6 de abril de 2022

Alberto Ferrari

Avanza un proyecto de exención de patentes relacionadas con el COVID. ¿Democratización del acceso a la salud o «lavada de cara» para la industria?

Después de 18 meses de la presentación conjunta de Sudáfrica e India para suspender las patentes de medicamentos y tratamientos para el COVID-19 durante la pandemia, y de incontables y estériles debates en el Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), la Organización Mundial de Comercio (OMC) anunció que ha alumbrado un acuerdo que –bajo rígidas condiciones– autoriza a los Gobiernos a emprender la fabricación de versiones genéricas de las vacunas, sin negociar las licencias con sus titulares.
Para la industria multinacional es una propuesta «equivocada y obsoleta» que debilita la propiedad intelectual. Para las asociaciones globales que bregan por el acceso a los medicamentos, en cambio, se trata de un «lavado de cara» de Estados Unidos y la Unión Europea.
El texto fue consensuado por el «cuarteto» integrado por Estados Unidos, la UE, India y Sudáfrica, constituido a fines del año pasado, precisamente para superar el estancamiento. El proyecto debe ser sometido a la aprobación de los 164 países miembros de la OMC, ya que en el organismo las resoluciones se adoptan por consenso. Fuentes de la OMC estiman que será aprobado a más tardar durante la Reunión Ministerial de la OMC suspendida en noviembre por el brote de ómicron y convocada ahora para la semana del 13 de junio.
El texto de ocho artículos con engorrosos tecnicismos establece una barrera para acceder a los beneficios de la exención, pues no podrá ser «país elegible» aquel que durante 2021 haya exportado el 10% o más de las vacunas comercializadas en el mercado global.
Esa restricción deja afuera a China, pero favorece a India, pues el Gobierno de ese país prohibió las exportaciones del Serum Institute (el fabricante de vacunas más grande del mundo) hasta que abasteciera el mercado interno. Sus remesas al exterior se normalizaron recién en octubre. Argentina y Brasil, en cambio, sí podrían ser «países elegibles».
«Este es un gran paso adelante y este compromiso es el resultado de muchas horas largas y difíciles de negociaciones», celebró la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, al anunciar el acuerdo en Ginebra. «Mi equipo y yo hemos estado trabajando arduamente durante los últimos tres meses y estamos agradecidos a los cuatro miembros (del cuarteto) por la difícil labor que han emprendido hasta ahora», agregó.
Pero las felicitaciones y los agradecimientos de la funcionaria nigeriano-estadounidense fueron contrastados inmediatamente por la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA). «Las compañías biofarmacéuticas reafirman su posición de que debilitar las patentes ahora, cuando se reconoce ampliamente que ya no hay restricciones de suministro de vacunas COVID-19, envía la señal equivocada», lamentó el Director General de la entidad, Thomas Cueni.

Poco y tarde
«La exención del Acuerdo sobre los ADPIC no solo es la solución equivocada, sino también una propuesta obsoleta, que ha sido superada por los acontecimientos», enfatizó Cueni. Reforzando la posición que asumió la gran industria farmacéutica desde los inicios de la pandemia, añadió que la propuesta de exención «es una postura política que, en el mejor de los casos, constituye una distracción y en el peor, crea incertidumbre que puede socavar la capacidad de la innovación para dar respuesta actual y futura a las pandemias».
The People’s Vacine, una coalición de más de 90 organizaciones y redes sociales por el acceso universal a los medicamentos, alertó que la propuesta ignora otras barreras de la propiedad intelectual, como los secretos comerciales, y no incluye tratamientos y diagnósticos (como pidió Estados Unidos) que podrían salvar millones de vidas. «En una crisis, las medias tintas no son aceptables», lamentó la coalición.
Public Citizen, un grupo de defensa de los consumidores de Estados Unidos, pidió a los miembros de la OMC que rechacen la propuesta, con el argumento de que sus exigencias son aún más restrictivas que las ya existentes. «Sería un error aceptar prematuramente una exención debilitada que proporciona cobertura política a los Estados Unidos y a la UE sin hacer ninguna diferencia significativa en el aumento del acceso a vacunas, pruebas y tratamiento».
La ONG estadounidense Knowledge Ecology International (KEI) también expresó su inquietud de que la exención puede incluso restringir ciertas flexibilidades que ya están permitidas por el actual Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC): en particular el artículo referido a los derechos de un país a fabricar y exportar versiones genéricas de medicamentos o vacunas durante una emergencia sanitaria.
«Los países están obligados a seguir el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que, por supuesto, es una flexibilidad existente y no nueva, pero con “aclaraciones”», cuestionó el director de KEI, James Love. «Esas aclaraciones vienen acompañadas de nuevas obligaciones que podrían hacer que el artículo 31 sea más restrictivo y oneroso», alertó Love.
El acuerdo provisional propone que los miembros de la OMC deberán decidir en un plazo de seis meses sobre una prórroga para abarcar los diagnósticos y la terapéutica y todavía está en debate la duración de la exención, entre tres o cinco años. Al mismo tiempo, la multinacional Pfizer decidió compartir la licencia de su antiviral Paxlovid (nirmatrelvir), utilizado para tratar del Covid, con 35 laboratorios de genéricos de 12 países.
Nortec Química, de Brasil; NeouPharma, de México y MagnaChem, de República Dominicana, son los únicos elegidos por América Latina. El resto de los países que albergan a las compañías sublicenciadas son India (17 laboratorios), Vietnam, Bangladesh, China, Corea del Sur, Jordania, Serbia, Pakistán e Israel. Ucrania figura como «asignatura pendiente». Las versiones genéricas del nirmatrelvir podrán ser comercializadas en 95 países de bajos ingresos.
Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional, Misión Salud Colombia, Public Citizen y Oxfam, entre un centenar de organizaciones globales, consideraron que la oferta de Pfizer es «demasiado poco y demasiado tarde», pues los genéricos de Paxlovid recién ingresarían al mercado en 2023, ya que Pfizer no transferirá tecnología ni colaborará con los exámenes de bioequivalencia.
Cada dosis de Paxlovid cuesta 530 dólares en Estados Unidos y la UE (el tratamiento demanda cinco píldoras) y Pfizer piensa facturar 22.000 millones de dólares este año con su antiviral de demostrada eficacia para los tratamientos COVID-19.