21 de octubre de 2021

Manuel Alfieri

Con una masiva movilización, el Frente Amplio y los sindicatos reafirmaron su rechazo al plan de ajuste del Gobierno. Cayó la aprobación del presidente.

Dicen que fue un antes y un después, una suerte de despertar del pueblo uruguayo. Dirigentes políticos y gremiales, ciudadanos de a pie, estudiantes y productores rurales coparon las calles de Montevideo para protagonizar la movilización más grande de los últimos años al otro lado del Río de la Plata. Todos unidos detrás de un mismo objetivo: ponerle un freno al proyecto neoliberal del presidente Luis Lacalle Pou.
Fue a mediados de septiembre, en el marco del tercer paro general contra el Gobierno convocado por el PIT-CNT, la central de trabajadores de Uruguay. No faltó nadie: desde la hinchada de Peñarol hasta el expresidente José «Pepe» Mujica que, con sus 86 años a cuestas, desplegó una reposera para sentarse entre la multitud y decir presente. Una frase con espíritu artiguista atravesó toda la convocatoria: «Para que los más infelices sean los más privilegiados». Algo que, sin dudas, no está sucediendo bajo la gestión de la llamada Coalición Multicolor, formada por cinco partidos que van del centro a la extrema derecha.
A un año y medio de haber llegado al poder, Lacalle Pou no tiene grandes logros para exhibir, salvo la acelerada campaña de vacunación contra el COVID-19. Todo lo demás preocupa y mucho. El desempleo no baja y, según denuncian los sindicatos, se perdieron unos 50.000 puestos de trabajo desde el inicio de la pandemia. Los aumentos en los servicios públicos vaciaron los bolsillos de los trabajadores y los tijeretazos en el presupuesto educativo limitaron la entrega de viandas a chicos y chicas que, a veces, solo comen en la escuela. Todo eso impactó en un Gobierno que parece ajeno a dar respuestas a la demanda de la población. Alcanza con mencionar que en el último año la aprobación del presidente uruguayo cayó diez puntos.
«Este es un Gobierno del gran capital, especialmente timoneado por los agronegocios, que vino a procesar un ajuste radical contra los ingresos y los derechos de las grandes mayorías», sintetizó Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, en la movilización de septiembre. Lejos de allí, mientras se codeaba con dirigentes de la Sociedad Rural, Lacalle Pou habló con la prensa y minimizó la convocatoria al considerarla meramente «política». Fue Fernando Pereira, presidente de la central obrera, quien recogió el guante. «Sí, es política. Contra la política de trabajo, contra la política salarial, contra la política impulsada por el Gobierno», dijo el sindicalista, que ya comienza a calzarse el traje de candidato del Frente Amplio para las presidenciales de 2025, con la bendición de Mujica y otros pesos pesados del partido.
Pereira viene haciendo foco en otro de los puntos que genera resistencia a la gestión de Lacalle Pou: la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en julio del año pasado y que, según sostiene el propio mandatario, constituye su plan integral de «refundación» del país. Efectivamente, al leer los más de 500 artículos que componen la norma es posible realizar una precisa radiografía del proyecto que encarna la Coalición Multicolor: reducción del gasto social, disminución de trabajadores estatales, desalojos exprés, privatización de la educación y de varias empresas públicas, e instauración de una política de seguridad que Patricia Bullrich envidiaría. En definitiva, un cóctel de ajuste, apertura económica y mano dura que en Uruguay muchos comparan con la reforma del Estado impulsada por Carlos Saúl Menem en nuestro país durante los años 90.

Plebiscito clave
Sin embargo, y al menos por ahora, la implementación de la LUC se encuentra en stand-by. Ocurre que, apenas concretada su aprobación en el Parlamento, el Frente Amplio y los sindicatos iniciaron la campaña #LoUrgenteEsLaGente para convocar a un referéndum que permita derogar la columna vertebral de la ley. A pura garra charrúa, y yendo casa por casa en plena pandemia, lograron juntar casi 800.000 firmas. Superaron, así, el piso de 675.000 (el 25% del padrón electoral) exigido para solicitar una consulta popular.
Ahora, la pelota está en manos de la Corte Suprema uruguaya, que debe poner la lupa sobre cada una de las firmas para determinar su validez. Según comentaron fuentes del Frente Amplio Acción, el tribunal ya lleva escrutadas más de 200.000 adhesiones y, por el momento, hay un alto nivel de aceptación. Sin embargo, advierten que no cantarán victoria hasta alcanzar el número de firmas necesario y recuerdan también que, de los nueve miembros de la Corte, cinco son cercanos a Lacalle Pou. Si todo sale bien, confían en que el referéndum podría llevarse a cabo en marzo o abril del año que viene.
En caso de que finalmente la Justicia dé luz verde a la consulta popular, Lacalle Pou entraría en una zona de altísimo riesgo: no se estaría plebiscitando solamente una ley en particular, sino el mismísimo corazón de todo su proyecto político y económico. Un resultado adverso para el presidente significaría un durísimo e inesperado golpe que fortalecería al Frente Amplio. Y que, al mismo tiempo, podría dejar al borde del nocaut su anhelado plan de «refundación».