3 de febrero de 2023

Ricardo Gotta

Gigantescas movilizaciones ponen en jaque la reforma previsional de un obstinado Macron. Antecedentes históricos y fuerte oposición en la Asamblea Nacional.

Al menos, el 70% de los franceses se opone y más del 55% es partidario de bloquear el país para frenarla. ¿Fueron 2,8 millones, como asegura una de las centrales obreras? ¿O 1,4 millones, según la apreciación policial? Qué más da. Este martes volvió a sacudir a toda Francia una nueva colosal muestra de rechazo de la reforma previsional que impulsa el Gobierno central.
Impactan las imágenes de millones de personas en las calles de centenares de ciudades y pueblos, una manifestación particularmente federal, pacífica, contundente. Anuncian una doble jornada próximamente. Arde París, una espléndida novela publicada en 1964, convertida en film, describe la liberación parisina durante la II Guerra Mundial. Arde Francia podría ser, en consecuencia, la descripción de la conmovedora movida popular que implica no solo al país sino a toda la región.
Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron se define en el centro político. Especialista en inversión bancaria, exfuncionario del banco Rothschild & Cie, asumió como ministro de Economía en 2014. Llegó al Palacio del Elíseo como presidente el 14 de mayo de 2017, para suceder a François Hollande. Empuña el proyecto de reforma previsional como una de sus banderas esenciales.
El régimen de jubilación galo se basa en el sistema de reparto y solidaridad intergeneracional. Con tres niveles: dos obligatorios (uno básico, otro complementario) y la opción de un plan de ahorro, individual o colectivo. La edad de jubilación se establece entre los 60 y 62 años, con 42 años de aportes. Al sistema de aportes se lo calificó de enrevesado o «bizantino» porque ofrece un abanico de 42 regímenes diferentes de pensiones, todos financiados por el Estado.
Instaurado en 1945, sobre el final del siglo XX se convirtió en objetivo clave de los Gobiernos y provocó grandes reacciones sindicales y populares en 1995, 1997, 2003 y 2007, cuando se cristalizó la reforma «lavada» del primer ministro François Fillon y el presidente Nicolás Sarkozy. Hace pocos días, en su regreso a la carga, Macron diagnosticó: «Si no aprobamos estas reformas, el sistema estará en peligro». Lo declaró a TF1 y su discurso del último día del año giró en defensa de la reforma.
Más equilibrado es el resultante de un estudio del estatal Conseil d’orientation des retraites (Consejo de Orientación de las Pensiones), que asegura que el sistema arrojó un superávit de 900 millones de euros en 2021 y 3.200 millones en 2022. Estima, por otra parte, que «entre 2023 y 2027, las finanzas del sistema se deteriorarán significativamente» hasta un déficit estimado en unos 10.000 millones anuales (0,4% del PIB). Las visiones más solidarias consignan que esa cifra no es alarmante, en relación con los 340.000 millones que aporta el sistema de pensiones (14% del PIB) en un país con su historia y su presente: más de 68 millones de habitantes, una de las cinco potencias del planeta y un PBI per cápita de casi 55.000 euros.
«No se trata de salvar el sistema de pensiones sino de financiar recortes fiscales para las empresas», repite Michaël Zemmour, especialista en sistemas jubilatorios de la Universidad París 1. Incluye en la discusión, la exigencia de la Unión Europea de bajar los déficit nacionales para 2027 por debajo del 3% y la tentación de los Gobiernos de recortar «gastos» del Estado que, en realidad, son servicios sociales.
Para el diario Le Parisien, la aprobación es una «prueba decisiva» para Macron y «la huella que dejará en la historia». En ese sentido, Sergio Coronado, francés de origen chileno, exdiputado verde, desde París, con el ruido de las marchas de fondo, predice una derrota oficialista: «Hay dos elementos esenciales: la inédita unidad sindical en torno al rechazo con el completo apoyo de la izquierda, un elemento socializante. Por el otro, la mayoría de Macron es relativa, tiene fisuras: varios de sus diputados no votarían la reforma. Y pensaba que tendría el voto de la ultraderecha… La tiene muy complicada».
–¿Por qué, ante tan fuerte oposición, tan diversa, insiste así en el proyecto?
–Es un ideólogo. La imagen de un Macron joven, liberal, moderno, es construida a nivel de comunicación. Es falsa. La «renovación de la política» se tradujo en un mandato catastrófico. Es un neoliberal que encara su último mandato y que, entonces, solo responde al establishment, incluida la UE, en este tema y en otros que tienen que ver con derechos. La reforma no conlleva motivos económicos.

Inviernos calientes
El 24 de noviembre de 1995 se desató una huelga en toda Francia, liderada por ferroviarios. Bloqueo de trasporte, energía, refinerías y otras acciones: hasta un gran festival ante la Ópera de París con final de El lago de los cisnes interpretado por las bailarinas en huelga… Se levantó el 15 de diciembre, cuando el Gobierno de Alain Juppé desistió de impulsar el proyecto. Fue la huelga más prolongada hasta 2020.
El sol del jueves 5 de diciembre de 2019 entibió la acción de 30 sindicatos franceses, otra vez liderados por los ferroviarios (SNCF) que, en cada jornada de lucha, detuvieron a un país que algunos meses antes se había sacudido por el sorprendente y multitudinario movimiento de Chalecos Amarillos. El 27 de diciembre se contaron 800.000 manifestantes. «Preferimos perder unas navidades que nuestras pensiones», le respondieron los sindicatos a Macron que procuraba una tregua por las fiestas. «El robo del siglo», fue el lema central. La tensión se prolongaba pero el mundo cambió por esas horas. El proyecto de ley iba a presentarse el 22 de enero de 2020. El jueves 24 se confirmó el primer caso de COVID-19 en Francia (y en Europa), en Burdeos: la vertiginosa irrupción postergó la discusión sobre la reforma previsional, envuelta en la bruma del drama sanitario.
2023: inflación, reformas laborales, crisis sanitaria y energética, paros de médicos. Tanto la combativa CGT francesa como la negociadora CFDT (Confédération française démocratique du travail), llevaban meses de confrontación con un Gobierno que en mayo de 2022 arrancó su segundo mandato con la promesa de reabrir el debate previsional. La parisina Élisabeth Borne, 61 años, influyente primera ministra, encargada de la enérgica campaña, oscila en invitaciones a la negociación y signos de inflexibilidad.
Laurent Berger, líder del CFDT y el de la CGT, Philippe Martinez, esta vez coincidían: «Si la primera ministra no entendió el mensaje, se lo diremos más alto y fuerte». Lo dijeron tras la manifestación del jueves 19, con dos millones en las calles, cuatro días antes del postergado ingreso del proyecto en la Asamblea Nacional. «Con Macron ya no tendremos una vida de trabajo sino una muerte trabajando», adujo Fabien Roussel (comunismo francés). Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa, la izquierda que tomó inusitada consideración en las últimas elecciones) calificó las marchas como «una forma de insurrección ciudadana, que no vemos a menudo». Las miradas, las dudas, las presiones apuntan a cómo se comportará su bancada, cuando el remozado texto de la reforma se presente en la Asamblea.
En Alemania, España y el Reino Unido la edad jubilatoria redondea los 65 años (60 en mujeres); 66 en Países Bajos y 67 en Italia. Macron procura subir dos años la edad límite (62 a 64) con 43 años de aportes. Se inspira en el modelo sueco: la edad está fijada en 65 años y pasaría a los 67 en 2026; una parte de la jubilación la asume el Estado y otra, el sistema complementario. Lo que no dice Macron pero sí explica Ole Settergren (Oficina Sueca de Pensiones) es que en ese país «hay casi el doble de mayores de 65 que viven bajo el umbral de la pobreza, que en Francia». Lo corrobra Eurostat: el 16,1% en tierra escandinava; el 9,5% en la de Napoleón.
¿El proyecto se debatirá en la Asamblea? Macron necesita 289 votos sobre 577. La oposición presentaría unas 7.000 enmiendas. Solo Francia Insumisa, unas 6.000: su proyecto, contracara del oficial, propone jubilación a los 60 años y una pensión mínima de 1.600 euros. Hoy, es de 1.389 euros brutos.