29 de junio de 2022

«Hace 50 años que no pensaba en esto», dijo el marino retirado Roberto Bravo al sentarse frente a la jueza y al jurado integrado por siete varones y siete mujeres que tendrá que decidir si debe pagar por la demanda civil que presentaron cuatro familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew, donde fueron fusilados 16 presos políticos en 1972, bajo la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura, que permite juzgar a quienes ejecutaron estos crímenes en otros países. En el juicio, que se realiza en Estados Unidos, el represor dio una versión de los hechos en las que abundaron las contradicciones. Bravo insistió en la falsa versión de que hubo un intento de fuga, que los presos no eran «boy scouts» y que una semana antes habían protagonizado una fuga desde un penal de máxima seguridad. El represor, que reconoció que «abrió fuego», sostuvo sobre el fusilamiento de 16 hombres y mujeres desarmados: «Fue un instante, fue una tragedia». Bravo, de 80 años, continúa declarando este miércoles.