16 de mayo de 2022
La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU de asegurar que el exjuez Sergio Moro fue parcial al momento de juzgar al expresidente Lula da Silva debería tener un gran impacto a nivel regional. La campaña de desprestigio contra Lula no solo incidió en su condena a prisión efectiva que le impidió ser candidato, sino que también contribuyó a generar una corriente de opinión regional a favor de Moro y en contra de Lula. Jair Bolsonaro, que claramente se vio favorecido al estar Lula en la cárcel, designó a Moro ministro de Justicia y este, pensando que había tocado el cielo con las manos, se despegó luego de Bolsonaro para lanzar su candidatura presidencial; la que tuvo que abandonar porque las encuestas lo habían hecho caer cuesta abajo.
La afirmación del Comité ratifica la existencia del lawfare, aun sin nombrarlo. La palabra en inglés no tiene una traducción literal adecuada al castellano, pero su significado es claro. El lawfare es la utilización del Poder Judicial, por parte de los sectores históricamente más poderosos articulados con los grandes medios, para destruir dirigentes políticos progresistas. En la Argentina quienes se oponen al kirchnerismo suelen decir que el lawfare es un invento de Cristina Fernández para negar los casos de corrupción como si se tratara solo de un fenómeno argentino. El caso contra Lula, sumado a la persecución contra Rafael Correa en Ecuador y otros líderes progresistas regionales, es la cabal demostración de que la persecución política ha cobrado nuevas formas, mucho más difusas e intrincadas que los golpes de Estado del siglo XX. Lula siempre proclamó su inocencia y rechazó las sugerencias de exiliarse. Los avales internacionales también lo motivan, y ahora va por la revancha.
Activo. Discurso del expresidente en un acto junto al candidato a gobernador del estado de Bahía, Jeronimo Rodrigues, en marzo.
MARTINS/AFP/DACHARY