La lógica que tienen es: “A los aliados, todo. A los enemigos, nada”. Es una lógica de amigo-enemigo. Estamos siendo discriminados», sostuvo ante Acción el ex jefe de Gabinete, quien advirtió que le frenaron todo el financiamiento para obras públicas. En Santa Cruz, en tanto, el dinero que adelantaron fue directamente a los municipios gobernados por Cambiemos, Río Gallegos y Caleta Olivia. En cambio, Jujuy, gobernada por el aliado Gerardo Morales, fue premiada con tres adelantos financieros por 1.260 millones de pesos.
—Werner Pertot
