19 de noviembre de 2021

La muerte de Lucas González, el futbolista de 17 años de Barracas Central, perseguido cuando se trasladaba con tres amigos en un auto, y baleado en la cabeza por efectivos de civil de la Policía de la Ciudad, es sin dudas un caso de violencia institucional. Los tres policías implicados en el crimen del adolescente –Gabriel Isassi, José Nievas y Fabián López– fueron apartados de las tareas operativas en la fuerza y se les inició un sumario administrativo, informó el propio ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. Lucas falleció ayer por la tarde tras agonizar en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, y los familiares denunciaron que los efectivos «tiraron a matarlo» y que le «plantaron» un arma de fuego para simular un enfrentamiento. Ante esta situación, el Juzgado de Menores 4, a cargo del juez Alejandro Cilleruelo, separó a la Policía de la Ciudad de los peritajes y ordenó que todos los trabajos forenses fueran realizados por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA). En tanto, desde la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional (Correpi) denunciaron que «se trata de un nuevo caso de «gatillo fácil, no fue un episodio confuso».