8 de enero de 2016
Un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño facultó a la policía para pedir documentos a particulares sin motivo de sospecha, una decisión que configura un claro retroceso en materia de derechos civiles. El citado tribunal así lo dispuso luego de revocar 2 fallos de la Justicia en lo Penal y Contravencional que había anulado un operativo realizado en Constitución donde un joven sin documentos fue detenido al admitir que portaba un arma de fuego. Pese a que el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, explicara que «la policía no puede pedir documentos por portación de cara», el dictamen del TSJ generó polémica y fuertes rechazos. Para Juan Cruz Campagnoli, legislador porteño, la decisión del tribunal «contribuye a la estigmatización y avala prácticas de discriminación», a la vez que «se enmarca en el giro autoritario que ha adoptado el Estado». El abogado constitucionalista Daniel Sabsay repudió el fallo desde Clarín al señalar que «se trata de un exceso en el ejercicio del poder de la policía, sin que existan garantías que impidan detener los abusos y, sobre todo, la discriminación en la que se pueda incurrir».
