12 de febrero de 2016
Sin reformas a la vista y con una continuidad de políticas fallidas, el sistema carcelario de la provincia atraviesa una crisis desde hace décadas. Hacinamiento, problemas edilicios y violencia.
Olmos. Cercana a La Plata, es una de las 54 unidades penales de la provincia. El sistema cuenta con más de 19.000 agentes. (Dyn)
Los gobiernos pasan, el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires (SPB) queda. Ese parece ser el lema de una institución que no ha sido reformada desde 1983 hasta la fecha. Y que, por lo general, mantiene su actividad en las sombras, salvo cuando surge algún caso escandaloso, como la reciente fuga de los tres condenados por el triple asesinato en General Rodríguez. Pasado el show mediático, el SPB vuelve a sus actividades habituales. Consisten en un maridaje entre corrupción y violación de los derechos humanos, según los especialistas en política carcelaria consultados por Acción, que también dieron su mirada sobre qué debería cambiar y cuáles son los efectos de la emergencia penitenciaria declarada por la gobernadora María Eugenia Vidal.
Una breve historia del SPB debería comenzar con su creación en plena dictadura cívico-militar, el 9 de junio de 1978, con el nombre de Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Según su ley orgánica, tiene como función «la custodia y guarda de los procesados y la ejecución de las sentencias privativas de libertad, como así toda otra que se lo imponga por leyes, decretos y resoluciones». Una institución que nació consustanciada con su época: la escuela de penitenciarios incluía en ese entonces contenidos como «quebrantamiento del orden tradicional. La sinarquía. El marxismo. El populismo. La subversión contra la democracia. Guerra revolucionaria comunista. Guerra contrarrevolucionaria». Desde el regreso de la democracia, gobernadores de distintas orientaciones declamaron su intención de hacer una reforma estructural del sistema, pero ese objetivo nunca se alcanzó. Algo que diferencia al SPB de la Policía Bonaerense, que desde el gobierno de Raúl Alfonsín tuvo 34 purgas y varios cambios de estructura, aunque sin resultados alentadores. El SPB reaparece cada tanto en las noticias cuando alguna de las violaciones de derechos humanos alcanza un grado inusitado, como ocurrió con la Masacre de Magdalena de 2005, cuando 33 presos alojados en esa cárcel murieron asfixiados o quemados. El jefe de Servicio en ese entonces era Fernando Díaz, a quien Vidal eligió para conducir la nueva etapa del SPB.
¿Por qué nunca se pudo modificar decisivamente al SPB? Los especialistas en el área ensayan distintas respuestas. Para el abogado Leandro Halperín, mucho tiene que ver que «la sociedad no presiona para que eso suceda y a la dirigencia de la provincia de Buenos Aires le ha sido funcional mantener el statu quo. El problema es que la solidificación del funcionamiento del servicio penitenciario es perjudicial para los presos, para los que trabajan en la prisión y para la sociedad que sabe que de la cárcel se sale peor de lo que se entra». Según Roberto Cipriano, director del Comité contra la Tortura –que realiza un informe anual sobre la situación de las cárceles bonaerenses–no existe decisión política para hacerlo. «La cárcel resulta funcional a la construcción social-mediática hegemónica, que instala que el tratamiento que debe dispensarse a los pibes que capta el sistema penal es más tortura y más muerte. Tanto Ruckauf como Scioli, construyeron discursos de campaña centrados en la idea de guerra a la delincuencia», advierte Cipriano, quien indica que existe un pacto entre los políticos y los penitenciarios: «No se meten con los negocios y el funcionamiento de las fuerzas, y las fuerzas garantizan que no se presenten grandes problemas o problemas de impacto público».
Los números del horror
El SPB tiene 54 unidades penales y cuenta con 19.422 agentes. En esas cárceles –a las que habría que sumar el hacinamiento en las comisarías– hay 32.507 presos. La cantidad de personas detenidas viene en aumento desde 2013. Un 60% de los que están en esa situación no tienen condena. Los informes anuales del Comité contra la Tortura y la Comisión Provincial de la Memoria dan cuenta de la violación sistemática de los derechos humanos en las prisiones. En su último informe, señalan que durante 2014 entrevistaron a 866 víctimas que denunciaron 3677 hechos de tortura o malos tratos, lo que da un promedio de 4 hechos por víctima en solo dos meses. En total, el Comité contra la Tortura relevó en los últimos dos años 18.695 hechos de tortura que van desde golpes y aislamiento extremo a mala atención médica, falta de alimentación, condiciones inhumanas de detención y traslados permanentes y arbitrarios.
El Comité, que forma parte de la Comisión de la Memoria, fue creado en 2002 con el objetivo de monitorear lugares de detención y prevenir y denunciar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. A la intervención respecto de la violación masiva de derechos en los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires (cárceles, comisarías e institutos de menores), se agregan los casos de abuso policial en general. Además, este organismo pretende incidir en las políticas públicas vinculadas con al sistema penal, penitenciarias, de seguridad y de niñez y adolescencia, promoviendo su adecuación a los estándares constitucionales e internacionales.
Batán. La precariedad de las instalaciones, un grave problema en las cárceles. (Agencia Andar)
Otro de los aspectos que son analizados y controlados es la situación edilicia de las cárceles, que, según informan, es cada vez peor, pese a los continuos anuncios de obras: hay tendidos eléctricos destruidos, filtraciones, servicios de agua y cloacas colapsados dado que se aumentó el cupo de cada cárcel por la vía de sumar camastros a las celdas. Cipriano coordina desde hace 12 años estos informes y no duda en hablar de «una práctica sistemática de tortura. No hay lugar de no tortura. El sistema aloja a 34.000 personas en poco más de 18.000 plazas. La sobrepoblación excede al 85% del sistema». «En la cárcel bonaerense no se come, salvo que los asistan los familiares o la ranchada de los presos. Los medicamentos en general, cuando hacemos recorridas, están todos vencidos. Y hay un proceso de medicar con psicofármacos que genera un conflicto regulado», indica la socióloga Alcira Daroqui, quien forma parte del Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani. En las inspecciones del Comité contra la Tortura, encontraron que las despensas de las cárceles de Olmos, La Plata, Magdalena y las de Florencio Varela estaban completamente vacías, pese a que tienen un presupuesto para alimentar a los presos.
Detrás de las violaciones a los derechos humanos, hay una corrupción endémica. «La corrupción estructural, que además de ocasionar perjuicio al Estado, deteriora las condiciones de detención y se constituye también como método de tortura. Se roban todo, la comida de los detenidos, la medicación que debe llegarles, los elementos de limpieza o higiene», enumera Cipriano. «Ningún gobierno publicó detalladamente los presupuestos del SPB. No lo hizo el gobierno de Scioli y no creo que lo haga el actual», indica Daroqui. Cipriano señala que «todos estos elementos están relacionados y deben verse de manera integrada, cada uno necesita del otro para reproducirse y seguir generando dolor. La cárcel no está para resocializar a nadie: son depósitos humanos donde van a alojarse para disciplinar o neutralizar a los sectores sociales excluidos».
¿Cómo cambiar?
Para Halperín, cualquier reforma debe empezar por «finalizar el autogobierno del servicio penitenciario, para ello es fundamental separar y delimitar claramente los momentos de intervención de las áreas de seguridad y tratamiento, a la vez que debe promoverse la creación de un área de control con igual o superior jerarquía que las anteriores». Cipriano considera que dicha reforma debería incluir también a la Policía y al Poder Judicial. «Mucho de lo que pasa no sucedería si los jueces, fiscales y defensores cumplieran con su mandato legal de controlar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos que pasan ante sus escritorios y de las que se desentienden», advierte. Entre otras medidas, plantea la desmilitarización del SPB, mayores controles externos y separar la salud penitenciaria del Ministerio de Justicia. Daroqui indica que se deberían construir cárceles para remplazar las actuales y no para seguir sumándolas.
La única medida conocida por parte del nuevo gobierno bonaerense fue la declaración, por decreto, de la emergencia penitenciaria. También se planteó la creación de una comisión de especialistas que iban a pensar un proyecto de reforma. Consultados por Acción, los funcionarios bonaerenses dijeron no tener novedades sobre la conformación de esa comisión: no se conocen los nombres de sus integrantes, ni los plazos que tendrán para elaborar el proyecto. La emergencia penitenciaria dio vía libre a las compras y contrataciones sin controles, lo que es cuestionado por los especialistas en el área. Ninguno de los entrevistados vio con particular optimismo la declaración de la emergencia penitenciara que hizo la gobernadora Vidal, una medida que ya fue utilizada incontables veces. «Vidal no tomó ninguna medida. Habilitó a que el gobierno haga compras y gastos corrientes sin pasar por los controles ordinarios. Esa no es una medida de política penitenciaria. No veo ninguna política específica sobre el tema», indica Marcelo Sain, especialista en cuestiones de seguridad y extitular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Sain recuerda que Vidal «gestionó con el sciolismo hasta que fue la fuga. Hizo un acuerdo con el sciolismo. Siguieron el secretario de Política Criminal César Albarracín y la directora del SPB, Florencia Piermarini. Así que es mentira que fue un vuelto porque ella preveía una purga». De hecho, los dos exfuncionarios sciolistas iban a ser beneficiados con un cargo en el Poder Judicial hasta que el escándalo obligó a Vidal a frenar esos nombramientos.
—Werner Pertot
