8 de marzo de 2022

La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó sus investigaciones contra Juan Carlos I pese a admitir numerosos deslices fiscales y administrativos en su contra.
Juan Carlos I podría haber incurrido en la figura del blanqueo de capitales y de cohecho. Pero tales conductas se consideraron prescritas por haberse cometido mientras el imputado gozaba del artículo 56 de la Constitución Española.
El rey emérito, hoy en Emiratos Árabes Unidos, ya no deberá rendir cuentas por la transferencia de 64,8 millones de euros recibida en 2008 en una cuenta secreta que tenía en Panamá. Se sospechaba de un retorno por la adjudicación de obras de un tren de alta velocidad en Arabia Saudita. La Fiscalía, sin poder probar ese nexo, arriesgó que ese dinero pudo ser un «regalo»,  en consideración a la condición de jefe de Estado que entonces tenía.