El espionaje sobre funcionarios, periodistas, dirigentes políticos y sociales sale a la luz tras denuncias de la nueva conducción de la AFI y de una causa abierta en Lomas de Zamora. El desafío de poner bajo control a estos sectores oscuros del aparato estatal.
10 de junio de 2020
La contratación de un narco para colocar un explosivo en la casa de un funcionario. Armado de causas contra adversarios políticos. Seguimientos a opositores y aliados. Escuchas telefónicas. Pinchadura de correos electrónicos. Elaboración de fichas sobre periodistas con su orientación partidaria. Informes sobre dirigentes sindicales, empresarios y hasta activistas extranjeros. Infiltración en partidos de izquierda y hasta en la casa de un alto dirigente. Todas esas acciones ilegales fueron realizadas por espías orgánicos en los últimos cuatro años. La novedad no son las acusaciones en sí, ya que el rol de los servicios de inteligencia es un problema irresuelto desde el regreso de la democracia, sino las abundantes pruebas que se acumulan en los distintos expedientes que se abrieron en la Justicia. Los sótanos del sistema comenzaron a iluminarse. Tanto, que encandilan al mundo político.
En las últimas semanas se multiplicaron las denuncias contra el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) por tareas de espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia, que comandó Gustavo Arribas, íntimo amigo del entonces presidente. Se abrieron al menos cuatro causas que se tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py y de Lomas de Zamora. El D’Alessiogate parece quedar como algo menor ante el panorama que se vislumbra en la Justicia. Muchos de los elementos de prueba se encontraron en los teléfonos particulares de los espías investigados y en la sede central de la AFI, ubicada a metros de la Casa Rosada. Con el respaldo del presidente Alberto Fernández, la interventora de la ex-SIDE, Cristina Caamaño, decidió hacer de cada hallazgo una presentación judicial. Algunas de ellas se hicieron públicas. Otras no son conocidas, por ahora.
Caamaño realizó, al menos, dos denuncias de impacto político en los tribunales de Comodoro Py. Ambas apuntan contra Macri, Arribas y su segunda en el organismo, Silvia Majdalani.
El pasado 5 de junio, la interventora presentó una acusación por «producción de inteligencia ilegal» desde la ex-SIDE macrista en perjuicio de alrededor de 500 personas, entre los que hay periodistas, referentes de organizaciones sociales y políticas, académicos, empresarios e integrantes de diversos organismos de la sociedad civil.
La agencia había ejecutado el mismo mecanismo de espionaje con personas vinculadas con el mundo académico, empresario, sindical y de las ONG que se acreditaron para participar en la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC, en 2017. En este caso, los informes también detallan datos privados como los bancarios, vínculos familiares, propiedades y automóviles, participación en sociedades y salario de empleadas domésticas, entre otras cuestiones. La información sobre estos 500 «objetivos» fue hallada en la AFI a fines de enero en una caja fuerte. Estaba guardada en tres sobres con las leyendas «2017», «Periodistas G20» y «Varios».
El 26 de mayo, Caamaño había hecho otra denuncia contra el expresidente y los directores del organismo de inteligencia. Los acusó de «pinchar» mails, al menos desde el 2 de junio de 2016, a más de 80 dirigentes políticos, sindicalistas, intelectuales, periodistas y policías. La información que se volcó en la denuncia fue recuperada de un disco rígido que estaba en la AFI y había sido borrado. Algunos de los mails que se encontraron se titulaban: «Informe de Tomada a CFK, versión final»; «Políticos del Frente para la Victoria/Carlos López, exsecretario de CFK, contactos de Hijos en Misiones»; «Políticos/UCR/Sanz Ernesto Te dije que Sarlo admiraba a Néstor Kirchner». Las dos denuncias mencionadas tramitan en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. La interventora también presentó una denuncia en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora por espionaje ilegal a Cristina Fernández de Kirchner. Se investigan acciones que ocurrieron en 2018, en el Instituto Patria y en la casa de la actual vicepresidenta.
Verdura con conexiones
En el otro juzgado de Lomas de Zamora, el Nº 1 a cargo de Federico Villena, una confesión narco hizo virar 180º un caso que era un policial común. Sergio «Verdura» Rodríguez declaró que en 2018 se vinculó con un agente de la AFI para llevar un artefacto explosivo a un domicilio porteño. Hay documentos que lo acreditan. En esa dirección vivía José Luis Vila, quien era funcionario en el Ministerio de Defensa en aquel entonces y había sido parte de la ex-SIDE desde los tiempos de Raúl Alfonsín hasta 2015. La conexión con la agencia se corroboró y la Justicia allanó el domicilio de un espía que cumplió funciones en la ex-SIDE entre 2016 y 2019. Luego los operativos se multiplicaron. Y el expediente se transformó en un caso de espionaje ilegal de grandes proporciones. Ahora se investiga a una organización criminal con «inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local». La banda está integrada por agentes de las Fuerzas de Seguridad y la AFI. Hasta el momento «resultarían víctimas de las maniobras diferentes personas pertenecientes al ámbito político, sindical, social, periodístico, eclesiástico, judicial, a pueblos originarios y particulares», según se desprende de la pesquisa.
El impacto de esta investigación en el ámbito político es inconmensurable. Entre las víctimas figuran la vicepresidenta Cristina Fernández; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; su segundo, Diego Santilli. También sindicalistas como Hugo Moyano o Luis Barrionuevo, intendentes bonaerenses, la exgobernadora María Eugenia Vidal y el cuñado de Macri, Salvatore Pica. Esta pesquisa a cargo de Villena incluyó allanamientos en dos dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El director de inteligencia del SPF, Cristian Suriano, pidió su retiro el mismo día en que sucedieron esos procedimientos. Además trascendió que entre la AFI y el SPF se «cableó» la cárcel de Ezeiza para escuchar a presos K y sus abogados.
Detrás de todos estos hallazgos asoma una directriz del Ejecutivo Nacional: impulsar un cambio de paradigma en el mundo de la inteligencia. «Nunca más a los sótanos de la democracia», aseguró Alberto Fernández en su primer discurso como presidente. En esa línea se inserta la convocatoria de una comisión para reformar la Ley de Inteligencia con el objetivo de realizar una revisión integral del sistema. Como ejemplo, Fernández erradicó los fondos reservados que tenía la AFI. Es más, anunció que se utilizarán 50 millones de pesos de esa caja recuperada para los desarrollos científicos de los testeos rápidos del COVID-19.
En declaraciones radiales, Myriam Bregman, legisladora del PTS, partido infiltrado por la AFI, advirtió: «Hay muy pocas condenas por espionaje ilegal. La Justicia encuentra todo para que estas causas no avancen».
