28 de agosto de 2014
El 80% de las personas trans se dedica a la prostitución y no tiene cobertura de salud. Una población que aún ve sus derechos elementales vulnerados en una sociedad que castiga la diferencia.
La Matanza. Amazonas del Oeste, pionera en materia de inclusión de las personas trans, fue una de las organizaciones que colaboró en la realización de la encuesta. (Juan C. Quiles/3 estudio)
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género», asegura el principio 12 de Yogyakarta.
Según este documento, una suerte de acuerdo sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género surgido hace siete años en Indonesia, «las violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género reales o percibidas de las personas constituyen un patrón global y arraigado que es motivo de seria preocupación. Entre estas violaciones se encuentran los asesinatos extrajudiciales, la tortura y los malos tratos, las agresiones sexuales y las violaciones, las injerencias en la privacidad, las detenciones arbitrarias, la negación de empleo o de oportunidades educativas, así como una grave discriminación en el goce de otros derechos humanos».
Así las cosas, quienes deciden vivir su identidad sexual como la sienten todavía cargan las cadenas de los prejuicios, la falta de oportunidades, la expulsión y la invisibilidad.
Sin dudas, Argentina es uno de los países pioneros que tuvo la decisión necesaria y oportuna de reconocer el derecho personalísimo a la identidad de género, aunque probablemente este sea sólo el comienzo de un largo camino hacia el reconocimiento pleno de otros no menos importantes y que están consagrados en la Constitución Nacional, como el derecho a la educación y al trabajo.
Entre diciembre de 2011 y junio de 2012, tras la firma de un acuerdo entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), se llevó adelante la Primera «Encuesta sobre población trans 2012: travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans del país», un proyecto piloto que tuvo lugar en el partido de La Matanza con vistas a realizar a futuro un estudio a nivel nacional. El relevamiento, que incluyó a 216 personas trans y contó con la colaboración de varias organizaciones (Putos Peronistas, Amazonas del Oeste, MISER –Movimiento Integración Sexual Étnica y Religiosa– y MAL –Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación–) se propuso «describir las condiciones de vida y las características sociodemográficas del conjunto de personas trans e indagar acerca de las experiencias de discriminación, alfabetización jurídica y el acceso a la justicia de esta población».
Los resultados fueron contundentes: El 64% tiene sólo aprobado el nivel primario o EGB. El 20% de las personas encuestadas terminaron el nivel secundario o polimodal, sólo el 7% declaró haber cursado un nivel escolar superior a este nivel medio y el 2% dijo haber terminado el nivel terciario o universitario.
En materia laboral, el panorama no es muy distinto: el 20% declaró no realizar actividad alguna por la que obtenga dinero, el 80% restante expresó dedicarse a actividades vinculadas con la prostitución y otras de precaria estabilidad y de trabajo no formal. Siete de cada 10 encuestadas afirmaron estar buscando otra fuente de ingresos y 8 de cada 10 de las mismas declararon que su identidad trans les dificulta esta búsqueda.
Para Sebastián Zoroastro, coordinador del Área Género y Diversidad Sexual de la Secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la principal causa de esta desigualdad social radica en que «las personas travestis, transexuales y transgéneros son uno de los colectivos más vulnerados en la sociedad. Además, la exclusión y discriminación a la que son sometidos desde muy temprana edad va preformando un trayecto laboral que muchas veces se relaciona con la manera que han podido resolver sus vidas».
Según detalla Zoroastro, es precisamente cuando comienzan a expresar su identidad de género, alrededor de los 11 años, cuando las familias con muy poca información y reproduciendo la exclusión y los prejuicios, propician una expulsión de los hogares. A partir de allí, estas niñas y niños se encuentran en situación de calle, por eso la prostitución y la indigencia es un camino muchas veces inevitable para su supervivencia. «Las otras instituciones, como la escuela, no se comportan muy distinto; por ello en su gran mayoría el nivel educativo alcanzado no llega ni a la primaria», asegura.
De acuerdo con el relevamiento realizado en La Matanza, son los compañeros de escuela quienes provocaron más vivencias de discriminación. Seis de cada 10 encuestados dijeron haber vivido discriminación por los pares dentro de la escuela. Con relación a los directivos, maestros y personal no docente los porcentajes de respuesta afirmativa no superaron el 27%. Las trans femeninas presentaron mayores vivencias de discriminación (60%) de parte de compañeros que los trans masculinos (40%). De 209 encuestadas, 73 de ellas (35%) dijeron haber abandonado la escuela a causa de la discriminación.
«Cuando una persona es expulsada del sistema y tratada como marginal, actúa como tal. Una de las herramientas más efectiva y letal contra cualquier abuso y explotación es la educación. En esta última década creo que se han dado cambios importantes, entre nuestros logros hay hitos: primero que dejaran de matarnos, es decir, dejar de ser víctimas selectivas de la represión. Luego, el derecho a la identidad, y el tercero y medular es el derecho al trabajo», asegura Lohana Berkins, presidenta de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) y desde noviembre de 2013 titular de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual que funciona bajo la órbita del Observatorio de Género en la Justicia, en la Ciudad de Buenos Aires.
Es justamente este derecho, que para muchos ciudadanos está consagrado pero que para este sector de la población debe ser continuamente reclamado, el que no puede ser vulnerado, porque permite la organización de la vida en condiciones dignas. Con todo, hablar de transexuales y travestis continúa para muchos construyendo el paradigma de la vida marginal. «No debemos seguir condenadas históricamente a la prostitución, la sociedad pensaba y piensa todavía que es lo único que podemos hacer. La prostitución nunca va a ser un trabajo», afirma la activista salteña.
Una puerta de salida
Para Berkins, la solución y los cambios son culturales y están estrechamente ligados con los mitos fundantes de esta sociedad. «Las currículas no pueden seguir presentando a mamá cocinando y a papá haciendo la casa, hoy la realidad es otra; las mujeres salen a trabajar y los hombres pueden hacerse cargo de los quehaceres domésticos. En este mismo sentido, la diferencia no tiene que ser la monstruosidad», sostiene.
Puntada con hilo. La cooperativaproduce sábanas y ropa para
niños. (Juan C. Quiles/3 estudio)
Berkins y Zoroastro coinciden al señalar que la Ley de Identidad de Género permitió la visibilidad de estas poblaciones vulneradas y seguramente el inicio del reclamado cambio cultural. No obstante lo cual, el recorrido hacia la puesta en práctica real de los derechos negados históricamente aún se presenta sinuoso y lento.
«Hoy los niños y niñas son comprendidos por sus familias y este proceso de exclusión que venían sufriendo históricamente comienza a cambiar. La ley también permitió poner en agenda el trabajo conjunto y articulado con distintos ámbitos de gobierno para atender la problemática. Existe una mesa de organismos del Estado Nacional en temas de diversidad sexual que articula con sindicatos, cámaras empresariales e instituciones de la sociedad civil que proponen acciones para trabajar en conjunto», señala el coordinador del área de Género de la cartera laboral.
Del mismo modo, apunta que el Área de Género y Diversidad Sexual de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo realiza acciones articuladas con Estados provinciales, municipales, ONG, sindicatos y el sector privado para mejorar la inserción laboral de las personas trans. En este sentido, recuerda que existen incentivos para el entrenamiento y la permanencia en los empleos, cursos de formación y capacitación en oficios, para la finalización de estudios formales y también para emprendimientos personales.
Las estimaciones oficiales indican que durante 2013 ingresaron 600 personas trans al Seguro de Capacitación y Empleo y al programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo para capacitarse, realizar entrenamientos laborales y solicitar apoyo para emprendimientos personales de hasta 15.000 pesos destinados a la compra de materiales y herramientas. Además, ya participan en el Programa Trabajo Autogestionado 5 cooperativas integradas en su mayoría por personas trans.
«Las cooperativas de trabajo fueron innovadoras, apuntaron a un nicho que no se consideraba. Actualmente hay unas 10 en todo el país y más allá de los logros concretos, hay cuestiones que no se pueden medir, como el impacto que producen en la propia comunidad. En vez de vender nuestro cuerpo usamos nuestra fuerza de trabajo», subraya Berkins. Un ejemplo es la cooperativa textil de Avellaneda llamada Nadia Echazú, por la cual pasaron hasta el momento unas 100 travestis que jamás volvieron a la prostitución, aun ganando menos dinero. Muchas comenzaron luego sus propios emprendimientos, otras siguieron capacitándose o terminaron la escuela.
«Es fundamental la contratación de personas trans en oficinas de empleo y las áreas centrales del Ministerio de Trabajo puesto que es la manera de dar el ejemplo y de promover las oportunidades», indica Zoroastro.
Privados ausentes
El Estado y los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y de Educación poseen áreas específicas de capacitación y de acompañamiento a la comunidad trans, pero sin dudas no es suficiente. Todavía el acceso al mercado laboral en el ámbito privado parece una utopía.
«El empleo privado sigue siendo un desafío. Los medios masivos de comunicación nos siguen usando de manera bufonesca. Por otra parte, en los bares, restaurantes o en las tiendas del barrio de Once, por ejemplo, donde somos casi compradoras compulsivas, no hay trabajadoras trans. El empleo privado es donde realmente se nota la discriminación y la hipocresía, porque sí nos acepta como consumidoras pero no nos da trabajo», asegura Berkins.
Ciudades como Salta y Rosario han promovido recientemente acciones para lograr la inclusión laboral de los y las ciudadanas trans. Rosario puntualmente aprobó a fines de 2013 la ordenanza 9.123 mediante la cual se busca articular acciones con el sector privado, incluso se analiza la posibilidad de otorgarles exenciones impositivas parciales a aquellas empresas que contraten personal trans.
«Hay que cambiar el paradigma de lo que se pensó históricamente de nosotras. Yo empecé a trabajar hace 14 años como asesora de un diputado, ese hecho significó que hoy haya muchas más travestis trabajando, esos son desafíos concretos. La cotidianeidad tiene que derribar cualquier prejuicio, porque cuando las personas nos ven transitando y trabajando en los ministerios, en el mundo cooperativista, cambian la mirada. El empleo privado tiene que avanzar en el mismo sentido, mi capacidad no puede ser medida por mi apariencia», concluye Berkins.
—María Carolina Stegman
