18 de abril de 2022

Manuel Alfieri

En medio de conflictos internos y sin apoyos en el Congreso, el presidente Lasso anunció que gobernará por decreto. Resistencia a su programa neoliberal.

Salvo por la reciente clasificación a la Copa del Mundo de la mano del «profesor» Gustavo Alfaro, Ecuador tiene poco para festejar por estos días. De reciente visita en Argentina, donde se reunió con su par, Alberto Fernández, en la búsqueda de afianzar el vínculo bilateral, el presidente Guillermo Lasso vive días complicados. El país atraviesa una crisis política en ascenso que el mandatario no puede disimular ni con los buenos resultados de la selección tricolor ni con fotos en giras por Sudamérica. Con una cada vez más diezmada popularidad, enfrentado con el Congreso y obligado a aceptar la renuncia de algunos de sus colaboradores más estrechos, el debilitado mandatario –que no lleva ni un año de gestión– anunció que comenzará a gobernar por decreto y «sin considerar que existe la Asamblea Nacional» para poner en marcha su paralizado programa de gobierno.
Las palabras de Lasso –paradójicas para alguien que se dice republicano y que siempre criticó al correísmo por su supuesto autoritarismo– aparecieron en los medios a fines de marzo, después de que el Congreso ecuatoriano rechazara la llamada Ley de Inversiones, que el Gobierno había propuesto, según dijeron sus principales espadas legislativas, para reactivar la alicaída economía nacional. La oposición, sin embargo, alegó que la iniciativa promovía la privatización de empresas públicas, por lo que votó en contra y echó por tierra el proyecto. No fue la primera ley impulsada por el oficialismo que bochó la Asamblea Nacional: desde la llegada de Lasso al poder, en mayo de 2021, sus principales planes de reforma –en materia fiscal, laboral, de educación y de seguridad– quedaron archivados en los cajones del Parlamento. Siempre por el mismo motivo: su carácter profundamente impopular.
La debilidad legislativa de Lasso se explica por un motivo muy sencillo: los resultados de la primera vuelta presidencial del año pasado, en la que obtuvo el 19% de los votos, lo que le brindó apenas 13 de las 137 bancas de la Asamblea. Mucho mejor posicionados quedaron el correísmo (49 escaños) y el partido indigenista Pachakutik (27), socios ocasionales, junto con otras fuerzas políticas de izquierda, a la hora de ponerle un freno a los proyectos oficiales.
Ofuscado por la actitud del Congreso, Lasso disparó con artillería pesada. Dijo que a los legisladores «no les importa el Ecuador», que solo priorizan «sus negocios personales» y que lo único que pretenden es «bloquear al Gobierno nacional». De ese modo justificó el uso de cualquier tipo de herramienta institucional –no solo decretos, sino también consultas populares– para sortear el filtro del Congreso y sacar del freezer a su Gobierno.
Pero esa no es la única opción que Lasso baraja para recuperar la iniciativa política. En última instancia podría utilizar el mecanismo de «muerte cruzada», una prerrogativa del Poder Ejecutivo que implica barajar y dar de nuevo: le permite disolver el Congreso y gobernar por decreto durante tres meses, pero con la condición de llamar posteriormente a elecciones legislativas y presidenciales. Se trata de una arriesgada jugada que el presidente amenazó con implementar el año pasado, cuando todavía estaba fortalecido políticamente, pero que se fue volviendo cada vez más lejana a medida que sus índices de popularidad empezaron a caer en picada.
La negativa a usar ese mecanismo y la disputa con el Congreso provocaron rispideces dentro del Gobierno e incluso varias renuncias. La más importante fue la de Alexandra Vela, ministra de Gobierno, por «no coincidir con la política establecida» por Lasso «para enfrentar la crisis agudizada por la Asamblea de Ecuador». En su reemplazo asumió Francisco Jiménez, quien supo ser funcionario de Rafael Correa, por lo que su designación supone un intento por tender puentes al otro lado de la grieta ecuatoriana. En particular, con el partido mayoritario, Unión por la Esperanza (UNES), presidido en la Asamblea por Pierina Correa, hermana del expresidente.

De manual
Pero las políticas aplicadas hasta ahora por Lasso no solo encontraron resistencia en el ámbito parlamentario, sino también en las calles: el año pasado, a poco de arribar al Palacio de Carondelet, se desataron fuertes protestas por su decisión de aumentar el precio de los combustibles. Los manifestantes denunciaron el «afianzamiento de las políticas neoliberales» y también el intento por privatizar el sector energético, en particular la empresa estatal Petroecuador. La respuesta del Gobierno fue una dura represión policial.
La gestión de Lasso es una continuidad –y un intento de profundización– del proyecto neoliberal iniciado por el expresidente Lenin Moreno en 2017, cuya gestión estuvo marcada por las políticas de ajuste, el acercamiento con Estados Unidos y un gran acuerdo con el FMI. Compromiso que Lasso renovó en 2021 con la recepción de un crédito de 1.500 millones de dólares para lograr, según dijo, la anhelada reactivación económica. A cambio, por supuesto, de aplicar el tradicional libreto del Fondo: reforma laboral, apertura de la economía, recortes en materia social y déficit cero.
Al no hallar aliados en casa para implementar un plan tan antipático, Lasso decidió buscarlos afuera. El presidente, que cobró fama en los 90 como titular de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador, ya mantuvo varias reuniones con funcionarios de primer nivel de la Casa Blanca para recibir ayuda en la lucha contra el narcotráfico y cerrar un tratado de libre comercio. Hace poco también firmó la reincorporación de su país al CIADI del Banco Mundial, institución con sede en Washington que Ecuador había abandonado en 2009. A nivel regional hizo buenas migas con el derechista Iván Duque, presidente de la vecina Colombia, con la intención de lograr la adhesión plena a la Alianza del Pacífico.
Sin embargo, esa estratégica red internacional de alianzas no alcanza para compensar –ni ocultar– el difícil momento que atraviesa el país. Según datos oficiales, el 48% de los ecuatorianos es pobre y el 30% es afectado por el subempleo o el desempleo. En paralelo se desarrolla una crisis de seguridad con constantes amotinamientos en cárceles, crecimiento del número de asesinatos y expansión del crimen organizado. Por si fuera poco, la imagen de Lasso quedó salpicada por la aparición de su nombre en los Pandora Papers, lo que desencadenó el inicio de una investigación para poner la lupa sobre 14 sociedades offshore que el mandatario tendría en Panamá.
Los manuales de Ciencia Política indican que un presidente aislado, enfrentado con el Congreso, que no cuenta con un escudo legislativo para protegerse de eventuales juicios políticos, con escándalos de corrupción en su contra y un clima social caldeado, corre serio riesgo de no terminar su mandato. Se trata, según la teoría, de un combo letal que puede poner contra las cuerdas a cualquier líder político. Incluso a aquellos que, como Lasso, creen que pueden gobernar en total soledad.