25 de febrero de 2022
Mientras se cruzan acusaciones desde distintos sectores políticos, los incendios en Corrientes y otras provincias ponen de relieve un problema estructural.
Cuerpo a cuerpo. Bomberos combaten las llamas en un paraje de Corrientes, donde acudieron brigadas de todo el país.
TÉLAM
Las cifras son alarmantes: en lo que va del año los incendios forestales devastaron cerca de un millón de hectáreas en todo el país. Este dato dramático incluye las 800.000 que el fuego ya arrasó en Corrientes y otras 180.000 de 13 provincias. El fenómeno, según los especialistas, es atribuible al cambio climático, sin embargo, más del 90% de los incendios, de acuerdo con un estudio de la organización internacional World Wildlife Found (Fondo Mundial para la Vida Silvestre, WWF), son provocados por el hombre. A través de torpezas y descuidos o voluntariamente para el aprovechamiento de las tierras o incluso renovar pasturas, una práctica muy común en ciertas regiones. Es así que el Ministerio Público Fiscal correntino inició más de 70 causas por denuncias de incendios provocados. Como sea, todo parece indicar que salvo las mínimas intervenciones de la naturaleza a través de sus ciclos normales (La Niña en este caso) o la caída de algún rayo, para el resto de los incendios la mano del hombre no es inocente.
En torno de la crisis correntina, concretamente, el debate político y mediático se centró más en quién es responsable de una situación por momentos totalmente fuera de control. De tal manera que, en la Cámara de Senadores, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Juan Cabandié debió responder más sobre el viaje a Barbados con el presidente Alberto Fernández mientras el fuego comenzaba a avanzar. Desde el oficialismo nacional, veladamente daban cuenta, por su lado, de dónde vacacionaba el gobernador radical Gustavo Valdés cuando se desataba la tragedia. Como suele ocurrir, tampoco faltaron acusaciones de que el Gobierno nacional no acudió con rapidez para colaborar con el provincial. Mientras tanto, en el fondo de la escena, brigadistas de todo el país y hasta de Bolivia trataban de controlar los focos ígneos de manera desesperada y a riesgo de su propia vida.
Para colmar el vaso, el debate saltó a los medios en modo de crítica al rol del Estado en circunstancias como esta. La colecta de un «influencer», Santiago Maratea, para los damnificados se sumó a los aportes solidarios de muchos ciudadanos y a donaciones de entidades rurales de todo el país. Para los medios que hegemonizan el discurso neoliberal, la respuesta individual superó a la supuesta desidia estatal.
El tema de fondo sería, sin embargo, por qué ocurren los incendios que se vienen sucediendo desde hace algunos años y cómo se les puede poner freno. En un escenario de imputaciones cruzadas, lo que queda como corolario es que poco y nada se hace por determinar las causas y poner en marcha respuestas adecuadas.
En octubre pasado, un documento de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) advirtió que no compartían la posición del Gobierno argentino en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 26) que se desarrolló en Glasgow. «Nos ocupa y preocupa que las propuestas de técnicos y funcionarios nacionales solo sean restringir actividades, reducir el stock ganadero, limitar el cambio de uso del suelo, sin mostrar los fundamentos que llevan a estos cálculos», escribieron.
Contradicciones
El 11 de febrero pasado, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) manifestó su «preocupación ante la catastrófica situación que viven los productores en las provincias del litoral argentino como consecuencia de los fenómenos climáticos que azotan la región» y reconoció que «las alteraciones producidas por el cambio climático no son un fenómeno eventual, por lo que se sabe que no alcanza con las declaraciones de emergencia». En un documento reclamaron a autoridades nacionales y provinciales «que pongan a disposición de los productores herramientas modernas para combatir estos flagelos y un eficiente apoyo financiero e impositivo para recuperar el capital de trabajo que permita reencauzar la actividad productiva». Diez días más tarde, la Sociedad Rural Argentina, una de las organizaciones firmantes del pedido de auxilio estatal, presentó un recurso de amparo ante la Justicia federal de Córdoba para que «cese el cobro de retenciones» a la exportación de productos agropecuarios por entender que como no se aprobó la Ley de Presupuesto 2022 ese impuesto no tiene sustento legal.
Otra contradicción entre el discurso y los hechos surge del desastre que se registra en los Esteros del Iberá, el humedal más grande del país y uno de los más importantes del planeta. Las imágenes de especies nativas huyendo del fuego resultan escalofriantes. «Son la última muestra en América del Sur de pastizales subtropicales en buen estado de conservación en grandes extensiones», resumió en un comunicado la Fundación Rewilding Argentina. «Además de los múltiples beneficios ecosistémicos y económicos que aportan, son el lugar ideal para reintroducir especies extintas localmente», concluye la ONG.
Pero este año volvió a caer –por tercera vez– el proyecto de Ley de Humedales, destinada a la protección de esos recursos. El Senado de Corrientes había rechazado la sanción ya en 2020 «por las implicancias negativas que esos proyectos deparan hacia el sistema productivo» y la Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes indicó entonces que «no existen evidencias objetivas que demuestren algún daño provisorio o irreparable sobre los humedales de Corrientes a pesar de convivir con actividades productivas y culturales desde hace más de 300 años. (…) Por lo cual es inoportuno, inconveniente e innecesario aprobar algún proyecto de ley con tales características».
Otra cámara empresaria, la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), reclamó en este contexto «un nuevo abordaje al drama de la sequía, los incendios forestales y el impacto del cambio climático en un sector que genera 100.000 empleos» en todo el país y que exporta por valor de unos 700 millones de dólares. La otra cara de este reclamo viene por parte de Irene Wais, bióloga por la UBA y ecóloga por la Universidad de Oregon, Estados Unidos, y la UNAM de México, además de docente en la Universidad del Salvador. En un artículo para Perfil, Wais señala que reemplazar ecosistemas naturales por especies arbóreas exóticas como el pino y el eucalipto provenientes de EE.UU., Canadá y Australia, todas ellas resinosas –con su alta y persistente combustibilidad– y con una demanda de agua importante por su rápido crecimiento, «deja una huella hídrica enorme en el área donde se implantan».
Wais muestra una postal del drama que el país vive desde hace varios años pero ahora estalla en Corrientes. «La provincia de más agua de la Argentina, la de los esteros por excelencia, cubierta por llamas, humo y cenizas. Y no solo en los humedales secos, también en las riberas de los arroyos y ríos, en los bosques, en las selvas ribereñas en galería e, incluso, en los amenazados campos sembrados y malezales».
