21 de diciembre de 2021
Multitudinarias movilizaciones lograron torcer la voluntad del gobernador y una empresa canadiense plasmada en una ley sancionada el 15 de diciembre.
Rawson. Una vez más, el pueblo chubutense ratificó su decisión de no permitir el avance de los intereses extractivistas en su territorio.
TÉLAM
Una espada de Damocles que pendía desde 2003 sobre el pueblo de Chubut cayó estrepitosamente el pasado 15 de diciembre en el recinto de la legislatura provincial. Con un resultado de 14 votos a favor, 11 en contra y 2 ausencias se aprobó la Ley de Zonificación minera que iba a habilitar el ingreso de la megaminería metalífera a la provincia, luego de casi 20 años de resistencia a esa actividad extractiva por parte de la mayoría del pueblo chubutense. En una sesión inesperada y con un tratamiento exprés, la suma de nueve legisladores del bloque de gobierno de Mariano Arcioni (Juan Pais, Roddy Ingram, Graciela Cigudosa, Emiliano Mongilardi, María Cativa, Carlos Gómez, Gabriela De Lucía, Mariela Williams y Pablo Nouveau), junto a dos diputadas del Frente de Todos (Adriana Casanovas y Mónica Saso) y tres legisladores de otros bloques (Tatiana Goic, Carlos Eliceche y Sebastián López) fue suficiente para malversar el sentido de la Ley 5001, que había coronado la lucha del pueblo de Esquel en el año 2003 y que protegió a Chubut de ese saqueo estas dos décadas.
Una vez más, se impuso la resistencia contra la embestida minera. En la tarde del lunes 19 de diciembre, tras una decena de multitudinarias movilizaciones en toda la provincia y jornadas de protestas duramente reprimidas que también incluyeron desmanes por parte de algunos manifestantes, el gobernador Mariano Arcioni anunció en un mensaje público el envío de la ley de derogación del proyecto aprobado cinco días antes y el anuncio de un llamado a plebiscitar la decisión de aceptar o no la megaminería.
Una vez más, el pueblo de Chubut volvió a ratificar su firme decisión de no permitir el avance de los intereses extractivistas mineros en su territorio y le subió la apuesta al Gobierno. Los chubutenses exigen que no haya plebiscito porque sus argumentos son sólidos y no quieren que se traslade la responsabilidad de una posible mala decisión al pueblo, a la vez que reclaman el tratamiento de la Ley de Iniciativa Popular presentada y destratada dos veces, con la que pretenden reemplazar la ley actual, para mejorar su estatus de protección y ampliar sus alcances en función de los nuevos conocimientos.
El abandono al que fue sistemáticamente sometida la zona que se pretende establecer como región de sacrificio durante las últimas décadas y la pretensión de ilusionar a sus habitantes con promesas de empleo no fue suficiente para que la empresa trasnacional canadiense Panamerican Silver, dueña del Proyecto Navidad, enclavara su poderío saqueador en esta parte de la Patagonia, mediante la explotación de uno de los proyectos más grandes del mundo de extracción de plata y plomo.
Tampoco pudieron la empresa y el Gobierno provincial convencer a los ciudadanos de ninguna de las justificaciones de control ambiental, ausencia de contaminación o perspectivas de desarrollo real y sustentable. No hubo un solo argumento técnico, científico, económico, ambiental o social que no haya sido desarmado por el conocimiento de los vecinos, que desde hace años siguen el desarrollo de este tipo de actividades en todo el mundo. En esta época de cambio climático la escasa disponibilidad de agua dulce que sufren varias zonas de la provincia, especialmente donde se pretende instalar el proyecto, se constituyó en una razón muy palpable para miles de chubutenses que se plegaron al rechazo.
Esta nueva derrota del extractivismo minero en nuestro país ocurre en el marco de una variable de la macroeconomía que el Fondo Monetario Internacional pretende imponer en la negociación sobre la deuda que la Argentina asumió irresponsablemente durante el Gobierno de Mauricio Macri: la necesidad de ampliar la tasa de inversión extranjera en el PIB que hoy alcanza al 15% y que el poder financiero estima necesario elevar al 25%. Los 1.200 millones de dólares que Panamerican Silver iba a invertir con la certeza de recuperación rápida por utilidades sumadas al beneficio que le otorga el actual andamiaje legal e impositivo construido desde el gobierno neoliberal de Carlos Menem, son ahora una quimera gracias a la conciencia soberana del pueblo de Chubut que una vez más decidió apelar a su fortaleza movilizadora para plantear la discusión sobre el modelo de desarrollo que se pretende para el país y la Patagonia. Abre también la esperanza de que cierta política se anoticie de que las viejas fórmulas del engaño y el gatopardismo político ya no tienen lugar en el suelo que habitamos.
