Tras un año signado por la pandemia y las medidas sanitarias, además de la crisis económica preexistente, el Gobierno intenta consolidar su proyecto político ante fuertes planteos opositores. El aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas es ley.
10 de diciembre de 2020
Va a ser difícil olvidar el año 2020 por la cadena de calamidades que se acumularon desde que el 1º de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un equipo de expertos para investigar un brote de casos de neumonía en Wuhan, China. En Argentina, en particular, porque fue el primer año en la Casa Rosada de una coalición política con eje en el peronismo que había asumido 20 días antes para poner fin a la fallida experiencia del macrismo. Y si los críticos de la gestión kirchnerista 2003-2015 atribuyen el crecimiento logrado en ese lapso al «viento de cola» del precio de las commodities que el país exporta, este período se inició con una fuerte tormenta en contra.
En su mensaje ante el Congreso en la apertura del año legislativo, Alberto Fernández se comprometió a cumplir con las promesas electorales, y luego de enumerar las cifras del cataclismo económico que recibía y de confirmar las primeras medidas, habló del inicio de negociaciones para resolver el problema de la abultada deuda externa con acreedores privados y con el FMI. Luego anunció el envío de proyectos de reforma del sistema judicial y la intervención del servicio de inteligencia.
No había una sola palabra referida al COVID-19 ni al Aporte Solidario y Extraordinario a las más grandes fortunas del país. Nada de eso figuraba en los propósitos de nadie ese 1º de marzo. En este punto vale la frase «pasaron cosas», ya que apenas diez días después de ese discurso inaugural, la OMS catalogó a aquella neumonía como una pandemia de rápida y peligrosa expansión, de consecuencias muy graves y aún impredecibles.
El Gobierno adhirió a las recomendaciones de la OMS el 18 de marzo y la economía del país, que venía en picada luego de cuatro años de políticas neoliberales, tuvo un parate aún mayor por el aislamiento masivo decretado para preparar al devastado sistema de salud y enfrentar de mejor manera la pandemia.
Muchos de los proyectos sometidos a la voluntad de la ciudadanía durante 2019 quedaron en suspenso y los primeros meses de aislamiento el país pareció detenido en el tiempo, mientras los medios daban cuenta exhaustivamente del avance de la enfermedad en todo el planeta. La oposición, que al principio acompañó el esquema sanitario del Gobierno, empezó a plantear los primeros alegatos de rechazo a las políticas oficiales.
Pronto las cifras del coronavirus se sumaron a las consecuencias del cierre de la economía y apareció un flanco en el cual la oposición más encarnizada encontró abono para horadar el alto grado de aceptación que tenía el primer mandatario. Fueron momentos de cierta inacción oficial que hicieron pensar a propios y ajenos que el Gobierno estaba noqueado. El fracaso del plan de expropiación de Vicentin fue una señal de alerta.
De todas maneras, en ese momento se logró un acuerdo con los tenedores privados de bonos de la deuda pero arreció el ataque contra la moneda nacional que, en medio de cortocircuitos entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, motivó la pérdida de reservas y de confianza en las autoridades.
A medida que se iban relajando las restricciones sanitarias –en gran medida tras la presión de medios y dirigentes de la oposición y del empresariado– fue apareciendo un país real que, si el 10 de diciembre de 2019 estaba en terapia intensiva, ahora se encontraba con pronóstico reservado.
Calles en disputa
Las primeras movilizaciones opositoras conmovieron el andamiaje oficialista. No solo por la violencia y la dosis de intolerancia democrática que expresaban, sino porque ponían de manifiesto algunas dudas para avanzar con el programa político de la administración nacional. A esto se agregó la rebelión policial bonaerense, que se convirtió en una preocupante amenaza frente a la residencia presidencial de Olivos.
Es verdad que no era recomendable salir a las calles para el votante del Frente de Todos, ya que el cuidado de la salud se había convertido casi en una insignia. Pero también hubo demoras en poner en marcha respuestas contundentes que alentaran la esperanza de cambios en la tribuna propia. El método obstruccionista de la oposición daba resultados y recibía apoyo mediático clave. No solo por lo que los medios hegemónicos muestran, sino básicamente por lo que ocultan.
Para gran parte de la población, el sistema de espionaje del Gobierno macrista nunca existió. El valor del dólar en cada una de sus variantes era la noticia del día. El éxito de algunos casos puntuales de argentinos que se fueron al exterior resultaba en una invitación cotidiana a descreer del país. Con ese trasfondo se registró el avance de una marginal concepción libertaria del mundo, que propone la reducción al mínimo del Estado y por lo tanto de los impuestos a pagar.
Recién para el 17 de octubre los simpatizantes peronistas salieron masivamente a las calles con el propósito de marcar la cancha. El aniversario de la muerte de Néstor Kirchner fue otra expresión popular masiva de respaldo a la coalición gobernante. En forma casi simultánea, hubo una carta admonitoria de la vicepresidenta y comenzaron a avanzar los proyectos demorados desde marzo.
El fin de año encuentra al Frente de Todos a la ofensiva en el Congreso. Desde la iniciativa para reducir el aporte federal a la Ciudad de Buenos Aires hasta el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pasando por la ley de sostenibilidad de la deuda pública y la reforma de la fórmula de movilidad de jubilaciones, la agenda oficial ganó espacio. En ese contexto, la aprobación en ambas Cámaras del Aporte Solidario Extraordinario aplicado a las grandes fortunas constituye un hito ineludible.
Desde la vereda opositora, en tanto, cualquier resquicio es útil para plantear sus diferencias. Así, si en los comienzos de la pandemia el oficialismo se equivocaba con el aislamiento estricto, luego erró porque el número de muertos y contagiados colocaba al país entre los diez más afectados. Otro frente de ataque se cierne sobre las vacunas a aplicar para evitar un segundo brote de coronavirus. Desde la Casa Rosada se abrieron negociaciones por casi todas, pero las críticas sobre la Sputnik V encabezan los titulares de muchos medios. Sin embargo, el anuncio del presidente acerca de la llegada de las primeras dosis de la Sputnik V en diciembre, para aplicar a 300.000 personas, y diez millones más que serían vacunadas entre enero y febrero, puede significar un cambio de clima.
A fin de este dramático año, con todo, las últimas encuestas le dan positivo al presidente. Luego de arañar el 80% de aprobación al inicio del aislamiento sanitario, hubo un período de caída continua de la imagen, a la par del crecimiento del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En diciembre, varios analistas registraron una aprobación de entre el 50% y el 55% para Alberto Fernández. Su más cercano contendiente es Rodríguez Larreta, en una pelea que, si bien apunta a 2023, tendrá un anticipo trascendente en las legislativas del año próximo.
