6 de mayo de 2021
La Cooperativa Integral se encuentra nuevamente en alerta por las intenciones del Ejecutivo municipal de suspender la concesión del servicio de agua potable. Peligran 400 puestos de trabajo y una entidad solidaria histórica en la provincia mediterránea.
Caravana. Unos 150 vehículos recorrieron las calles para visibilizar el reclamo. (Bibiana Fulchieri)
El conflicto por la intención del Ejecutivo municipal de Villa Carlos Paz de cesar la concesión de la prestación del servicio de agua por parte de la Cooperativa Integral (COOPI) volvió a emerger a principios de 2021. El traspaso del servicio desestima la Carta Orgánica Municipal, que exige mayorías especiales de su Consejo de Representantes para tomar una decisión de esta naturaleza.
A raíz de esta coyuntura, los integrantes de la COOPI iniciaron un plan de lucha basado en reclamos que demandan instancias de diálogo y la mediación de los entes provinciales y nacionales, para logar un acuerdo de trabajo en conjunto, municipio y cooperativa, en pos del bien común; apelando también a visibilizar
la situación que, según una solicitada de la COOPI, «atenta contra una institución autónoma y democrática basada en los preceptos del cooperativismo, que hace 57 años viene aportando económica, social y culturalmente».
Mancomunados
El 10 de febrero último, un nutrido grupo de cooperativistas se manifestó en defensa de la gestión de la COOPI. Instituciones de base, federaciones de Córdoba y confederaciones realizaron una caravana y posterior acto en las puertas del municipio. Allí mostraron su apoyo la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Confederación Argentina de Mutuales, la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE) y la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión, entre muchas otras. Unos 150 vehículos se movilizaron hasta la sede municipal, donde convergieron las organizaciones participantes junto con dirigentes y trabajadores de la COOPI y vecinos.
Allí se desarrolló un acto en el que se dirigieron al público el diputado nacional Eduardo Fernández; Aldo Truant por FACE; Luis Castillo, presidente de FECESCOR; y Pablo Tissera, en representación del IMFC filial Córdoba. Al finalizar este acto, los nombrados, junto con el presidente de la cooperativa, Adolfo Mena, entregaron una solicitada al intendente Daniel Gesteira, a manera de petitorio urgente de apertura al diálogo que propicie un eventual acuerdo de trabajo conjunto. En un párrafo de esta carta –firmada por todas las entidades cooperativas participantes– se sostuvo: «Esta situación pone en riesgo la subsistencia de una institución cooperativa con 57 años de vida que trabaja solidariamente por y para la ciudad. Esto significará poner en riesgo la prestación de un servicio brindado con eficacia, eficiencia y calidad, algo que no está en cuestión, para más de 150.000 usuarios de la localidad y la zona, y con ello, la desaparición del banco de sangre, el cierre de ámbitos destinados a la educación de adultos que no culminaron el nivel medio, como así también imposibilitar el acceso al servicio de internet y telefonía o a talleres artístico-culturales, entre otros. Y lo más preocupante, la consiguiente pérdida para 400 familias de sus fuentes de trabajo».
Al cierre de esta edición, la medida permanecía en suspenso. La Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación hizo lugar a un amparo presentado por socios y trabajadores de la COOPI y generó una cautelar que suspende el traspaso de la concesión del servicio de agua y puso una resolución de acuerdo de partes y obligatoria. «Los plazos se han prorrogado y estamos a la espera», dijo Fernando Eguiguren, responsable de Relaciones Institucionales de la COOPI. La lucha continúa.
