El Gobierno nacional proyecta medidas anticrisis para paliar los efectos del COVID-19 sobre la actividad productiva. Empleo, obra pública, Procrear renovado, ampliación de capacidad exportadora y tributo a grandes fortunas. Mujeres y jubilación.
25 de agosto de 2020
Desafío central. Generar trabajo rápidamente a través de sectores como la construcción. (Télam)
La pandemia tiene un impacto muy fuerte en la actividad económica. Los datos duros revelan que se trata de la mayor caída del PIB global desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que en América Latina y el Caribe, para 2020, se estima una caída promedio del 9,1%.
Argentina no escapa a este panorama global y regional. La actividad económica nacional tocó piso en abril con una caída del 26% interanual. Aunque a partir de ese mes comenzó a mostrar señales de recuperación. En julio, el monitor de actividad industrial (calculado en base al consumo de energía) reveló un retorno a los niveles prepandemia. También se observa un crecimiento de la demanda en bienes durables y materiales de construcción. El Índice Construya de julio tuvo un crecimiento del 27% en relación con el mes anterior y del 13,6% en términos interanuales. Por su parte, las ventas con Ahora 12 están cerca de los niveles prepandemia fuera de la zona AMBA. Aunque, en líneas generales, la oferta (producción) se está recuperando más rápidamente que la demanda (consumo). Sin dudas, la condición necesaria para consolidar ese incipiente repunte pasa por la recomposición de los ingresos populares.
En ese marco, el Gobierno anunció que lanzará un paquete de 60 medidas para encarar la etapa pospandemia. El desafío central es generar empleo en forma rápida y masiva. El último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) sostiene que «es vital que la política de reactivación se concentre en sectores económicos que resuelven demandas sociales urgentes (alimentación, vivienda, salud, educación, seguridad), con amplios multiplicadores del empleo y la actividad, y bajo derrame hacia importaciones y compra de divisas». En ese rumbo, movimientos sociales y sindicatos (Camioneros, SMATA, Unión Ferroviaria y el gremio de la construcción) acercaron al Gobierno el Plan San Martín. Esta iniciativa propone generar cuatro millones de puestos de trabajo en obras públicas, urbanización de barrios, creación de colonias agrarias, desarrollo de polos textiles, cooperativas de recicladores y circuitos de cuidado. El Estado deberá invertir cerca de 2,5 puntos del PIB –750.000 millones de pesos anuales– durante cuatro años.
Por lo pronto, el Gobierno trabaja en el relanzamiento de la obra pública. La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, anunció un programa de mejoramiento de la infraestructura de barrios vulnerables y, en paralelo, la reactivación del Plan Procrear. Para la funcionaria, el Procrear promoverá «la generación de lotes con servicios para ampliar el acceso al suelo urbanizado, es decir, se formalizarán relaciones con las provincias y municipios para que se puedan crear bancos de tierra urbanizada y facilitar el acceso a la vivienda». Por otro lado, el Gobierno pondrá en marcha un plan de obras en articulación con los gobernadores. El programa comenzará en la zona NEA y la Región Centro. Por último, el impulso a la construcción privada irá de la mano de incentivos fiscales y financieros.
A su vez, el paquete de 60 medidas incluye también algunas cuestiones que apuntan al mediano plazo. Por ejemplo, el fomento de proyectos que tengan capacidad exportadora en diversas ramas de la economía (agroindustria, energía, manufacturas, conocimiento) para incrementar el ingreso genuino de dólares.
Aporte extraordinario
El deterioro del tejido económico-social es una de las consecuencias más palpables de la pandemia. El debate central pasa por cómo repartir los costos de esta inédita crisis, y la idea de incrementar los gravámenes a las grandes fortunas viene ganando terreno a escala mundial desde hace meses. Un comunicado emitido por más de ochenta multimillonarios de distintos países, autodenominado «Multimillonarios por la Humanidad», sostiene: «Les pedimos a nuestros Gobiernos que nos aumenten los impuestos. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente». Incluso el propio Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internaciónal indicó que deben «considerarse aumentos de las tasas en los tramos superiores del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre la propiedad y del impuesto sobre el patrimonio, quizás a modo de sobretasa solidaria».
En Argentina, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, el diputado nacional Carlos Heller, trabaja en un proyecto de ley para un tributo único y extraordinario a las grandes fortunas. La recaudación potencial llegaría a los 3.000 millones de dólares aportados por alrededor de 12.000 contribuyentes con ingresos superiores a los 200 millones de pesos (3 millones de dólares aproximadamente). «Se trata de un aporte extraordinario, por única vez y con asignación determinada, es decir, destinado a adquirir productos vinculados con la crisis sanitaria, a fortalecer la cobertura alimentaria a personas con bajos ingresos, y a asistir a las pymes más castigadas por la crisis con el objetivo de ayudar a sostener el empleo», explicó el diputado nacional.
Dentro de los alcanzados por el tributo estarían, de acuerdo con el ranking de las 50 personas más ricas del país de la revista Forbes, Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy Group) con 5.400 millones de dólares; Marcos Galperín (MercadoLibre, 4.200 millones de dólares); Paolo Rocca (Grupo Techint, 3.400 millones de dólares); Gregorio Pérez Companc (Pecom, Molinos Río de la Plata, 2.700 millones de dólares); y Alejandro Roemmers (laboratorios medicinales, 2.400 millones). La familia Macri ocupa el vigésimo puesto con 540 millones de dólares.
