3 de agosto de 2021

Florencia Vidal

La prostitución es objeto de polémicas dentro y fuera del feminismo. Violencia patriarcal, reclamos de legalización y posibles puntos de encuentro.

No solo dentro de los feminismos –allí representa un verdadero parteaguas–, sino en todos los espacios de la sociedad donde se plantea, el debate sobre el ejercicio del sexo comercial se empantana entre posiciones políticas y teóricas antagónicas que responden a distinta concepciones sobre el cuerpo de las mujeres. Están quienes consideran a la prostitución como la peor expresión de la violencia patriarcal y el lugar donde se expresa de manera patente la opresión femenina. Y existen perspectivas que entienden que puede ser un trabajo y, por lo tanto, exigen su legalización.
«De un lado hay una mirada respecto del cuerpo y una sacralización de ciertas partes y es allí donde es considerada explotación y esclavitud. Y del otro lado hay una idea de que esas partes del cuerpo son solo eso y puede ser una forma más de vida», explica Vanesa Vázquez Laba, doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del Programa contra la violencia de género de la Universidad Nacional de San Martín. En este sentido, Martha Rosenberg, médica psicoanalista y pionera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, asegura que es muy importante poder dejar de plantear el problema con el modelo de la grieta porque hay existencias vinculadas de distintas maneras a la actividad sexual y al papel de los cuerpos de mujeres y los cuerpos feminizados. «Yo no estoy de acuerdo con la simple consideración de la venta de servicios sexuales como un trabajo, pero tampoco estoy de acuerdo con que el debate tenga lugar como un enfrentamiento que pueda cuestionar los derechos para mejorar las condiciones de vida de quienes se asumen trabajadoras sexuales», dice Rosenberg.
La pandemia agrava la situación de vulnerabilidad que atraviesan muchas de las personas que ejercen el trabajo sexual y para quienes es su medio de vida y subsistencia diario. En este contexto, desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), el sindicato único de trabajadores sexuales que integra la CTA y tiene sede en trece provincias, se asistió a más de 10.000 personas. «Durante este tiempo se profundizó la crisis sanitaria, habitacional y alimentaria de nuestro sector y quedó más expuesta nuestra precarización laboral y lo que es atravesar una pandemia sin derechos, sin políticas públicas porque somos sujetos inexistentes para el Estado», afirma Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR. La activista explica que una de las batallas que dan las trabajadoras sexuales es contra la «falsa conciencia de clase». «Tratamos de derribar argumentos teóricos y los oponemos con la realidad que atravesamos todos los días porque la interseccionalidad entre tu color de piel, tu género y la clase a la que pertenezcas va a determinar las distintas opresiones que vas a vivir. Hay que entender que las cosas que por ahí vos no vas a elegir para tu vida, otra persona sí».

Autonomía relativa
Para Cecilia Varela, especialista en antropología jurídica, género y comercio sexual y autora de Los feminismos en la encrucijada del punitivismo, la idea del trabajo sexual supone decir que se trata de una actividad elegida siempre en condiciones de autonomía relativa. «En la mayoría de los casos se trata de mujeres y otras poblaciones subalternizadas que eligen ese trabajo en un marco muchas veces estrecho de oportunidades, pero que de todos modos eligen entre alguna alternativa. En mi investigación lo que aparece es que en gran medida es la alternativa para muchas mujeres de sectores populares a desempeñarse en el trabajo doméstico», agrega. Las oportunidades para las mujeres trans son aún más escasas. El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que tanto en la Argentina como en toda Latinoamérica, el 90% de esta población ejerce la prostitución.
La complejidad en torno a este tema se evidenció una vez más cuando a mediados del año pasado el Ministerio de Desarrollo Social dio marcha atrás en la iniciativa por incluir a las trabajadoras sexuales en el Registro de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), lo que les permitía acceder a herramientas creadas por el Estado para mitigar de alguna manera las situaciones de emergencia económica, a la vez que ofrecía la posibilidad de tener un registro más exacto de cuántas personas integran este colectivo. A pesar de que en pocas horas ya se habían inscripto más de 800 personas, desde el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas explicaron que el formulario se había bajado debido a que para la legislación y los convenios internacionales a los que suscribe la Argentina, «la prostitución no es trabajo».
En los últimos años, afirma Varela, las trabajadoras sexuales han lidiado con problemas derivados de «la enorme confusión entre prostitución o trabajo sexual y trata de personas».
En nuestro país el ejercicio autónomo de la prostitución no está tipificado como delito, pero sí el proxenetismo. Sin embargo, el trabajo sexual está criminalizado en los códigos contravencionales o artículos de falta de 18 provincias que lo castigan con multas o arrestos. «El abolicionismo se plantea combatir la explotación de la prostitución ajena y es contrario a cualquier tipo de condena penal sobre las personas que ejercen la prostitución. Pero eso no se expresa a nivel de las prácticas cotidianas de las agencias gubernamentales. Con la institucionalización de las perspectivas abolicionistas de los últimos diez años, que entiende que ninguna mujer puede consentir estar en el mercado sexual, la prostitución sigue penalizada y aún no hay alternativas laborales para las personas que quieren dejar el trabajo sexual», explica Varela.
«Desde AMMAR creemos que la mirada que tiene que tener el Estado y también los feminismos es la de abrazar y acompañar a quienes quieren otra opción al ejercicio de la prostitución, pero a la vez también abrazar e implementar políticas para las que quieren seguir en el trabajo sexual con mejores condiciones laborales y con un Estado presente que garantice que nuestros derechos no van a ser vulnerados», afirma Orellano. «Lo que necesitan las políticas públicas es escuchar a las personas que hacen sexo comercial, ya sea se consideren víctimas o trabajadoras. El Estado debe reconocer a los sujetos en el modo en que experiencian su existencia y en las demandas específicas que producen desde esas condiciones», agrega Varela.
«Hay mujeres que son trabajadoras sexuales, se identifican así y trabajan de eso. Entonces no se puede omitir eso y enceguecerse. El Estado debe proteger a cualquier trabajador y esas mujeres deben tener derechos. Eso no implica que haya un horizonte de abolición, pero en el mientras tanto esas mujeres e identidades de género no binarias sufren, son violentadas y son asesinadas –dice Vázquez Laba–. Es decir, el trabajo sexual existe y hay que regularlo. Después se ve qué tipo de sociedad queremos», concluye.