Un grave problema social, que no se resuelve con represión, se expresa en las numerosas tomas de predios, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires. La necesidad de una política de Estado que haga realidad el derecho constitucional a una vivienda digna.
8 de septiembre de 2020
Guernica. Un centenar de hectáreas comprende el espacio ocupado en la localidad del sur del Conurbano bonaerense. (Schemidt / AFP / Dachary)
La democracia argentina acumula fuertes déficits en varios ámbitos y uno de ellos es sin dudas el de la vivienda. Hay pocos parámetros para dimensionar en cifras a cuánto asciende la falta de un hábitat digno para millones de ciudadanos argentinos y ante esta carencia, se recurre a datos del ultimo censo nacional, que se realizó hace diez años. Un sector de los medios, en tanto, augura una suerte de apocalipsis por las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires y difunden mensajes reactivos a toda reivindicación de los derechos de los pueblos originarios en la Patagonia. A esto se suma el debate en la dirigencia política, donde el tema levanta controversias de tal magnitud que incluso dentro del oficialismo se generan enfrentamientos sobre la forma de caratular a este fenómeno, que se verifica con mayor intensidad como una de las consecuencias sociales que acompaña a la pandemia.
Genéricamente se habla de que para satisfacer las necesidades habitacionales de la población hacen falta 3 millones de viviendas. Pero el dato es de 2010, no actualiza las condiciones reales de los ciudadanos afectados y además, no toma en cuenta el crecimiento demográfico.
Un dato más cercano en el tiempo es el censo que se realizó desde 2017 para crear el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Fue una iniciativa que contó con el voto unánime en el Congreso, que fructificó en 2018 con la ley 27.453 que declaraba de utilidad pública y sujetos a expropiación a los inmuebles comprendidos en ese registro.
Fue el primer inventario de barrios populares –una forma edulcorada de denominar a las villas miserias y los asentamientos urbanos– elaborado por los movimientos sociales y organizaciones cercanas a esas comunidades con la participación fundamental de los propios vecinos. Lo auspicioso fue que se trató de una iniciativa que el Gobierno de Mauricio Macri y sus legisladores aprobaron en conjunto con la oposición de entonces. Un ejemplo de consenso poco común en temas tan álgidos como la propiedad privada y el acceso a la tierra en tiempos neoliberales
Los datos que surgieron muestran que en todo el territorio nacional había 4.416 barrios populares donde vivían 935.000 familias sin la titularidad de los terrenos donde plantaron sus viviendas. Hubo algunos datos más: que allí no hay acceso a los servicios básicos –agua, cloacas, electricidad, comunicaciones– y que dos tercios de los pobladores tienen menos de 29 años. El proyecto de aporte solidario por única vez aplicado a las grandes fortunas destina 15% de lo recaudado para solventar proyectos de RENABAP. Podría ser un buen aporte para mejorar la situación.
Esos barrios fueron los que más sufrieron durante la pandemia, donde el virus circuló más fuerte y provocó cientos de muertes y miles de contagios por las condiciones de hacinamiento en que se vive. Pero hubo otros datos inquietantes que no tienen registro, aunque sí visibilidad mediática: en estos meses terribles miles de argentinos perdieron sus ingresos y el monto de la ayuda que recibieron del Estado no fue suficiente para cubrir la alimentación y el pago de un alquiler. Literalmente, quedaron en la calle, a pesar de los decretos del Gobierno que trataron de impedir desalojos de inquilinos y congelar pagos a los propietarios.
En lo que va del año, según información provista por el Gobierno bonaerense, hubo 868 desalojos y fueron detenidas 524 personas en intentos de ocupaciones en los partidos de Presidente Perón, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, General Pueyrredón, Moreno, Quilmes, Avellaneda, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Almirante Brown, Hurlingham y La Plata.
El debate público se potenció con la ocupación de 100 hectáreas en Guernica (Presidente Perón). Desde los medios hubo muchos que alentaron la expulsión sin miramientos de los «usurpadores» y «delincuentes». La oposición deslizó acusaciones veladas de connivencia con el delito contra dirigentes del oficialismo y hubo cruces entre el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, y líderes de movimientos sociales.
Tanto fue el ruido que Juan Grabois, uno de los referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), salió al cruce de las acusaciones en su contra afirmando: «Odio las tomas». Su argumento es que «toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Esas familias son víctimas, no culpables».
Federico Fagioli tiene motivos para ser escuchado cuando habla del tema. Ahora diputado por el Frente de Todos, en 2014 participó en una toma en la localidad de Glew, donde se construyó el barrio Pueblo Unido. Allí vive y desde ese lugar afirma: «Nunca en mi vida fogonearía que alguien haga una toma, no se la pasa bien en una toma». Pero al mismo tiempo recuerda que hace seis años estaba en una encrucijada, atrapado entre deudas impagables y falta de ingresos acordes. «Era esto o quedarme en la calle».
Los Curas en Opción por los Pobres se sumaron al debate en un documento donde señalan que «el conflicto por la tierra (…) pide respuestas de fondo que busquen resolver y no dilatar el problema».
Y agregan un dato no menor a esta problemática: «El atravesamiento de negocios oscuros como la venta de droga; la compra-venta y alquiler de lotes; y otras inconfesables actividades, por mano de verdaderas bandas (generalmente al cobijo de funcionarios que “miran para otro lado” y del personal de seguridad que termina siendo socio del delito) complican este escenario».
Entre las bandas que genéricamente denuncian los sacerdotes se pueden anotar grupos especulativos de carácter mafioso y las barras bravas de algunos clubes que, según los que conocen de la entretela de esos grupos –como el periodista Gustavo Grabia, autor de La Doce– al no haber fútbol pierden sus fuentes de ingresos y se ofrecen como mano de obra tanto sea para una toma como para un desalojo. En ese contexto, el líder de la barra disidente de River, Martín Núñez Gioiosa, «Saviolita», murió baleado en un enfrentamiento a tiros en una toma en Moreno.
El sur profundo
La problemática de los pueblos originarios tiene otros condimentos. Recién con la Constitución de 1994 se reconoció la preexistencia y los derechos de los pueblos originarios. Estigmatizados durante la gestión de Patricia Bullrich, las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel se inscriben en las luchas por recuperar sus territorios ancestrales. La sucesora de la actual líder del PRO, Sabina Frederic, se vio inmersa en otro de los debates a raíz de una protesta contra los integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, en Lago Mascardi. Bastó que dijera que «la toma de tierras no es un tema de seguridad» para despertar feroces críticas por lo que desde sectores de la derecha se consideró un ataque al derecho a la propiedad.
Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), mantiene una mesa de diálogo para destrabar la situación en Río Negro. «En la Patagonia, desde la Conquista del Desierto hasta nuestros días, la tierra es un espacio de conflicto», afirma la exsenadora. «Se quejan por Bariloche –abunda Odarda–, pero no dicen nada de otros 700 predios que ocupan privados en otras fracciones de otros parques, ni de (el empresario británico Joe) Lewis, ni del príncipe de Qatar, que también tienen propiedad sobre espejos de agua que compraron a precios irrisorios».
