29 de abril de 2020
Habiendo transcurrido ya cinco meses desde la detección del primer caso de coronavirus en el mundo, no caben dudas de que estamos ante un fenómeno sin precedentes por su magnitud y por la rapidez con la que se expande por el planeta. Pero, si bien el origen del desastre se encuentra en la enfermedad, las consecuencias económicas constituyen otra catástrofe en sí. Según la conocida economista de Harvard Carmen Reinhart, «las acciones que han tomado los Gobiernos han sido extraordinarias en un contexto histórico», aunque vaticina que la recuperación global llevará tiempo y habrá una «lluvia de quiebras a nivel mundial».
En este crítico escenario, las autoridades del Gobierno argentino han reaccionado y han tomado una gran cantidad de medidas en pos de morigerar el difícil momento que vive la mayoría de la población. A lo anterior se suma el hecho de que cuando la pandemia llegó a nuestro país, la situación ya era de emergencia: en diciembre de 2019 el Congreso de la Nación aprobó una ley que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. O sea, la situación social era gravísima, con niveles de pobreza que involucran a 16 millones de compatriotas, incluyendo millones de niños y adolescentes; el 40% de la industria parada y las clases medias con una fuerte caída de sus ingresos y sumidas en la incertidumbre.
La parálisis económica afecta en mayor medida a los más vulnerables. A aquellas personas que, por ejemplo, no poseen un empleo formal y al no poder desempeñar sus tareas pierden de un día para el otro su fuente de ingresos. Se aplica la idea del presidente de que «son tiempos de comenzar por los últimos para después llegar a todos».
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y las reducciones impositivas para las pequeñas empresas, otorgadas por el Gobierno, apuntan de forma directa a amortiguar estas situaciones. También son fundamentales en este contexto las partidas adicionales destinadas a proveer a los hospitales de insumos y otros elementos básicos para atender a los infectados.
No obstante, con una recaudación en disminución por las medidas de aislamiento y la necesidad inmediata de hacer frente a estos requerimientos indispensables, se torna fundamental apelar a «la solidaridad de los que más tienen», según las palabras del presidente Alberto Fernández.
El diseño de una iniciativa en ese sentido, impulsada por el presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara Baja, Máximo Kirchner, fue encargado al diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La idea básica es que estarían alcanzadas unas 12.000 personas (el 1,1% del total de quienes presentan información para el Impuesto a los Bienes Personales), que tienen declaraciones superiores a 3.000.000 de dólares. Se estima, en términos amplios, que implicaría una recaudación adicional de alrededor de 3.000 millones de dólares. Es decir, no solo se trata de un impuesto extraordinario, por única vez, en un momento excepcional, sino que se reduce a una ínfima parte de la población: aquellos que poseen los mayores patrimonios. Se establecería, además, una progresividad en la aplicación del gravamen.
La iniciativa goza del apoyo de la gran mayoría de la sociedad y las críticas de los voceros de los multimillonarios son insustanciales, ya que resulta obvio que quienes tienen un patrimonio de 5.000.000 de dólares, luego del impuesto tendrán 4.900.000. Seguirán siendo tan millonarios como antes. Está claro que hay un polo de minorías que viven en la opulencia y otro de millones de compatriotas que sufren y padecen carencias básicas, tanto alimentarias como sanitarias.
La opción política es clarísima: las minorías deben aportar a favor de las mayorías. Se trata de un imperativo económico y moral ya que no son las fortunas que se poseen y los impuestos que se pagan lo que determina el carácter de ciudadano de la República.
El eje central de esta medida, y de muchas otras que está aplicando el Gobierno nacional, pasa por la redistribución de ingresos. Una política bien conocida por las sociedades, pero que ahora más que nunca debe regir la conducta de todos los argentinos y sus autoridades.
(Jorge Aloy)
