20 de mayo de 2021

Marina Garber

La segunda ola golpea fuerte al país: récords de contagios y fallecimientos y un sistema de salud al borde del colapso. La pelea por la presencialidad escolar.

Estamos al 100% en todos los lugares, apenas se libera una cama ya hay alguien esperando para ocuparla», relata el médico Sahar Tal Benzecry, intensivista de un hospital de La Plata. «Como la guardia está muy complicada, tuvimos que utilizar los consultorios como habitaciones, sacar los escritorios y poner camas», cuenta Eugenia Traverso Vior, médica clínica de un hospital público de La Matanza. En el Sanatorio Julio Méndez, del barrio porteño de Caballito, el ingreso de pacientes con COVID-19 aumentó en forma alarmante. Son más jóvenes y con cuadros más graves. «Suena duro, pero los médicos tienen que evaluar a qué pacientes pasar a terapia. En general los más jóvenes tienen más posibilidades de logar un lugar en terapia intensiva», relata Fernando Ariel Rosenzweig, enfermero de piso del sanatorio.
En la localidad bonaerense de General Villegas, médicos y directivos comienzan a enfrentar la necesidad de recurrir a los comités de ética para asignar recursos cada vez más escasos. «Tenemos 27 personas en sala COVID y cinco respiradores libres. ¿Qué hacemos al momento de tener que decidir a quién poner en un respirador y a quién no?», dice el director del hospital, Raúl Sala. En Olavarría, profesionales de la salud advierten que la situación es similar: Alejandra Capriata, titular de la Asociación Médica local, señala que «lamentablemente ya se está haciendo una selección de pacientes porque no hay lugar». «No quiero que los médicos del hospital público se vean obligados a implementar el Comité de Ética», asegura por su parte Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, tras activar nuevas restricciones para contener el acelerado aumento de casos. Desde la Dirección de Hospitales de la provincia (ver recuadro), su titular, Juan Sebastián Riera, observa que los comités, que no dejaron de funcionar desde la primera ola, «están con una actividad intensa».
Trabajadores de la salud denuncian «colapso sanitario» en la Ciudad: los testimonios de pacientes en busca de una cama para internación por COVID-19 u otras patologías se multiplican. Los directores de los hospitales porteños hacen pública su preocupación: las terapias intensivas se saturan, reciben pacientes derivados del subsistema privado, las ambulancias pasan horas yendo de Capital a provincia en busca de «la cama bendita que los pueda recibir», en palabras de Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, informa en conferencia de prensa que el sector privado de la Ciudad está derivando pacientes a hospitales de la provincia. Y el propio ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, admite el virtual colapso del sistema al declarar que tuvo que solicitarle 50 respiradores al Ministerio de Salud de la Nación para reponer los que la Ciudad le había entregado en calidad de préstamo al sector privado.

«A este ritmo, no hay sistema de salud que aguante», advirtió el 10 de abril un comunicado conjunto de representantes de la salud del susbsector público, privado y la seguridad social. Una semana después, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva informó que la ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) llegaba al 90% a nivel nacional y al 95% en el AMBA, con un 64% de pacientes con COVID-19. El 81% de ellos, agregaba, requiere asistencia respiratoria y el 50%, posición prono: la maniobra que, como último recurso, coloca a los pacientes boca abajo para que llegue un poco más de oxígeno a sus pulmones devastados por las neumonías. El efecto de la campaña de vacunación, que hasta la última semana de abril había logrado aplicar la primera dosis a más del 75% de los mayores de 70 años, se advierte en el descenso de la edad de los pacientes internados, que tienen, en promedio, 53 años.
«El peor escenario que imaginábamos no mostraba los casos que tenemos ahora –asegura el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García–. Teníamos algunas señales en función de lo que estaba pasando en Brasil, y el Gobierno nacional no tuvo en principio una postura más fuerte con respecto al cierre de fronteras. Era muy difícil que no sucediera algo así, cuando pasó en todo el mundo». «Las segundas olas de las grandes epidemias siempre son más severas –coincide Javier Farina, jefe de Infectología Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta–, como lo expuso la Gripe Española a principios del 1900 y demuestra cualquier brote de cualquier patología infecciosa. Esto se debe a que en las segundas olas se parte de un piso de casos importante, a diferencia de la primera, donde se empieza de cero. Con este piso, cuando disminuyen las medidas de prevención, hay más chances de diseminación de contagios».
Entre la última semana de marzo y la primera de abril, la cantidad de casos reportados aumentó un 97,7%. En CABA, el incremento sobrepasó el 112%, y en la provincia, el 119%. El indicador de casos por millón de habitantes, en tan solo un mes, se multiplicó por tres: pasó de 157,14 el 20 de marzo a 520,34 el 20 de abril. El récord de casos diarios de la primera ola, 18.326 casos, fue superado rápidamente el 6 de abril, con 20.870 infectados. El viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, calculaba que si no se tomaban medidas, se podía llegar a mayo con 50.000 casos diarios. El 14 de abril, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, habló en el habitual reporte matutino del Ministerio de Salud. «Es el mensaje más difícil que me toca dar desde que empezó la panademia. Estamos en una situación crítica», dijo. Ese mismo día, el presidente Alberto Fernández sorprendió con nuevos anuncios para el Área Metropolitana de Buenos Aires: la restricción de la circulación nocturna, la cancelación de actividades recreativas, culturales, deportivas y religiosas y la suspensión de las clases presenciales por dos semanas. «Tengo la obligación de cuidar la situación del AMBA, porque el AMBA es hoy el foco infeccioso más claro que tiene la Argentina», explicaría dos días después.

La resistencia del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a acatar el decreto presidencial puso fin a un año de coexistencia relativamente pacífica en materia sanitaria, con políticas consensuadas entre las distintas jurisdicciones. El conflicto llegaba en el peor momento: la segunda ola avanzaba, imparable, afectando a personas cada vez más jóvenes y llevando la cifra de muertos a más de 500 diarios.

Solo los chicos
Mientras Rodríguez Larreta solicitaba a la Corte Suprema una acción declarativa de inconstitucionalidad y una medida cautelar contra el decreto de necesidad y urgencia que suspendía por dos semanas las clases presenciales, su ministra de Educación, Soledad Acuña, recitaba una y otra vez su argumento principal: «La escuela no contagia». «En los dos meses de presencialidad, menos del 1% de la comunidad educativa se contagió. Con protocolos y cuidados, la escuela es un lugar seguro», intentaba explicar.
Nadie decía lo contrario ni en el Poder Ejecutivo nacional ni en la provincia de Buenos Aires, que adhirió a las medidas «de manera taxativa», como se encargó de subrayar Kicillof. «El problema no es tanto lo que pasa dentro de la escuela sino lo que pasa afuera, lo que pasa antes y lo que pasa después. En tiempos normales, el 37% de la circulación en las calles está explicada por el movimiento de las escuelas», dijo. También Fernández apuntó a este riesgo como justificación de la suspensión de las clases: «Detrás de la presencialidad de los alumnos, en los colegios se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana y con ese mayor número de gente que circula, que puede llegar al 30%, el riesgo de contagio crece».

En efecto, aunque con un gran costo social y un impacto que perjudica especialmente a los sectores populares, la suspensión de las clases presenciales constituye una herramienta potente para frenar la circulación del virus. De hecho, entre todas las medidas no farmacológicas implementadas por 79 países en los meses de marzo y abril de 2020, el cierre de establecimientos educativos resultó ser la más eficaz después de la suspensión de reuniones sociales, según un trabajo publicado .en la revista Nature en noviembre de 2020.

El epidemiólogo Oscar Atienza está convencido de que la presencialidad escolar fue la causa del aumento de casos. Analizando las curvas epidemiológicas y teniendo en cuenta el período de incubación del virus, concluye que en la línea de tiempo de la pandemia tiene que haber habido un evento superpropagador que pueda explicar una cuadruplicación de los contagios. Según sus cálculos, por la dimensión y la velocidad de la transmisión de la enfermedad, debe tratarse de un acontecimiento que movilice a 10 o 12 millones de personas a nivel nacional y que sea sostenido en el tiempo. «¿Qué pasó en la primera semana de marzo? Irrumpió la presencialidad escolar», argumenta.
La hipótesis de que la escuela no contagia fue pronto desmentida por la realidad. Aunque representan un porcentaje bajo del total de los contagios, la franja de 0 a 19 años fue la que tuvo mayor crecimiento desde la semana de inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires. Entre el 14 de febrero y el 11 de abril, la cantidad de casos entre los chicos se quintuplicó. En tanto, en los hospitales pediátricos se incrementaron las consultas e internaciones. Pediatras e infectólogos advirtieron sobre esta situación. Entre ellos estuvo Oscar Trotta, miembro del Consejo de Administración y exdirector del hospital Garrahan quien informó que en el hospital a fines de abril había 49 casos entre confirmados y sospechosos, tres de ellos en la Unidad de Terapia Intensiva.

Las nuevas variantes
«Estamos en un momento bisagra», dice Mariana Viegas, bioquímica, investigadora del CONICET y coordinadora del Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2 (Proyecto PAIS) dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innnovación. Apenas se conocieron los primeros casos en Wuhan, la viróloga y su equipo entendieron que era necesario rastrear y caracterizar los genomas del SARS-CoV-2 que ingresaban al país, tratando de entender «cómo se mueve el virus, cómo se adaptó a nuestra población», según cuenta la investigadora.

En diciembre de 2020 fueron detectadas nuevas variantes del SARS-CoV-2 en el Reino Unido y Sudáfrica. Al igual que la mutación que aparecería tiempo después en Manaos, Brasil, fueron consideradas «variantes de preocupación» (VOC, por sus siglas en inglés), denominación con la que se designa a las formas del virus que suponen un aumento de la transmisibilidad, una mayor virulencia o una mayor resistencia a las vacunas y terapéuticas disponibles.

Las variantes del Reino Unido y Manaos fueron detectadas en el país por primera vez entre enero y febrero. Aunque señaladas por algunos análisis como una de las causas del crecimiento explosivo de comienzos de abril, la circulación de las nuevas variantes era entonces, explica Viegas, muy minoritaria. «El aumento no tuvo que ver con eso sino con el comportamiento social, con un relajamiento en las medidas de cuidado». Farina coincide: «No fueron las variantes extranjeras sino la disminución de la adherencia a las medidas de prevención por parte de la sociedad la causa de la explosión de contagios».
Si las variantes no provocaron el aumento, su actual circulación comunitaria, claramente en aumento, puede acelerar, en un contexto de alta movilidad, la propagación descontrolada del virus. «El objetivo del virus es replicarse –explica Viegas–, generar progenie, transmitirse a otra célula y entre distintos huéspedes. Para eso, tiene que copiar su material genético. Los virus de genoma ARN, como el SARS CoV-2, tienen una especie de maquinita, las polimerasas, que copia ese genoma y a veces comete errores. Cuando uno de esos errores genera cambios en el virus que no le sirven para replicarse, ese virus desaparece. Pero sí, en cambio, esa modificación le da al virus una ventaja, como poder infectar a una persona que ya estuvo infectada o que está vacunada, se transmite».
Ese es uno de los riesgos: «Si la segunda ola no se logra detener, va a tener dos impactos muy importantes: por un lado, el colapso del sistema, que incrementa la mortalidad y es una situación de catástrofe que nadie quiere pasar. Y por otro lado, la emergencia de nuevas variantes en cualquier región del mundo que tenga libre circulación del virus, con una replicación ampliada, que tiene más chance de generar mutaciones y, por lo tanto, nuevas variantes que pueden ser más letales o más contagiosas».

Cada nueva replicación del virus es una oportunidad para que evolucione y mejore su eficacia. En una carrera desigual entre vacunas y variantes, entre medidas de prevención y mutaciones de un organismo cuyo fin es replicarse en la mayor cantidad posible de células y huéspedes, otorgar ventaja a través de la judicialización de la política sanitaria o la especulación electoral no parece ser la mejor estrategia.