13 de enero de 2021
Resulta interesante analizar algunas medidas tomadas por el Gobierno en su primer año de gestión, ceñido por los efectos del COVID-19, que no tuvieron la misma repercusión mediática que las transferencias directas como el IFE, el ATP, o los bonos extraordinarios a los jubilados y jubiladas con haberes mínimos.
Una de ellas, que entró en vigencia hace pocos días, es la «Prestación Básica Universal Obligatoria». Ofrece servicios de telefonía móvil y fija y televisión por cable a precios accesibles para los grupos de población más vulnerables, como los beneficiarios de la AUH, de pensiones no contributivas con ingresos no superiores a dos salarios mínimos, clubes de barrio, asociaciones de bomberos voluntarios, etcétera. El fundamento de esta medida yace en la idea de que los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) «son servicios públicos esenciales cuyo derecho al acceso por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas debe ser garantizado por el Estado», según señala el decreto que dio lugar a este beneficio.
Cabe destacar que para implementar esta medida debió modificarse la conocida «Ley de Medios», que fue sancionada en 2014 y sufrió reformas durante la gestión de Macri que apuntaban a quitarle, entre otras cuestiones, la definición de las TIC como servicios públicos esenciales.
Otras medidas interesantes fueron la provisión de medicamentos gratuitos para los afiliados al PAMI o la prórroga, desde diciembre de 2019, de los pagos de las cuotas de los créditos que habían sido otorgados a jubilados y jubiladas ese año, sin aplicar intereses durante la moratoria.
Iniciativas destacables que, además, se llevaron a cabo en un complicado contexto fiscal que debió enfrentar el Gobierno apenas asumió y que hicieron eje en quienes más necesitaron de un Estado presente en la difícil coyuntura actual.
