Sorteando la presión de grupos económicos y políticos, el Gobierno extendió el aislamiento social como instrumento decisivo para evitar la crisis sanitaria. Desde el Congreso Nacional proponen un impuesto a las grandes fortunas. La palabra de Carlos Heller.
15 de abril de 2020
Mientras las cifras demuestran que la decisión de mantener la cuarentena da resultados en términos sanitarios, las presiones para retornar a la «normalidad económica» se hacen más fuertes. Esto es evidente en los corrillos gubernamentales, donde repercuten los anuncios de despidos y suspensiones a pesar de las medidas para morigerar el parate obligado por el aislamiento social estricto. Los medios reflejan esta puja solapada enfatizando riesgos y pronosticando problemas que sobrevendrían con la vuelta a la actividad plena. La pandemia saca a relucir la esencia de cada actor social, pero también los miedos y estrategias para no perder posiciones. Esa disputa no es tanto por olvidar pronto este momento dramático para la civilización en todos los aspectos como por comandar lo que se viene. Lo que está en juego es el rol del Estado, pero también el de la política y el del capital como factor de poder.
En medio de esta noche oscura, no resulta fácil avizorar la salida. La imagen sencilla de la luz al final del túnel –de uso reiterado en el anterior gobierno argentino– también fue un recurso de ocasión para el presidente Donald Trump al tratar de explicar el desastre provocado por la lentitud en tomar el toro por las astas contra el Covid-19 en Estados Unidos. Esa puja se manifiesta en el resto de los países y podría explicar la catástrofe que produjo el coronavirus en la Lombardía, la región más desarrollada de Italia. «La patronal industrial presionó a todas las instituciones para evitar cerrar sus fábricas y perder dinero», contó desde el lugar de los hechos la periodista Alba Sidera en el portal español CTXT. Esto impidió que se tomaran medidas sanitarias a tiempo, con el resultado conocido, como plantea en Página/12 Alfredo Zaiat.
En la Argentina la decisión del presidente, Alberto Fernández, es apoyada por los poderes ejecutivos en cada distrito, incluso en jurisdicciones a cargo de líderes opositores, como es el caso del jefe de Gobierno porteño, Horario Rodríguez Larreta.
Pero el costo de seguir ese camino es importante. Es así que voceros de los grandes grupos económicos despliegan argumentos que, si bien no defienden directamente una apertura de las restricciones sanitarias –porque la opción entre «salud y economía» aparece como difícil de refutar–, intentan horadar el consenso en torno a la cuarentena.
En los sectores de la derecha menos extrema, quizás el que mejor expresa esta dicotomía es Carlos Pagni, columnista político de La Nación, quien razona que como Fernández y los mandatarios alineados en las recomendaciones de la OMS crecieron en las encuestas a niveles nunca vistos en democracia, corren el riesgo de enamorarse del «encierro» sin medir el daño que la economía evidentemente está sufriendo.
El manejo de la crisis por parte de la dirigencia política y del Estado inquieta al establishment económico-financiero y mediático. Al cabo de las primeras semanas de cuarentena, el ala más confrontativa de la oposición salió fuerte en las redes sociales y alcanzó micrófonos y cámaras amigas para fustigar cada una de las acciones del Gobierno nacional. Hubo fisuras donde al cabo pudieron colar sus argumentos, como ese viernes de aglomeración en los bancos y por los sobreprecios en una compra de alimentos realizada por Desarrollo Social.
Pero esas críticas resultaron un búmeran. Un poco porque los cambiemitas que gestionan deben mantener consensos indispensables con el oficialismo. Otro poco porque en ambas cuestiones también se cuecen habas, tanto en CABA –donde también se registran sobreprecios en compras públicas y existe cierta cuota de responsabilidad en la atención a los jubilados– como en otras jurisdicciones del país. El caso es que se creó una grieta dentro de Juntos por el Cambio.
Reacios a sostener la postura de la Casa Rosada y aliados circunstanciales, el recurso de los medios fue tener en pantalla a economistas tradicionales del neoliberalismo más brutal, cuando no adscriptos al libertarianismo ultraindividualista que tiene su espejo en el Tea Party, el sector interno del Partido Republicano de Estados Unidos. Literalmente, su nombre refiere al origen de la independencia de ese país, nacida al calor de la negativa a pagar un impuesto de la Corona británica al té importado. Y apoyan la disminución impositiva a los ricos con el argumento de que así dispondrán de mayores ingresos para desarrollar la economía. Algo que la realidad muestra como falso.
Si hay algo que está en disputa ideológica en este momento es quién paga el costo de la pandemia. De allí que los voceros del individualismo desfilen en las pantallas. Entre ellos, economistas con funciones de edición periodística como Roberto Cachanovsky, el colérico Javier Milei y el excandidato presidencial José Luis Espert.
Todos ellos son fervorosos defensores, no solo del libre mercado, sino también de eliminar toda ley de protección de derechos laborales. Espert logró en octubre pasado algo más de 380.000 sufragios, menos que la suma de votos en blanco.
El esquema del que parten es similar. El Estado debe ser mínimo, los políticos deben bajar sus salarios porque son una carga para los que pagan impuestos. Son una carga, también, los que cobran planes sociales. Contradictoriamente, piden rebajas en los impuestos a las grandes empresas por la crisis.
El aporte que falta
Frente a esta ofensiva, el dirigente cooperativista Carlos Heller, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, encabeza la redacción de un proyecto de ley impulsado por el oficialismo para la creación de un impuesto extraordinario y por única vez a las grandes riquezas.
Los Tea Party locales dicen que ese proyecto se propone castigar a la clase media y que pretende cobrarles a pequeños empresarios y comerciantes, a quienes tengan más de una propiedad o un auto relativamente lujoso, y que pretende incautar los ahorros de las familias. Heller explicó en cada una de sus intervenciones ante la prensa que la iniciativa apunta a las grandes fortunas, no a empresas y menos a pymes o familias de trabajadores o profesionales. «Nadie va a perder su condición de riquísimo después de que pague el aporte que nosotros seguramente vamos a fijar –señaló el diputado–, porque esto está apuntado a un sector de altos ingresos, a un sector de altos patrimonios, que debería estar asumiendo que es lógico que hagan un aporte extraordinario para aliviar la situación de muchos otros que necesitan de ese aporte».
