10 de diciembre de 2020
La carta que el bloque de senadores del Frente de Todos le envió al FMI el 15 de noviembre finaliza pidiéndole que se «abstenga de exigir o condicionar» las políticas económicas de los próximos años, y solicitando una reconsideración de los intereses, un período de gracia hasta 2025, y un plazo de amortización en varias décadas. La idea es que la deuda se vuelva sostenible y que no hay lugar para el ajuste. En el texto se señala que el FMI le otorgó el préstamo más grande de su historia a un país que no podría devolverlo (sus propios equipos técnicos decían que la deuda era sostenible con «baja probabilidad»). También se aborda el accionar del Fondo por haber convalidado la fuga de los mismos capitales que prestó, contrariando su propio Estatuto, que incluso contempla la posibilidad de pedirle al país que adopte controles para evitar la salida.
En cuanto a las políticas previas a su desembarco, la Oficina de Evaluación del FMI señaló que «la experiencia argentina reciente de un desmantelamiento rápido de controles (…) es un ejemplo que resalta los riesgos involucrados» en la liberalización de la cuenta capital. Reconoce que «debimos avisar con mayor ahínco sobre los riesgos». Autocrítica que llega tarde.
La reacción de Macri tras la carta, de manual: «No podemos dejar pasar el relato que intentan instalar. Hay mucha gente que cree que hicimos eso para fugar capitales. A la larga nos pega a todos». ¿Lo habrán hecho entonces para justificar un ajuste «draconiano», llegar mejor a las elecciones o, en su defecto, condicionar a un gobierno de otro signo? Hoy lo que pega es la deuda contraída, que el país deberá hacer frente por años. Las responsabilidades por los daños son evidentes y la falta de autocrítica indica que el macrismo no dudaría en hacer lo mismo.
