Las problemáticas de la infancia en el contexto del aislamiento social y la pandemia cobran mayor relevancia y merecen una atención especial. La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes analiza las prioridades y las urgencias que deben abordarse en el corto plazo.

12 de agosto de 2020

La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue creada por la Ley 26.061 en 2005, pero pasaron 14 años hasta que finalmente pudo cobrar vida. Hoy asume un rol central frente a un contexto que amenaza con golpear más fuerte a los sujetos más vulnerables. Desde la pobreza hasta la falta de clases o el aumento en los índices de violencia, son muchas las preguntas acerca de cómo está afectando a los niños la pandemia y qué medidas se pueden adoptar para resguardar sus derechos. La abogada Marisa Graham, especialista en derecho de familia con una extensa trayectoria en la defensa de los derechos de la infancia, hoy al frente del organismo, explica cuáles son las urgencias impuestas por la cuarentena y los posibles problemas del día después.
–¿Qué cuestiones en torno a la niñez y la adolescencia ha puesto en juego este contexto tan excepcional?
–Hoy lo que más preocupa es cuánto afecta a los niños el tema del encierro. Frente a ello tuvimos reuniones con especialistas, psicoanalistas y psiquiatras de niños, y también con las federaciones de centros de estudiantes. Evidentemente comenzamos a notar que se estaban generando situaciones familiares tensas donde, sin embargo, no eran los niños pujando por salir. Más bien se trató de una demanda de las madres y los padres. Lo cierto es que no hay un clamor infantil por salir, sobre todo de los adolescentes. Los más chicos lo que extrañan es la escuela, los compañeros y jugar en la plaza, no dar la vuelta manzana. Claro que esto tiene que ver con otros factores, entre ellos el espacio donde vienen desarrollando la cuarentena. Otra cuestión con la que nos encontramos, que nos sorprendió muchísimo, fue con la prohibición en algunos comercios de la entrada de niños, generando situaciones de discriminación. De hecho, en algún momento se entendió que los chicos que podían tener coronavirus y ser asintomáticos, contagiaban más que los adultos en igual situación. Por suerte fueron situaciones que fuimos superando.
–Hoy una de las mayores preocupaciones pasa por las posibles consecuencias o secuelas que este proceso puede dejar.
–Creo que a todos nos va a dejar una marca. Estamos ante una experiencia muy compleja desde diversos puntos de vista. Si eso se traducirá en algún trauma, lo veremos con el tiempo, mucho tendrá que ver también con el contexto familiar.
–Y condiciones previas…
–Exacto, no solo materiales sino también  condiciones simbólicas.
–Por otro lado, están los problemas más estructurales, que usted había citado como prioridades en la agenda de niñez antes de la pandemia.
–Cuando elaboré mi plan de trabajo tomé como primer punto el hambre y la malnutrición, eso fue en 2017. ¿Y qué es lo que ahora hace la pandemia? Pone negro sobre blanco los déficits estructurales que ya teníamos, y en algunos casos los profundiza, entre ellos el problema alimentario. Es impresionante, realmente, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno nacional invirtiendo casi un 3% del PIB en alimentar a 11 millones de personas, a través de la tarjeta Alimentar, el IFE, y el Servicio Alimentario Escolar. Ahora bien, esos bolsones, por ejemplo, contienen alimentos secos, porque no son perecederos. Entonces si antes de la pandemia uno de cada tres chicos ingresaba a la primaria con problemas de sobrepeso por la falta de una dieta balanceada y un excesivo consumo de harinas, es de esperar que tengamos un gran problema. La pregunta es cómo lo logramos, por ejemplo, cómo hacemos que las familias no gasten la tarjeta en más fideos y más arroz. Y esto no solo se reduce a un grupo más vulnerable. Hay muchos temas de la alimentación para trabajar en nuestro país. Sin ir más lejos, en las grandes urbes no hay tradición de desayunar, los chicos toman un jugo o un vaso de leche y salen con el alfajor en la mano. Hay que generar un hábito de desayuno. Obviamente que lo que más urge ahora es aquel que no tiene directamente para desayunar. Es un problema central, porque impacta con fuerza en las condiciones de educabilidad, promoviendo formas de desigualdad.
–En realidad el cierre de la escuela supone muchas cuestiones, entre ellas altera una forma privilegiada de vínculo con el Estado.
–Sí, inicialmente nosotros propusimos que se mantuvieran los comedores abiertos, justamente partiendo de la idea de que las aulas deben estar cerradas, pero la escuela no. Porque la escuela es la presencia del Estado, y no solo para los niños. También en el barrio. Recuerdo que durante la crisis de 2001, yo estaba en Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires y hablaba con el entonces director de Educación de la provincia, Mario Oporto, y había un consenso. Tras la crisis, todo había sido arrasado, el Estado había desaparecido, pero la escuela permanecía. Era como el bastión que había quedado en pie. Bueno, hoy las escuelas están cerradas y sin dudas va a ser un tema a trabajar. El proceso de aprendizaje es un proceso colectivo y vincular.
–Y también una forma de visibilizar problemas y demandas.
–Ese es otro tema. En relación con las violencias contra niños y adolescentes, la escuela es un factor de protección. Obviamente no se pone en duda las medidas, con las cuales hubo consenso y nadie cuestiona que han sido necesarias. De hecho, pudimos notar que en los centros de estudiantes generó buena reacción haber sido convocados, porque se sintieron parte de la solución y no del problema. Ahora habrá que ver cómo se vuelve de a poco a las clases presenciales. A lo que hay que estar atentos es a la deserción escolar, sobre todo en el secundario.
–¿Estamos corriendo el riesgo de que muchos estudiantes no vuelvan cuando se restablezcan las clases presenciales?
–Claro. Si ya tenés históricamente un desgranamiento del pasaje de segundo a tercer año, frente a una situación tan excepcional se puede avizorar que va a ser peor. Todos los organismos vamos a tener que hacer un esfuerzo para ir a buscar a los chicos a sus casas. Hay que hacer un arduo trabajo con las organizaciones sociales, los clubes, las parroquias, con todo el entramado social del barrio.
–La gestión del presupuesto público es un tema prioritario para la Defensoría y sin dudas el gasto fiscal va a estar también en el centro del debate los próximos meses.
–En el espacio fiscal siempre se libra una batalla. Nosotros pretendemos incidir en esa batalla para que no se bajen los presupuestos destinados a niños, niñas y adolescentes a través de todos sus organismos, y en todo caso recuperar los índices de inversión en educación. No olvidemos que de 6 puntos de PBI bajamos la inversión educativa a 4,5.
–¿Han tenido posibilidad de dialogar con el Gobierno nacional sobre estos temas?
–Sí. Y creo que hay cosas que se hicieron bien, como por ejemplo poner el foco para un programa de ingresos –el Plan Argentina Contra el Hambre– en las familias con niños de hasta 6 años. O bien que se hayan suspendido las condicionalidades de la AUH, lo cual espero que se vuelva permanente.
–¿Y qué pasa con la violencia familiar? El aislamiento y el encierro parecen haber incidido negativamente.
–Sí. Sabemos que un modus operandi de los sujetos violentos es el aislamiento de sus víctimas. Ahora, ¿qué pasa cuando esa situación pasa a ser oficializada? Se vuelve un factor de riesgo. Con la cuarentena aumentaron estos factores de riesgo y disminuyeron los factores de protección.
–Hay quienes frente a esto cuestionan a la «familia» como ideal de refugio.
–Es cierto que hay una teoría familiarista muy fuerte, pero también es cierto que el mejor lugar para los niños es su familia. Ahora bien, cuando en ese espacio que debe ser de amor sucede el horror, estamos ante un problema grave. Cuando termine la pandemia tenemos que ver con qué nos encontramos, porque lo cierto es que hoy es muy difícil poder cuantificar esa situación.

–Pese a este contexto, en una entrevista sostenía que también es importante reconocer cuánto se avanzó. ¿Hemos abandonado el paradigma de la minoridad?
–Creo que lo hemos abandonado, por suerte hemos salido del debate que nos tenía muy estancados, aunque siga habiendo prácticas tutelares. En este sentido, me parece que la sanción de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes lo que provocó fue una interesante actividad legislativa, con normas que desde las distintas áreas empezaron a entender a los niños como sujetos de derecho. Me parece que lo que hay que poner entonces en cuestión es en qué consiste el «sistema de protección». Si pensamos que el sistema se reduce a la actividad de la Defensoría, estamos en problemas. En realidad, es un sistema transversal, que compete a todas las áreas de gobierno y a todos sus niveles. Justamente, lo que hizo la Ley de Protección fue disparar lo que yo denomino «las 26.000», es decir normas que efectivizan el reconocimiento y la ampliación de derechos como la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y su correlato habilitando la sanción penal a todo quien tome trabajo infantil esclavo, o la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, por ejemplo, contenía una enorme normativa que no solo apuntaba a lo que pueden y no pueden ver los chicos, sino  también promovía la producción de contenidos por parte de los propios niños. También tuvimos la Ley de Educación Sexual Integral, que aún no logramos imponer y constituye una gran preocupación para la actual gestión de Educación, porque si nos costaba promoverla en tiempos comunes, qué podemos esperar en tiempos de pandemia.
–¿Cuál es su posición sobre la Justicia, por ejemplo en los casos de abuso infantil? ¿Es necesaria una reforma?
–Allí tenemos varias cosas. Por un lado, en los casos de abuso –en sus tres variables contempladas en el Código Penal–, la prueba siempre es el cuerpo de la víctima, y eso es un problema. Siempre lo fue, tanto en el caso de los niños como de las mujeres, porque desalienta la denuncia ante el temor de la exposición. Ahora, no creo que haya que cambiar las normas, lo que hay que cambiar son las prácticas porque ningún código procesal dice que la niña debe ser escuchada 18 veces. En algunas jurisdicciones, por ejemplo, se le realiza a la víctima una entrevista que es grabada y, de esa forma, es utilizada durante todo el proceso. Es decir, es un problema de prácticas, no de leyes. En el caso de Chubut, por ejemplo (se refiere al caso de la niña de 16 años que fue violada por seis jóvenes y donde el fiscal Fernando Rivarola acordó un juicio abreviado, con la consiguiente liberación de los acusados, reduciendo la calificación a «abuso simple» al considerar que se trató de un «desahogo sexual»), la Defensoría formuló un documento en el que sugiere que no se utilice el juicio abreviado en los casos de abuso sexual infantil. Pero eso supone exponer más a la víctima.
–¿Y cuál es el fundamento entonces?
–Creemos que los niños tienen derecho a tener ese juicio. No es sencillo. Porque, por un lado, el juicio abreviado en términos procesales significa menos exposición para la víctima, pero le termina saliendo muy barato al agresor. El juicio abreviado es una institución que se debate mucho, sobre todo cuando los niños son los victimarios, no en situaciones de abuso, sino en otros delitos. Hay una parte que plantea que el niño tenga la posibilidad de defenderse y mostrar su inocencia, y hay quienes sostienen que lo mejor que le puede pasar a ese chico es no tener que pasar por un instituto de menores.
–¿Cómo es la situación actual en esas instituciones frente a la pandemia?
–Hubo casos de emergencia sanitaria causada por COVID-19 en instituciones de la Ciudad de Buenos Aires. El problema se planteó con el Centro de Admisión y Derivación (CAD), porque allí hay muchísima circulación, y los trabajadores presentaron un amparo. Por suerte, hasta ahora no hubo denuncias en la provincia de Buenos Aires, Córdoba ni en Santa Fe. En el caso de la provincia de Buenos Aires hubo un fallo muy importante donde se planteó que los jueces de todas las instancias utilicen penas alternativas y que incluso aquellos con penas efectivas pudieran pasar a cumplir pena domiciliaria. Eso hizo que la provincia pudiera bajar en más de 200 chicos la cantidad de menores en situación de encierro, y de esa forma se liberó espacio del dispositivo para los ingresos nuevos. Porque ese era el problema, si vos tenés chicos cumpliendo condena desde antes, no había peligro. La posibilidad de contagio la trae el de afuera. Lo fundamental es que estén en espacios distintos, ese es un factor central a tener en cuenta en las situaciones de encierro.