10 de junio de 2015
El comercio ilegal de animales para ser usados como mascotas o vendidos a coleccionistas pone en peligro a decenas de especies autóctonas. La vigilancia del Estado y el papel de los zoológicos.
Aeropuerto de Ezeiza. 247 ejemplares, en su mayoría reptiles, fueron descubiertos por la Policía Aeroportuaria en una valija que estaba por ser embarcada en un vuelo hacia Madrid. (Télam)
Dantesco… Así podría definirse el recorrido por el subsuelo de este edificio público ubicado en el microcentro porteño. La cabeza y el cuello de una jirafa taxidermizada hallada en una galería del barrio de San Telmo donde se exhibía para su venta. Un puma embalsamado, confiscado en Ezeiza, que un turista europeo pretendía llevarse como recuerdo de su paso por estas tierras. Yaguaretés y mulitas en idénticas condiciones de conservación. Y los despojos (plumas, colmillos y caparazones) de los animales más variados que integran nuestra fauna. Un poco más allá, cientos de abrigos de piel, secuestrados en peleterías, forman un interminable laberinto de terror, colgados a lo largo de una cámara frigorífica. La visita a los depósitos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación no es recomendable para personas sensibles o impresionables.
Allí se almacena lo que se incauta en los procedimientos y decomisos que la Dirección de Control y Fiscalización de Fauna realiza cuando se denuncia una violación a la Ley 22.421. Esta norma protege y regula el comercio interprovincial e internacional de productos de fauna silvestre, como también la caza, hostigamiento, captura o destrucción de crías, huevos, nidos y guaridas, tenencia, aprovechamiento, posesión, comercio, tránsito, transformación y producción de animales de la fauna silvestre, sus productos y subproductos. Están amparados por esta ley los animales que viven libres e independientes del hombre en ambientes naturales o artificiales y también aquellos animales salvajes que viven bajo control del hombre, en cautiverio o semicautiverio. Está prohibido el comercio de cualquier ejemplar que cumpla con estas condiciones, excepto aquellos provenientes de planes de manejo aprobados o de criaderos habilitados que acrediten la documentación correspondiente.
Sin embargo, aunque existe esta ley nacional, son las provincias las que deciden cómo manejar sus propias riquezas. Los recursos naturales dependen del Estado y cada provincia tiene derecho al uso de esos recursos, de los que la fauna es parte integrante. «Esto genera situaciones ridículas como, por ejemplo, que una provincia establezca que el puma sea considerado plaga y la provincia vecina lo declare animal protegido. Es absurdo porque la fauna no conoce límites políticos», explica Carlos Fernández Balboa, representante del área de Conservación de la Naturaleza de la Fundación Vida Silvestre. Y aporta un dato más. Leyes hay, dice, «lo que no hay es suficiente gente con poder de policía, como guardaparques, que las hagan cumplir».
Ya desde que vivía en las cavernas el hombre recurrió a la fauna para satisfacer sus necesidades de comida, abrigo o transporte. Sin embargo, el uso y abuso de estas actividades, la caza, el comercio sin control o la pérdida de sus hábitats llevaron a la desaparición de muchas especies. El guacamayo azul, el chorlo esquimal y el zorro lobo de las islas Malvinas son algunos de los ejemplares autóctonos que integran esa triste lista.
Después de las drogas y las armas, el tráfico de fauna está considerado como el tercer comercio ilegal en el mundo en cuanto al movimiento de divisas. La demanda de especies exóticas crece debido a ciertos factores: la experimentación científica, la alimentación exquisita, el tráfico de coleccionistas y el mascotismo. Estados Unidos, China, Japón, Malasia, Indonesia, Taiwán, Corea del sur, Inglaterra, Italia, Alemania, Bélgica, República Checa y Suecia son los destinos principales.
La Argentina, que tiene uno de los territorios con mayor biodiversidad de la Tierra, cuenta con 529 especies de animales en riesgo de desaparecer por múltiples factores. En cuanto al tráfico, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES –donde nuestro país participa como miembro adherente– estableció que aquí existen 54 especies en peligro de extinción debido al comercio internacional. Entre ellas están los monos, guacamayos, cardenales rojo y amarillo, tucanes, loros y tortugas terrestres. Sí, la tortuga terrestre que, aunque es un animal silvestre, se encuentra en estado vulnerable debido a que se sigue explotando casi en el mismo nivel que en el pasado. Estos reptiles son trasladados en las bodegas de los camiones, donde son transportados, hacinados en cajas de cartón, desde el Chaco o Santiago del Estero hasta las ferias clandestinas de las grandes ciudades o comercios de mascotas.
Educación ambiental
La falta de información es uno de los problemas que se deben enfrentar para evitar el comercio ilegal, ya que no todo el mundo sabe que ciertas especies no pueden ni deben convertirse en mascotas. Pablo Mesa, director nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente, explica la importancia de la educación para diferenciar a los animales domésticos de aquellos que no lo son. «Hay gente que compra una tortuga o un ave y no lo hace por malevolencia, sino que no conoce el proceso que se llevó a cabo para que el animal llegue a sus manos. Desconoce que, por ejemplo, a 100 jilgueros los traen del noroeste argentino en una caja y de esos 100 solo 10 llegan vivos. Y de esos 10, venden 4 y con eso pagaron la caja. Y el consumidor de eso, tal vez no es una persona que no quiera a los animales. Entonces, la educación ambiental es un eje estructurante en este tema en tanto la fauna silvestre no es mascota», afirma el funcionario.
Desde la Secretaría aseguran que, en los últimos años, hubo un aumento exponencial de capturas dirigidas por este organismo. Sin embargo esto no es suficiente para solucionar un tema tan arraigado. «De los animales que nosotros recuperamos, después podemos liberar muy pocos porque, con todo el estrés que han sufrido, con la falta de alimento y la parasitosis que tienen, solo vive el 10%. Y esto ya es una tragedia en sí misma», agrega Mesa.
Es aquí donde entran en juego los zoológicos, para bien o para mal, piezas clave de este entramado. La Secretaría de Ambiente creó el Registro Nacional de Jardines Zoológicos que establece que las instituciones que realicen tránsito interprovincial, importación o exportación de ejemplares de la fauna, deben estar inscriptas. «Como paso previo, personal de la Secretaría verifica haciendo un recorrido por las instalaciones y observando todos los ejemplares silvestres del zoo. Además, estos parques están obligados a presentar informes semestrales con los movimientos que se producen, las altas y bajas», explica Eduardo Álvarez, coordinador de Control y Fiscalización de Flora y Fauna Silvestres.
Por otra parte, los zoológicos son depositarios judiciales y legales de los ejemplares de secuestro cuando autoridades nacionales o provinciales incautan animales y los derivan, para su cuarentena sanitaria, a alguna de estas instituciones. Una vez cumplido el aislamiento, los animales autóctonos son liberados.
Desde hace ya varios años los parques zoológicos están siendo observados y criticados por distintas organizaciones ambientalistas, muchas de las cuales aseguran que algunos de ellos funcionan como especies de «blanqueadores» del tráfico de fauna. «Hay establecimientos que funcionan como tapadera del comercio de animales», asegura Fernández Balboa. Desde la Fundación Vida Silvestre sostienen que, hasta el día de hoy, los zoológicos en la Argentina no han cumplido un rol muy importante para la conservación de las especies y han sido más perjudiciales que beneficiosos. «En otros países estos parques han pagado su culpa por tener muchos animales en cautiverio a través de estudios, investigaciones o programas de reproducción. En el nuestro, es mucho más lo que han tomado de la naturaleza que lo que han devuelto. Si bien en la Ciudad de Buenos Aires hay un programa de los cóndores, que es muy conocido, no es suficiente porque este animal no está amenazado», señala Fernández Balboa.
Al respecto, Álvarez explica que hace años se cerraron algunos zoológicos por irregularidades y otros que hoy están en funcionamiento recibieron multas por infracción a la ley. «Pero no los tomaría como blanqueadores dado que es complicado introducir ejemplares de estas instituciones al mercado, porque nuestros controles, como los de las direcciones de fauna provinciales, son exhaustivos», aclara.
Áreas protegidas
Además de la educación y la toma de conciencia, una cuestión imprescindible para asegurar la supervivencia de las especies es la conservación de la mayor cantidad de áreas protegidas, como parques nacionales y reservas provinciales, públicas o privadas.
La preservación de los espacios naturales y del bosque nativo es un tema fundamental. Y el otro aspecto tiene que ver con el uso sustentable de la biodiversidad. «La fauna silvestre es un recurso natural renovable y el uso de ciertas especies permite generar empleo genuino y acciones dentro del territorio con las comunidades que, a su vez, preservan la fauna», explica Mesa. Por ejemplo, hace unos años, en el corazón de El Impenetrable chaqueño, se puso en marcha el programa del «Loro hablador». Antes, para obtener pichones de loros habladores y venderlos como mascotas, se cortaban los árboles a hachazos. Con picos de extracción de más de 75.000 loros exportados en un año, el uso de este sistema durante décadas ocasionó un peligro tanto para la supervivencia de estas aves como para la de los montes de algarrobos.
«Con el programa del Loro Hablador se enseña a las comunidades a contabilizar huevos y a recolectar para vender solo los loros mayores, para permitir que los pichones crezcan y se reproduzcan. Y, a la vez que se protege a esta especie, se evita que haya alguien parado en la ruta vendiendo un mono a 15 pesos. En este tema, es fundamental la colaboración de la gente que vive en los bosques», dice Mesa.
«Las provincias del norte son las más castigadas porque tienen mayor diversidad de fauna y, además, la gente está en una situación de pobreza pronunciada. Entonces, recurren a la naturaleza para paliar sus necesidades económicas. Pienso en aquellas personas que cazan un animal para venderlo en la ruta o que capturan para comer. Este es un tema ético muy grave y es lo que llamamos caza de subsistencia. Ahí hay que trabajar para brindar alternativas y enseñar a recolectar en lugar de cazar», concluye Fernández Balboa.
—Florencia Vidal
